Al arzobispo de Mérida-Badajoz le gustan el lujo, las buenas viviendas y las grandes obras. Esa es la conclusión que un grupo de sacerdotes de la diócesis de Mérida-Badajoz exponen en una carta que acaban de enviar al nuncio del Papa en España.
En la misiva remitida al nuncio Renzo Fratini acusan al arzobispo Santiago García Aracil (Valencia, 1940, se jubilará por tanto el año que viene) de gastos excesivos, llamativos e incluso escandalosos. Los sacerdotes extremeños cuentan al nuncio del Papa que su obispo está realizando obras de reforma en el seminario de Badajoz presupuestadas en 1,54 millones de euros, además de la remodelación del palacio episcopal cuyas cifras nadie parece conocer, ya que no ha salido a concurso.
García Aracil cumple ahora una década en Extremadura. Formado en el seminario de Valencia, ciudad en donde llegó a ser nombrado obispo auxiliar, fue posteriormente obispo de Jaén desde 1988 hasta 2004, y en setiembre de ese año ocupó la sede del arzobispado de Mérida-Badajoz sucediendo a Antonio Montero, que acababa de cumplir los 75 años.
¿Residencia para después?
¿Quiere convertir esa planta del palacio episcopal en su futura residencia al jubilarse?, se plantean los sacerdotes. Pudiera ser. Lo que sí saben con certeza es el tren de vida que se quiere imprimir a esa nueva residencia, que definen como una suite con un enorme vestidor de madera, suelos de mármol, baño con hidromasaje y jacuzzi. Innecesaria, además, según ellos, ya que a escasos 60 metros se dispone ya de una vivienda para el arzobispo, y que es la que ocupa, de 500 metros cuadrados; y en todo caso la diócesis posee otros alojamientos suficientes para el obispo titular, el coadjutor ya nombrado y que le sucederá, Celso Morga, además del arzobispo emérito Antonio Montero jubilado hace años.
Ante esta situación, los sacerdotes han pedido en esa carta al nuncio del Papa que intervenga para que estos gastos no condicionen la llegada del nuevo arzobispo, y muy especialmente por lo llamativo de estos gastos en una región como Extremadura, que, como recuerdan los religiosos, es la menos desarrollada de España, con un índice de paro de casi el 30% que se duplica hasta el 64% entre los jóvenes.
Silencio oficial
El Arzobispado de Mérida-Badajoz no se ha pronunciado hasta el momento sobre la carta, mientras algunos sacerdotes, de forma confidencial, le restan valor sosteniendo que es imposible que esté firmada por tantos compañeros, y creen que hay un solo instigador; otros con el mismo anonimato aluden a que el asunto es un escándalo impropio de una institución que como la Iglesia predica pobreza y cuyos bienes deben estar al servicio de los más necesitados.
También el diputado regional de Izquierda Unida Víctor Casco, conocido por sus críticas a la financiación pública de la educación religiosa, se ha pronunciado en el sentido de que es ofensivo, no sólo para los católicos sino para cualquier persona, este “ritmo de vida” en una institución que se mantiene fundamentalmente con fondos de todos los españoles.