El Grupo del PP en la Asamblea de Extremadura pretende sacar adelante la Ley de Servicios Sociales mediante una de propuesta de ley. Con este procedimiento eluden el debate, la participación, la negociación y el dictamen del Consejo Económico y Social. Hablan de justificaciones de urgencia, cuando han estado tres años con el proyecto metido en el cajón perdiendo el tiempo. En definitiva, pretenden colar una ley por la puerta de atrás.
Monago estampó en reiteradas ocasiones su firma con agentes sociales y económicos comprometiéndose a negociar la ley, pero parece que la firma de un presidente no compromete más que un garabato en la arena de la playa ¿Cómo se va a prestigiar así la acción política?
Esta iniciativa legislativa tendría credibilidad si su precuela, la Ley de Renta Básica, se hubiera aplicado de manera generosa, en lugar de marearla durante toda la legislatura con la ayuda de sus socios gubernamentales. Con este antecedente y con las elecciones a la puerta de la esquina hace pensar, sobre todo, en una tomadura de pelo.
Quienes están en contacto con las personas con más necesidades: organizaciones sindicales, servicios sociales, organizaciones y asociaciones vinculadas a lo social, no han podido participar de manera activa en la gestación de la ley. El contenido de la ley no les satisface en absoluto.
Por todo esto y porque la letra de la ley ni supone un avance con respecto a la situación actual, ni tiene compromisos claros, lo mejor es que la retiren, que no jueguen más con la gente más necesitada, que no sea un artilugio pirotécnico más.
El Ejecutivo tiene que ejecutar, poner en marcha los compromisos, aplicar la renta básica, dotar los servicios sociales, dinamizar las ayudas existentes y dejar la literatura de leyes y más leyes, que solo pretenden rellenar “DOES” y engordar el repertorio del diseño mediático partidario.