El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado improcedente los despidos de cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, que fueron despedidos junto a otros 24 trabajadores en el marco de un proceso colectivo en abril del año pasado.
La Sala de lo Social, en la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, vuelve a fallar en contra del Consistorio Municipal, y ya van nueve despidos de ese proceso declarados improcedentes y todavía queda por resolverse el resto de asuntos.
Al Ayuntamiento de Mérida le puede salir muy caro el despido que en abril de 2013 protagonizó el gobierno local del PP de Pedro Acedo. Su intento de llevar a cabo un ERE en la administración local acabó finalmente con el despido colectivo de 29 trabajadores municipales.
El Ayuntamiento de Mérida alegó en su momento la necesidad de amortizar los puestos de trabajo debido a causas económicas pero, sin embargo, en el fallo se señala que “no ha quedado acreditada esa situación económica”.
Asimismo, apunta la Sala que, “además, ha quedado probado que el Ayuntamiento ha realizado nuevas contrataciones con cargo al Presupuesto propio y a subvenciones de otros”.
La Justicia desmonta los argumentos del PP
En la sentencia se agrega que “no sirve de justificación igualmente el alegato de que han heredado esa situación en julio de 2011, de personal indefinido que no ha accedido a la plantilla con arreglo a los principios de igualdad, méritos y capacidad pues estos, hasta que no sean desplazados por personal fijo, han de seguir en sus puestos”.
La sentencia del TSJEx, de fecha 27 de enero, obliga además a incrementar además el pago de las indemnizaciones pagadas en los cuatro casos pasando de una cantidad conjunta de 40.000 euros a unos 80.000 euros.
Al declararse la improcedencia de los despidos, el Ayuntamiento de Mérida tendrá que indemnizar a estos trabajadores con 45 días por año trabajado hasta febrero de 2012, y con 33 días por año trabajado a partir de esta fecha. Hasta ahora el consistorio impuso un despido objetivo que indemnizó con 20 días por año trabajado, con lo que obviamente el valor de las indemnizaciones declaradas por el TSJ sube notablemente.
Las estimaciones de IU Mérida apuntan a que hasta ahora el importe de los despidos asciende a 375.000 euros. El desglose del dinero sería, por un lado, 313.000 euros por indemnización de despido, más 62.000 en concepto de representación legal.
A esto añade CCOO que, sumando el número de días por año trabajado que se añadiría a los despidos favorables que dicte en el futuro el TSJEx la cifra se dispararía hasta los 700.000 euros, más los gastos de representación legal. Todo, por supuesto, dinero público.
Otra de las cuestiones que pone de manifiesto CCOO es que la cobertura legal de este asunto. Los recursos que están presentando no los lleva el gabinete jurídico del ayuntamiento, sino un bufé privado de abogados, cuyo gasto corre a cuenta del erario público.