En Extremadura la Universidad puede y debe jugar un papel crucial. Se hace necesaria su conexión con los intereses sociales de forma que pueda cumplir su función. Una financiación suficiente y un personal que pueda desarrollar su trabajo en condiciones de calidad y excelencia son esenciales.
Efectivamente, la financiación puede asegurar unas condiciones de trabajo de calidad que evite la fuga y la desincentivación y, además, posibilitar proyectos que sitúen a nuestra universidad en los crecientes niveles de exigencia. No cabe duda de las dificultades existentes para complementar la financiación pública en Extremadura –fundamentalmente debidas al escaso tejido productivo y que se han incrementado con el deterioro económico de los últimos años– pero es esencial que ésta alcance como mínimo el 100 % de la nominativa para garantizar la estabilidad al menos en las retribuciones y por otro asegurar los gastos de mantenimiento y conservación.
Según datos de la Fundación Cultura y Desarrollo y del propio Ministerio de Educación Cultura y Deporte ocupamos el puesto 42 de 47 en gasto corriente por alumno; el 46 de 47 en gastos de personal por ocupado y el último lugar en gastos corrientes en bienes y servicios por estudiante. Urge un plan plurianual con implicación regional y nacional de financiación que tenga como objetivo la convergencia en la financiación para garantizar la equidad. Desistir de la convergencia en formación universitaria contribuye a profundizar en la desconvergencia social.
Por otra parte, el Ministerio, tras poner a refrescar unos meses al ministro Wert por los desastres de la LOMCE, vuelve a la carga de manera precipitada pretendiendo poner en marcha una serie de iniciativas con hondas repercusiones en el modelo universitario. Consecuencias que pueden ser graves, como la modificación de la estructura de las enseñanzas universitarias o el decreto de acreditación del profesorado. Sin apenas negociación previa, más bien con simulacro de negociación. El propio Consejo de Estado ha recriminado al Ministerio las prisas por implantar el nuevo modelo de grados y másteres cuando aún no se ha evaluado el actual; critica también que la adopción del 3+2 (3 años de grado, 2 de másteres) en lugar del 4+1 tenga carácter voluntario a criterio de cada universidad. Desregulación y caos parecen ser los dos elementos definitorios de la política universitaria del Ministerio de Educación.
Son tiempos de incertidumbre para la Universidad española, incertidumbre que se ve acrecentada sin la existencia de un mayor compromiso hacia ella y que se traduce en el apoyo a su financiación y en más diálogo con toda la comunidad educativa, en la negociación con quienes están legitimados para ello, acuerdo y diálogo que, por otro lado, el propio Consejo de Estado ha recomendado.
Por último, no se puede continuar sin reponer las jubilaciones, de esta manera se está avocando a la anemia en las plantillas, se está deteriorando la educación. En el fondo se pretende, como ha ocurrido de manera evidente en la sanidad, deteriorar el servicio público para sembrar el camino a las privatizaciones.