El exalcalde de Berlanga, durante la legislatura 2011-2015, Vicente Barragán; un concejal, Juan Manuel Ortiz, y otras seis personas se enfrentan a penas de entre 3 y 6 años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz.
El caso se refiere a la supuesta creación de un apunte contable falso para declarar en bancarrota al consistorio y justificar así el despido de dos empleados municipales. Antes de iniciarse la vista en la audiencia, el abogado de la acusación popular, en representación de IU, Ángel García Calle, ha informado de que él solicita seis años de prisión para ambos exediles.
Según ha explicado, los trabajadores despedidos impugnaron la decisión, que fue considerada “improcedente”, pero “cuando se empieza a escarbar en los motivos que dan lugar a los despidos se descubrió que había falsificaciones de las cuentas o gastos no llevados a cabo”.
Por su parte, la Fiscalía pide seis años de prisión para Barragán y cuatro años y nueve meses para Ortiz.
El Ministerio fiscal expresa en su escrito de acusación que el tesorero creó en 2011 un apunte contable falso para la autorización, disposición y ordenación de pago por importe de 826.000 euros para construir una “supuesta” residencia de mayores, que provocó un desequilibro presupuestario que llevó a los despidos.
La jueza ha tenido que decidir previamente respecto a distintas cuestiones planteadas por los letrados, especialmente por uno de ellos que consideraba que los despidos de los empleados ya habían sido juzgados en vía laboral, o que su defendido (el tesorero) fue interrogado inicialmente como testigo para posteriormente pasar a ser acusado, con lo que se vulneraron sus derechos.
En este sentido, la jueza no ha tenido en cuenta estas alegaciones como cuestiones de nulidad.
El tesorero acusado ha sido el primero en declarar, según ha decidido la jueza tras las distintas propuestas de los letrados respecto al orden de declaración de los procesados.
Ha afirmado que cuando accedió como empleado al consistorio la situación ya era de “caos”, con muchas cuestiones pendientes en materia de contabilidad o con una situación económica muy difícil.
También ha explicado durante su testimonio que no recibió indicación política alguna durante estos trabajos.
En esta misma línea, Barragán ha defendido la regularidad de la actuación realizada y ha manifestado que fue necesario acometer los despidos.