El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura juzga los días 16 y 17 de junio a los activistas del Campamento Dignidad Extremadura que en febrero de 2014 irrumpieron en el plató donde se emitía el informativo regional de TVE para reclamar el pago de la renta básica de inserción.
En el banquillo se sentarán 18 porque uno de ellos, José Giménez, falleció víctima de una enfermedad a la que no pudo hacer frente por falta de recursos económicos. Al resto los juzgan según destaca este movimiento “por luchar contra el paro, la pobreza y la precariedad”.
El tribunal que se ha hecho cargo del caso es el TSTEx debido a que uno de los encausados, Eugenio Romero, actualmente es diputado regional de Podemos. A pesar de su intento de renuncia a su aforamiento la juez estimó que debería ser el alto tribunal quien asumiera el caso.
Los Campamentos Dignidad han acordado organizar una marcha en los días previos al juicio, que saldrá de Mérida el 13 de junio para llegar a Cáceres el 15 de junio, donde los caminantes pernoctarán para dirigirse a los juzgados.
Los hechos
Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2014 y desde entonces los encausados, que eran trabajadores en paro cuando ocurrieron los hechos, permanecen en libertad condicional y tienen que firmar dos veces al mes a los juzgados. Trasladaba meses atrás a este diario Manuel Cañada, otro de los encausados, cómo “en un país donde tenemos a ladrones como Rato tocándose la barriga en su barco, a 18 parados y paradas de Extremadura nos hacen ir a firmar cada 15 días al juzgado, porque seguimos en libertad condicional. Esa es la justicia que tenemos en España”, sentencia.
Así el motivo de la protesta tiene su origen en la lucha por la Renta Básica en Extremadura. Por aquellos entonces había más de 150.000 parados y paradas, más de 60.000 personas sin ningún tipo de ingresos, de las cuales muchas no cubrían sus necesidades básica.
Tiempo atrás, el 20 de febrero de 2013, se había montado una acampada a las puertas de la oficina del paro en Mérida, germen de un movimiento que reclamaba pan, trabajo y techo, y que tuvo su momento más álgido con la aprobación de la Ley de Renta Básica en Extremadura. “El movimiento popular había conseguido arrancar la Ley de Renta Básica al poder político. Pero el gobierno regional del PP, desde el primer día, se dedicó a poner zancadillas en el cumplimiento de la ley”, denuncian los campamentos.
Entre otras cuestiones argumentan que la renta básica no se pudo solicitar hasta el 1 de agosto, casi tres meses después de su aprobación y en ese año se gastaban menos de 100.000 euros cuando el presupuesto reservado ascendía a 13'2 millones. Cuatro meses más tarde “ya había más de 15.000 solicitudes presentadas pero no llegaba ni a 200 el número de perceptores. El 24 de enero era la fecha que se marcaba para continuar el diálogo, pero la Junta, una vez más, faltó a su palabra”.
“Protesta pacífica”
Los campamentos mantienen que los activistas entraron pacíficamente en el plató de TVE “para contarles a todos los extremeños la situación de máxima necesidad, de la que el poder político era cómplice. La dirección de TVE interrumpía la emisión del informativo y la Policía detenía a los activistas sociales, que durmieron esa noche en los calabozos”.
Siete abogados se han hecho cargo de la defensa de los Campamentos Dignidad de modo completamente altruista (Marisa Tena, Chencho Canelo, Manuel Delgado, Lola Fernández, Endika Zulueta, Blanca Guergué y Gonzalo Carrasco). Asimismo los Campamentos Dignidad han recibido y están recibiendo la adhesión de personalidades como Julio Anguita, Rafa Mayoral, Alberto Garzón, Nacho Vegas, Los Chicos del Maíz o Juancho López Uralde.
El comité intercentros de Radiotelevisión Española aprobó una resolución en la que pide al presidente de la Corporación RTVE, y al director de recursos humanos, que retiren la denuncia que presentaron contra 19 activistas del Campamento Dignidad Extremadura. Además de la Fiscalía ejercen la acusación RTVE y uno de los periodistas de su plantilla en Extremadura, que se sintió coaccionado en su ejercicio profesional.
Ahora el comité intercentros de RTVE sale en su defensa pidiendo a la dirección de la corporación RTVE que renuncie a cualquier acción judicial frente a este colectivo y que respete el pluralismo, “que es el primer principio que le encomienda la ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal”.
La resolución, aprobada con el voto a favor de CGT (promotor de la iniciativa), CCOO y UGT, y la abstención de USO y Sindicato Independiente, hace suyos en la práctica los argumentos del Campamento Dignidad, que alega estado de necesidad (casi todos los activistas estaban en paro y sin prestaciones de ningún tipo) y que entraron en TVE según dicen como último recurso porque ningún medio de comunicación se hacía eco de sus reivindicaciones.