En otros países sería impensable que un representante público fuera a un acto donde se exaltan valores antidemocráticos. Por ejemplo los valores de Adolf Hitler. Pero en España tampoco es legal hacerlo.
Esta es la reflexión del abogado Eduardo Ranz, que piensa que los cargos del PP que acudieron a recoger un premio de la Fundación Francisco Franco deberían ser enjuiciados por un delito penal.
El alcalde de Guadiana del Caudillo y diputado provincial del PP, Antonio Pozo; y el diputado regional Juan Antonio Morales acudieron a una cena a recoger el diploma que les distinguía como 'caballeros de honor'. Junto a ellos, la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles.
El letrado Eduardo Ranz, que mantiene una 'cruzada' en numerosos ayuntamientos para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, entiende que ambos dirigentes recibieron el galardón de la fundación franquista por su comportamiento contrario a la ley.
La fundación relataba en la crónica del acto, antes de borrarlo de su web, la “lucha política” de Juan Antonio Morales con los vestigios franquistas. También hacía alusión a las “vicisitudes” judiciales que mantiene Antonio Pozo para el mantenimiento del nombre de Guadiana del Caudillo.
Eduardo Ranz cree que ambos políticos podrían haber cometido un delito de sedición. La Ley de Memoria Histórica no recoge de manera explícita qué ocurre cuando se fomenta el incumplimiento de los principios que la rigen, aunque sí lo hace el Código Penal.
Eduardo Ranz cree que los dos políticos del PP extremeño estaban exaltando –dice- la Guerra Civil y de la dictadura, unos principios contrarios al sistema democrático y a la ley.
“No ha sido una cena de la fundación Adolf Hitler, porque no existe; fue una cena de la Fundación Franco”, ha señalado a modo de crítica. Cree que es una entidad que crea inseguridad jurídica en un estado de derecho y que debería de ser ilegalizada de inmediato.
“A título personal”
Ambos dirigentes del PP remitieron un comunicado en el que justificaban que era una invitación a título personal, “asociación legalmente constituida en España, e incluso recibiendo subvenciones públicas”. Motivo por el que no compartían la intervención del comité regional de Derechos y Garantías del partido del PP tras saltar la polémica.
En el seno del PP extremeño la portavoz en la Asamblea Cristina Teniente afirmó que era “injustificable” la presencia de dos cargos del partido en Extremadura en el acto franquista; mientras que el secretario general del PP de Extremadura, Fernando Manzano, reconoció que su presencia en el acto franquista “ha dañado la imagen del partido”.
“El PP rechaza la presencia de cualquier cargo público en actos de este tipo”, ha aseverado Manzano, quien ha añadido que de haberlo sabido, “el partido se lo hubiera impedido”.
Días más tarde José Antonio Monago justificó que es una cuestión sobre la que “no hay que insistir”. Señaló que el diputado Morales ya se disculpó por su asistencia al acto, mientras que Podemos no ha hecho lo propio --dijo-- ante regímenes como el cubano.
La presencia de los dos dirigentes del PP extremeño en el acto franquista no ha gustado nada a PSOE y Podemos, que han reclamado su dimisión.
El PSOE ha pide en la Asamblea que los partidos expulsen a los cargos que exaltan al franquismo de la mano de una propuesta de pronunciamiento en la Cámara, al mismo tiempo que llevará mociones a los ayuntamientos de la región pidiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, advierte que es incompatible ser franquista a la vez que se ostenta un cargo público surgido de unas urnas democráticas. De hecho el pleno de la Diputación aprobó una moción presentada por el PSOE para reprobar la presencia del regidor y diputado provincial Antonio Pozo en el acto.
Por otro lado la Mesa de la Asamblea de Extremadura acordó, con el voto en contra de Podemos, no tramitar por una cuestión jurídica la propuesta de la formación morada en la que se pedía la reprobación.
La presidenta de la Cámara, Blanca Martín, explicó que la propuesta ha llegado a la Mesa con el informe contrario de los servicios jurídicos de la Asamblea, que han entendido que esta propuesta no se podía admitir, ya que en su primer punto se insta a la Junta de Extremadura a que repruebe por este motivo al diputado del PP y al alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo.
Para Blanca Martín, la Asamblea no puede pedir al Ejecutivo que repruebe a un diputado, y ha instado a la formación morada a que “reformule” su propuesta, que podría ser a través del artículo 148 del Reglamento de la Asamblea, convocando la Comisión del Estatuto del Diputado.