Policías locales, nacionales y Guardia Civil han sido autorizados por la Junta para comprobar que personas positivas por covid o contactos estrechos de las mismas cumplen las órdenes sanitarias de aislamiento y cuarentena, con lo cual se podrían producir visitas domiciliarias o identificaciones para ver que así es.
Este viernes ha entrado en vigor una resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en ese sentido, después de varias semanas de estudio para su encaje legal.
Con ella la Junta podrá ceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a las policías locales, los datos de localización de las personas bajo vigilancia sanitaria; unos datos que por su carácter personal son secretos y deberán ser preservados, pero que se considera necesario compartir por razones de emergencia en salud pública.
No obstante la medida necesita una ratificación judicial, que ya se ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Deber de colaborar
La resolución desarrolla un acuerdo de la Junta del pasado dos de septiembre, y tiene por objeto general el deber de colaboración de los ciudadanos para atajar la plaga del coronavirus; menciona que se están produciendo incumplimientos que ponen en peligro la salud colectiva.
Desarrolla el aspecto de tener que facilitar a las autoridades sanitarias en caso de covid la identidad de los contactos estrechos, y proceder al aislamiento domiciliario y personal de quienes tienen una prueba positiva o se les ha hecho y están en espera de resultados, y a la cuarentena en caso de ser sospechosos por contacto.
La norma, publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura, distingue esas dos situaciones, aislamiento y cuarentena, aunque los efectos son los mismos.
Contempla también la sanción en casos de incumplimientos, e incluso medidas “coactivas” autorizadas por un juez para quienes se niegan a colaborar.