Hasta un 40 por ciento de los inquilinos son pensionistas, con rentas bajas y pensiones no contributivas. Otros son jóvenes, desempleados, y sin recursos. Habitan en alguna de las 200 viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento de Cáceres.
Los pisos fueron adjudicados en 1988. Desde entonces ha existido un limbo legal con el que ahora quiere acabar el Gobierno del PP de Elena Nevado. Les exige que las compren. En caso que no tengan el importe requerido, les insta a que se hipotequen.
Una lucha sin descanso
Gran parte de las 200 familias afectadas se han unido en la Plataforma de Afectados de Viviendas Sociales de Aldea Moret. Han hecho piña y han iniciado una lucha legal. También en las calles.
Han intervenido en más de una ocasión en el pleno municipal –donde han exigido la dimisión de Elena nevado--. Han sido muchos los plenos en que los vecinos han sido registrados por la Policía Local a la entrada, a petición de la corporación municipal del PP, para evitar que introduzcan carteles con mensajes como ‘Stop desahucios’ o ‘Solución Aldea Moret’.
También han presentado numerosos escritos, alegaciones y negociaciones a tres bandas (equipo de gobierno, PSOE e IU). Continúan en ‘pie de guerra’.
Consideran “irrisorio” el mandato del PP y hacen referencia a la situación de “crisis y precariedad” generalizado que viven estos vecinos, instalados en uno de los barrios más humildes de la ciudad.
“Están amedrentando a la gente”
Teresa Romero, una de las portavoces de la plataforma advierte de que muchos de los afectados están muy asustados. “Están llegando cartas a mayores de 80 años en las que el ayuntamiento les viene a decir que, o se hipotecan, o se van a la calle”.
Además denuncia que el ayuntamiento está utilizando a los agentes de la Policía Local para hacer entrega a los vecinos de un certificado del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Una carta que hace alusión a una sentencia judicial con la que el ayuntamiento podría quitarles sus viviendas. En ella les exige que paguen o les quitarán la vivienda.
En el limbo desde 1988
Las viviendas fueron adjudicadas en 1988. Aunque existía un compromiso de compraventa entre el ayuntamiento y los vecinos, el acuerdo nunca llegó a buen puerto. Pagaron una entrada de 100.000 pesetas y nada más. No firmaron la escritura de propiedad.
El primero de los motivos ha sido porque los pisos carecían de la cédula de habitabilidad. También carecen de la correspondiente firma del arquitecto responsable que garantice que las obras estaban concluidas. Han pasado 26 años y las viviendas siguen igual. Peor aún. Los vecinos señalan que las casas siempre presentaron desperfectos, que ahora han aumentado. No existe certificado, aunque el ayuntamiento les obliga a adquirirlas.
Una de las cuestiones que denuncian es que hay muchas personas a la espera del cobro de la renta básica. Otras en paro, cobrando subsidios. No entienden cómo el PP puede plantear para ellos una hipoteca. “Hemos llegado a pensar que esta mujer se ríe de nosotros”, expresan en alusión a Elena Nevado.
Desde la plataforma se pide una solución 'social'. Consideran viable que el ayuntamiento mantuviera la titularidad de las viviendas y ofrezca arrendamientos en régimen de alquiler social, con opción a compra.
También resaltan que antes de obligar a los inquilinos a comprar la casa tienen que cumplirse unos mínimos de seguridad. “En algunas de las grietas cabe una mano entera. Aquí puede pasar algo gordo. Los pocos vecinos que han aceptado comprar la vivienda siguen sin cédula de habitabilidad”, comenta la portavoz de la plataforma.
Otra de las cuestiones que denuncia la plataforma es que se les ha comenzado a cargar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sin que las viviendas estén a su nombre. Siguen siendo propiedad del ayuntamiento. Se trata de una práctica que consideran ilegal a todas luces.
Ponen de manifiesto que, mientras que el ayuntamiento se sigue “lavando las manos”, el ánimo de los vecinos está cada vez más crispado.