Jesús Díaz volvió a casa desde Lisboa, donde trabaja, para pasar unos días con la familia en Almendralejo. Fue el día de Reyes cuando sus padres le entregaron en mano una carta certificada. Al abrirla no salían de su asombro: multa de 601 euros de la Subdelegación de Gobierno de Badajoz por “perturbación de la seguridad ciudadana en acto público”, en aplicación de la ‘Ley Mordaza’.
Los hechos ocurrieron el pasado 29 de febrero de 2016 “cuando a pesar de la prohibición de la concentración solicitada para manifestarse, se personó junto a otras veinte personas aproximadamente en el Ayuntamiento de Almendralejo y posteriormente en el Pleno del mismo, para manifestarse en sus peticiones, consiguiendo alterar el orden público en el Pleno del Ayuntamiento, hecho tipificado como infracción grave en el artículo 36 apartado 1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”.
Esta es la acusación que se le hace al joven en la carta, con la que recibía su particular ‘regalo de Reyes’. “Una multa de 601 euros por según ellos desobedecer la ley de seguridad ciudadana. Una multa incrédula por protestar reclamando más empleo en la ciudad”, relata el joven.
Casualmente unos días después de esta concentración estaba emigrando al extranjero para poder encontrar trabajo .... “Ni nos domaron ni nos doblaron ni nos van a domesticar”. Afirma que sus padres opinan como él, “saben que lo que he hecho no ha sido más que denunciar una situación de precariedad que sufrimos en Almendralejo, y sinceramente, mis familiares prefieren verme con una pancarta exigiendo lo que es de todos a estar maleando en la calle”.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Campamento Dignidad de Almendralejo decidió convocar una concentración en la puerta del ayuntamiento de la localidad “para protestar contra 30% de paro, desahucios, cortes de luz, agua y gas, retrasos e impagos de la renta básica, pobreza...”, y entrar inmediatamente después dentro del ayuntamiento, en el pleno local que se celebró, para continuar ahí con la misma.
Sin embargo, la Subdelegación de Gobierno notificó días antes de la misma a Jesús Díaz, que la convocó como representante del Campamento, que no podía realizarla por incumplir el plazo establecido por ley de notificación de la misma, necesario de un mínimo de diez días de antelación, habiéndola notificado con ocho días de antelación. “Fui a recoger la notificación de la Policía Nacional a Mérida y me dijeron que no podía realizarla. Me dijeron que desconvocáramos la concentración desde las redes sociales del Campamento Dignidad de Almendralejo y así lo hicimos”.
Por lo tanto, a través del Facebook del Campamento Dignidad de Almendralejo, publicaron que “por motivos burocráticos […] la concentración de este lunes no será una concentración, sino que nos veremos en la puerta del ayuntamiento para entrar directamente al pleno municipal para protestar pacíficamente allí”.
Una vez allí, afirma que estuvieron menos de veinte personas en la protesta, lo que contradice la versión de la Subdelegación según afirma este activista, que señala que no hicieron ningún tipo de reivindicación en la puerta del ayuntamiento, simplemente una foto al salir del pleno.
A pesar de ello, todas las personas asistentes fueron identificadas por la Policía Municipal antes de acceder al pleno y fueron advertidas por la misma de que no alteraran el orden público dentro del mismo. Así, todas entraron dentro del pleno municipal, se colocaron de pie al final en silencio mientras se celebraba el mismo, y a los diez minutos Jesús Díaz intentó mostrar una pancarta en la que podía leerse “Unidas contra el paro, la precariedad y la pobreza”. Motivo por el que fue inmediatamente desalojado del mismo por varios municipales, sin que pudiera mostrarla.
“Todo esto ocurrió sin que hubiera ni siquiera voces de protesta dentro del pleno”, dice Jesús. Tras esto, los agentes allí presentes de la Policía Nacional indicaron a los activistas que no iban a tomar ningún tipo de represalias legales, porque habían cumplido con la legalidad al no realizar la concentración en la puerta del ayuntamiento.
El joven sancionado cree que “se enmarca dentro de una política represiva contra quienes protestamos por la situación que estamos atravesando”. “Sin ir más lejos, hace un par de días salía una noticia de que Almendralejo es una de las ciudades de Extremadura con mayor tasa de pobreza. A esto, le sumamos que el ayuntamiento va por sexto año consecutivo sin sacar presupuestos y únicamente se dedica a privatizar servicios públicos… Es más que evidente que nos manifestemos en desacuerdo... Les guste o no, sus multas y represión no podrán cambiar nuestras ansias de un mundo mejor”.
Jesús Díaz recuerda una anécdota curiosa, cuando fue a recoger la carta de la prohibición de la concentración a Mérida: “Cuando entré en una sala de la brigada policial para hablar con ellos y recoger la carta, recuerdo que había una pizarra con un calendario en el que ponía todas las actividades que hacía el Campamento Dignidad, para así perseguirnos más. Recuerdo que justamente unos días después había una manifestación del ‘no a la guerra’ en Mérida y estaba puesta en la pizarra junto a otras cosas como el reparto de alimentos del Campamento”.
El activista almendralejense no es el único en recibir una sanción o pena por protestar junto a los Campamentos Dignidad de Extremadura y otros movimientos de la región, sino que, durante estos últimos años de movilizaciones, son numerosos los casos similares al suyo.
Por todo ello, si Jesús decidiera pagar la multa directamente en un plazo de quince días, serían 300 euros. Pero ha decidido recurrir la sanción y alega que “la cantidad de personas que asistimos a la puerta del ayuntamiento para entrar en el pleno era menor de veinte personas, tal y como exige la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión en su artículo 1.2”.
“Por lo que resulta imposible que allí se realizara concentración alguna en los términos establecidos por las leyes; que mi conducta en el pleno se limitó a mostrar una pancarta de rechazo a una situación política y social que considero injusta, en ejercicio de mi derecho de libertad de expresión, estando legitimado para ello por las leyes y la Constitución Española, y en ningún momento el Alcalde realizó una llamada al orden; y que los hechos no suponen una infracción grave debido a que no hubo intencionalidad, ni daño producido o riesgo derivado de aquellos hechos, y de la misma manera, ningún tipo de trascendencia en cuanto que el Pleno pudo desarrollarse de forma normal y habitual, por lo que no quedan acreditada la existencia de unos hechos constitutivos de infracción por parte de mi persona”.