Vamos a cumplir 23 años desde la primera reforma de la PAC. Entre la de 1992 y la que entrará en vigor el año que viene se han diseñado, negociado, activado y desechado unas cuantas: la más singular (por ser la primera y por lo que significó como cambio en las lógicas que generaban las ayudas) la del 92, la agenda 2000, la reforma intermedia en 2003 y el chequeo médico y, aunque todas con sus especificidades y particularidades hay un claro destino de los apoyos a la agricultura europea: mayor desacoplamiento, menor presupuesto, igualdad en los pagos y mayor primacía de los aspectos medioambientales sobre los referidos a la producción agraria.
La actual comparte los objetivos de las anteriores, profundizando en ellos, y como característica exclusiva la larga “cocción” que ha necesitado. Se empezó a pergeñar en el 2010, con encuestas, valoraciones, notas de prensa, borradores y todos preñados de la importancia de la agricultura, de la necesidad de producir alimentos seguros, de la consideración necesaria hacia los agricultores y ganaderos, etc, etc.
Tanto tiempo manoseando la normativa, intercambiando opiniones y publicando valoraciones para que, sin embargo, en el último minuto de la prorroga (está previsto aprobar la normativa nacional el próximo 19 de Diciembre) tengamos que hacer cambios en nuestros borradores. Y en aspectos tan importantes como el concepto de agricultor activo (eliminación de actividades excluyentes e incluir la posibilidad de ser agricultor activo vía conservación del medioambiente), el diseño de las regiones agronómicas (pasando de 24 a unas 50, con las complicaciones en los movimientos de derechos que ello conlleva), los derechos especiales y la forma en la que se computan algunas ayudas. Todo esto mientras se ha tenido cocinando la reforma “a fuego lento” durante un lustro; consiguiendo también, al final, hacer victima al concepto que debería tener un papel protagonista: la simplificación de las ayudas.
Mientras tanto también se nos queda por el camino la lucha por eliminar el reparto discriminatorio de ayudas, revisar los apoyos de mercado y la optimización del funcionamiento de la cadena alimentaria.
En estos, casi, veinticinco años, hemos asistido lentamente a un cambio fundamental en la PAC, que ha pasado de agrarista a medioambientalista y a una reducción de los presupuestos consignados para sus ayudas
Creo que hace falta dotar a la agricultura europea del presupuesto necesario para una política fundamental, como es la de producir alimentos y que se aplique claramente sin la necesidad de estar escondido, vergonzantemente, en el epígrafe de recursos naturales en los presupuestos de la UE.
Creo que es necesario volver a reequilibrar los objetivos básicos de los apoyos agrarios, entre la necesaria producción y el enfoque medioambiental (ha ido creciendo en la política agraria hasta convertirse en su eje prioritario). Naturalmente (….y nunca mejor dicho), nadie desea los campos, ni el agua, ni el aire contaminados; pero es necesario buscar un punto de equilibrio entre la producción de alimentos rentable y las limitaciones establecidas ligadas al respeto al medioambiente.
Los agricultores y ganaderos europeos son los garantes de la seguridad alimentaria en sus dos acepciones: el de asegurar el alimento, y el de ofrecer la máxima salubridad de ellos, los que ofrecen bienes públicos adicionales (biodiversidad, protección del suelo, bienestar animal, paisajes, gestión del agua, etc) y por último son el único motor económico de generación de renta y de empleo en muchas zonas.
Necesitamos políticos que crean y defiendan la agricultura como base fundamental para el desarrollo de una sociedad, y a las políticas que les conciernen como fundamentales para su protección y desarrollo; de lo contrario solo nos quedará acogernos a eso de la maldición del verdugo: la víctima se acaba acostumbrando, indolente, al látigo y al castigo.