La Junta de Extremadura diseñará un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera teniendo en cuenta los desplazamientos más frecuentes en la región, la ubicación de los hospitales y centros de salud, y las necesidades del medio rural, a las que se responderá con un servicio de transporte a demanda.
Este plan sustituirá las actuales concesiones por “ineficaces, obsoletas y alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos”, ha afirmado este jueves el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura.
En respuesta una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Ferreira sobre el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, el director general ha informado de que en la actualidad se está revisando el borrador de este plan e incorporando nuevas actuaciones, entre ellas un “ambicioso” plan de transporte que vele por la sostenibilidad, la interoperatividad y la conectividad. En él se establecerán los objetivos y estrategias de la política regional en esta materia hasta 2030 velando para ofrecer a la ciudadanía “una alternativa real de viaje” que le permita prescindir en mayor medida del vehículo privado, ha explicado.
Para ello, según ha indicado Maza, se articularán concesiones del servicio a partir de los desplazamientos más frecuentes que se realizan en la comunidad autónoma. Otras se diseñarán en función de las áreas de salud y zonas básicas de salud, dado que el 30 por ciento de los municipios extremeños no tiene conexión directa en autobús con su hospital de referencia, y un 28 por ciento con su centro de salud. Y en tercer lugar, habrá concesiones basadas en asegurar una movilidad “eficaz” en las zonas rurales desarrollando proyectos de transporte a demanda con reserva de plaza a través de llamadas gratuitas, una aplicación móvil o vía web.
En el plan de movilidad también se incluirán otras actuaciones vinculadas a los servicios logísticos, las infraestructuras ferroviarias y los aeropuertos para el transporte de mercancías, además de otras sobre la red viaria y ferroviaria y nuevos equipamientos de transporte.
Junto a ello, ha apuntado el director general, se pondrá en marcha una plataforma digital dirigida al usuario para incentivar el uso del transporte público y la intermodalidad, con información del transporte público y de los operadores privados.
Una vez sea revisado, el plan se someterá al procedimiento de evaluación ambiental estratégica y a la consulta de los agentes económicos y sociales para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.
Juan Ramón Ferreira ha acusado al Ejecutivo regional de “huir” del acuerdo en este materia, ha ofrecido la posición “constructiva” de su grupo y ha manifestado a Maza que este plan se nutre del trabajo realizado por el anterior Ejecutivo socialista.
“No van a enseñar ningún plan nuevo, van a cambiar el nombre para que parezca nuevo”, ha aseverado el diputado socialista, a lo que el director general le ha contestado que “el nombre va a ser el mismo”, pero no el contenido.
En la misma comisión parlamentaria ha intervenido la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, a quien el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías le ha pedido más inversión en vivienda pública tras advertirle de la caída de ventas de viviendas en 2023 y el aumento de las compras al contado.
La secretaria general lo ha achacado al incremento del precio de los inmuebles, el endurecimiento de las condiciones financieras y la “falta de vivienda” que se arrastra desde 2008 y a la que, a su juicio, no se ha dado respuesta.
Frente a ello, ha defendido las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo como el aval a los jóvenes en la compra de su primera vivienda, el incremento de la deducción por alquiler y la actuaciones en municipios que van a tener un impacto económico como es el caso de Navalmoral de la Mata con el desarrollo del proyecto Los Viñazos.
Macías ha subrayado que el problema es que la construcción de vivienda pública lleva “muchos años” por debajo de lo que se necesita, con lo que no se contribuye a un equilibrio en el mercado inmobiliario.
“Es un panorama en el que tenemos que intervenir” para frenar, también, la emigración de los jóvenes, ya que los que se quedan en la región, pese a contar con un sueldo, carecen de los ingresos suficientes para comprar una vivienda, ha lamentado.