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Protección para los empleados públicos que denuncien casos de corrupción en Extremadura

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, tras el consejo de gobierno

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La Junta de Extremadura protegerá a aquellos empleados públicos que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, según un decreto aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

La normativa establece el Sistema Interno de Información (SIIF) de infracciones normativas y de protección de las personas informantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, se aprueba el protocolo de actuación para la gestión y tramitación de infracciones, en los términos previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La finalidad principal de este nuevo decreto es facilitar la protección adecuada, ante posibles represalias, a las personas físicas que informen sobre las acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del derecho de la Unión Europea o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave.

Tendrán la consideración de informantes las empleadas y empleados públicos que hayan obtenido la información en un contexto laboral o profesional que afecte al ámbito funcional de las consejerías u órganos asimilados y en las unidades y centros adscritos o dependientes de estas.

Asimismo, dentro de este contexto, las personas trabajadoras autónomas, accionistas, partícipes y pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos miembros no ejecutivos y cualquier persona que trabaje para la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

El SIIF ampara igualmente a quienes comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en una relación laboral finalizada, a las que desarrollen sus funciones en régimen de voluntariado, con becas o en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, y al personal cuya relación funcionarial o laboral no haya comenzado, cuando la información sobre infracciones se haya obtenido durante el proceso de selección. 

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