El Ministerio de Sanidad tiene previsto anunciar este miércoles la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios, pese a la oposición de Extremadura y otras diez comunidades, mientras que otras seis son partidarias desde el viernes pasado o aceptaron ayer tras una reunión conjunta en Madrid.
La Junta de Extremadura y resto que rechazan la medida tienen de plazo hasta este miércoles para hacer sus alegaciones a esta y otras medidas, como las autobajas justificadas para aliviar la Atención Primaria ante el rebrote de infecciones respiratorias.
Tras no alcanzar este lunes un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Sanidad dio un plazo de 48 horas a las autonomías para presentar alegaciones a su propuesta, que concluye mañana.
Hasta entonces solo seis se habían decantado por hacer la mascarilla obligatoria en los centros de salud y en los hospitales: el viernes lo anunciaron Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las que se sumaron tras la reunión del Interterritorial Asturias y Canarias; entre ellas hay varias gobernadas por el PP.
Mientras tanto la Junta de Extremadura, al igual que otros gobiernos regionales más beligerantes con el Gobierno central como Madrid o Andalucía, se ha decantado por hacer solo recomendaciones de su uso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, emplazó al PP a aclarar su posición sobre una medida “de primer orden” para proteger a la población y a los profesionales sanitarios de las infecciones respiratorias: “Tiene que aclararse y dejar de hacerse contrapropuestas entre ellos mismos y abandonar el negacionacismo”, añadió anoche tras conocerse que a partir del miércoles será obligatoria en toda España.
Porque independientemente de las aportaciones que hagan al documento, que incluye una batería de medidas para mitigar los efectos de la explosión de contagios de gripe y otros virus como la covid, el Ministerio ha optado por usar una fórmula que ya se empleó con la pandemia de covid para limitar horarios o prohibir fumar en la calle, que recoge el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de la declaración de actuaciones coordinadas, que “obliga a todas las partes” incluidas en ella, y con la que Sanidad quiere unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.
“Hablamos de ponerte una mascarilla cuando entras en un centro de salud y de quitártela cuando sales”, resaltó la ministra antes de añadir: “No creo que sea ningún drama, es una medida de primer orden básica y sencilla”.