La polémica cacería en Portugal reabre el debate sobre las monterías

“Cada diez segundos se escuchaba pa, pa pa, y eran tiros, tiros y tiros” durante “horas, horas y horas”. Es el relato de Rodrigo Serrão, vecino de la localidad portuguesa de Azambuja, a la cadena de televisión SIC Noticias sobre la montería organizada por la empresa extremeña Monteros de la Cabra, que ha indignado a todo el país vecino, ha propiciado una investigación de la Fiscalía y ha reabierto en debate sobre esta modalidad de caza mayor.

La montería, en la que según medios lusos participaron una veintena de cazadores de Extremadura, se celebró el fin de semana del 17 y 18 de diciembre en la finca Torre Bela, al norte de Lisboa. Se abatieron 540 animales, sobre todo jabalíes y venados. En esta modalidad de caza, los tiradores aguardan en puestos asignados que las rehalas de perros levanten y conduzcan a los animales para abatirlos desde esos puntos. “Imagino, porque yo no lo vi y esta finca es muy grande, que los animales fueron acorralados en algún lado y allí montarían una especie de paredón”, añadía Rodrigo Serrão.

La jornada de caza se conoció después de que algunos de los participantes divulgaran en las redes sociales fotografías de los cadáveres de los animales abatidos. Las reacciones fueron casi unánimes desde distintos sectores sociales y políticos de Portugal, que calificaron la montería como “matanza”, “masacre” y “crimen ambiental”.

La polémica surgió en primer lugar por la cantidad de animales ajusticiados, por lo que el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus siglas en portugués) ha iniciado una investigación y ha suspendido la licencia de caza de la finca, que, no obstante, se encuentra en “zona de caza turística”.

Pero los propietarios de la finca también se desvinculan de estos hechos y a través de un comunicado han asegurado que es “inapelable que el grupo de cazadores ha superado en gran medida los derechos de caza adquiridos, superando los límites acordados”.

“Acto de odio”

El ministro de Medio Ambiente, João Matos Fernandes, consideró esta cacería como “vil” y “un acto de odio” y abrió la puerta a cambiar la Ley de Caza, que establece que, cuando existe licencia, no es necesario comunicar al ICNF las monterías organizadas

Además, se da la circunstancia de que la finca donde tuvo lugar la montería está amurallada, por lo que “los animales no podían huir”, como ha explicado, también en un comunicado, el teniente alcalde de Azambuja, Silvino Lúcio.

El Partido Animalista portugués, con tres diputados en el Parlamento, ha recordado que en esta zona está previsto instalar una central fotovoltaica con 765 hectáreas y el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en fase de consulta pública. Por ello, hay sospechas que también apuntan a un posible vaciado cinegético para eliminar ejemplares ante el cambio de uso del suelo. En España, el portavoz de Ecologistas Theo Oberhuber se preguntaba irónicamente ante la noticia y la indignación de grupos ambientalistas: “¿Y a esto lo llaman deporte”?

El sector intenta desmarcarse

El sector cinegético español ha notado el golpe de imagen que ha supuesto la montería portuguesa. En Extremadura, origen de la organizadora, la Federación de Caza ha querido desvincularse de lo que llaman una “imagen falsa y distorsionada de los que representan la caza y los cazadores”, en contra de las supuestas condiciones en las que se desarrolló la montería.

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura (Aprocex), Nacho Higuero, ha expresado en una nota que los profesionales del sector “apuestan por una caza sostenible, donde priman la gestión y la sostenibilidad, y en la que el animal cuenta con ventajas propias de su condición”. Por este motivo, se ha desmarcado de “las imágenes que se han visto, más propias de una masacre que ni siquiera se entiende como caza”.

Por su parte, el grupo de presión cingético Fundación Artemisan asegura que rechaza “cualquier acción que no cumpla escrupulosamente la legalidad vigente” y afirma que una caza “ética y sostenible no es compatible con esta práctica”.

A pesar de los intentos de desmarcarse, en España se celebran al año cerca de quinientas monterías, algunas de ellas con cientos de animales como trofeo. Redes sociales y páginas dedicadas a esta actividad muestran cada temporada juntas de carne del mismo estilo que el observado en Portugal en las que decenas de jabalíes, venados o gamos son dispuestos en hileras para demostrar el éxito de la partida. De hecho, a pesar de que las licencias de caza son cada vez menos (han caído un 16%), se mata casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años. Al mismo tiempo se han incrementado los permisos para las armas empleadas en las cacerías mayores como la de la montería: las armas largas rayadas han pasado de 329.067 a 348.803 entre 2017 y 2019, es decir 19.736 licencias más (un 6% en dos años), según una respuesta gubernamental al senador de Compromís, Carles Mulet.

Bien de interés cultural en Andalucía y Extremadura

Este lobby ha sido consciente desde hace tiempo de la mala publicidad que suponen las imágenes de cientos de animales muertos a pesar de que son, al mismo tiempo, el reclamo de los organizadores para vender sus cacerías a los clientes. Las montoneras, que el sector denomina junta de la carne, conforman una alfombra apreciada por los aficionados, pero impactante. Artemisan recuerda ahora tras la polémica lusa en un comunicado que había creado una guía hace dos años para evitar estas imágenes: redactaron unas directrices para mostrar los trofeos de manera determinada para “colocar al animal como dormido, sin mostrar la sangre”, asociar la caza a la “conservación y empleo” y referirse a los perros como “compañeros de vida” para ganar presencia pública positiva.

La guía se publicó después de que una docena de perros de una rehala y un venado se precipitaran por un barranco durante una montería en Herreruela (Cáceres), lo que suscitó numerosas reacciones de repulsa.

A pesar de las polémicas que la caza mayor genera, el sector está consiguiendo apoyo político para blindarse: la Junta de Andalucía declaró en agosto pasado las monterías y rehalas bien de interés cultural por su “relevancia social, medioambiental y económica y los valores etnográficos de estas actividades”. Y en Extremadura están a punto se seguir ese camino. La propuesta fue aprobada en diciembre de 2019 por PSOE, PP y Ciudadanos, que ha instado a agilizar los trámites a la Consejería de Cultura, y contó con el rechazó de Unidas por Extremadura.

Más de 93.000 personas han firmado en change.org para reclamar a la Junta que no continué con este trámite y recuerdan casos como el de Herreruela y episodios en el que estos canes han atacado a linces ibéricos, que son especies protegidas.