La Confederación Hidrográfica del Guadiana está terminando el procedimiento para declarar a la masa de agua subterránea Tierra de Barros en situación de riesgo, porque corre peligro de agotarse y además los niveles de nitratos superan lo recomendable, según la normativa establecida en la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico de la cuenca.
El trámite ha terminado su fase de información pública, la Confederación está estudiando ahora las alegaciones, y el procedimiento terminará en septiembre con la declaración oficial, “con toda seguridad”, de ese acuífero como en situación de riesgo, lo que acarrea diversas medidas, ha explicado a eldiarioex el comisario de Aguas del Guadiana, Timoteo Perea.
Entre ellas está la instalación obligatoria por parte de todos los concesionarios de pozos y captaciones de un contador, y la elaboración de un plan de explotación de esos recursos hídricos, que conllevaría la limitación de caudales, y un programa de reducción de contaminantes que supondría la disminución de abonos para la agricultura.
El acuífero denominado Tierra de Barros, que abarca una superficie de 1.727 kilómetros cuadrados, es una masa de agua subterránea, situada entre 30 y 50 metros de profundidad, que se nutre del agua de lluvia a través del eje del Guadiana, y tiene una capacidad de renovación anual de 25,6 hectómetros cúbicos.
También recibe aportaciones de las filtraciones de los riegos.
Frente a esa capacidad de recarga anual de 25,6 hectómetros, los permisos de extracción reconocidos en este momento son superiores, de 25,94, lo que supone que si no se toman medidas se agotará.
¿Cómo es posible que se hayan dado más permisos de los posibles? El comisario de aguas de la cuenca, Timoteo Perea, explica que generalmente se debe al ejercicio de derechos antiguos, previos a 1986.
Así se ha llegado a que en este momento haya 2.742 permisos de extracción registrados, más otros 2.000 en trámite.
Además de ese problema de sobreexplotación, las directivas europeas de calidad de aguas llevan a declarar al acuífero en peligro por su concentración en nitratos, con buena parte de las zonas analizadas en situación de ‘afectadas’ (más de 50 miligramos/litro) y otras en ‘riesgo’, de 40 a 50; en algunos momentos se ha detectado nivel del 300% sobre el recomendado.
El origen de estos nitratos aparece en algunos documentos como ‘indeterminado’, pero el comisario de Aguas sostiene que en su mayor parte se debe a los fertilizantes agrícolas.
Están especialmente afectadas las áreas de Badajoz, La Albuera, Corte de Peleas, y Solana de los Barros, y en riesgo Torre de Miguel Sesmero.
En cualquier caso esos niveles no suponen peligro para el consumo humano según la Comisaría de Aguas: “están muy por debajo”.
Comprar un contador
Una vez que se declare, probablemente en septiembre, la situación de riesgo en esta masa de agua subterránea, se constituirá una comunidad de usuarios responsable a partir de ese momento de un plan de explotación, formada por agricultores, industriales, ayuntamientos y demás beneficiarios; en cuanto a las captaciones todas deberán poner un contador, que cuesta según Perea entre 300 y 1.000 euros según el diámetro de la captación.
El objetivo es que entre todos los usuarios no saquen más agua de la que el acuífero es capaz de reponer, y en cuanto a los nitratos, de acuerdo con la Consejería de Agricultura se establecerá un plan relativo al uso de abonos.
La consecuencia más rápida es que Confederación ya no otorgará más derechos de extracción, y que incluso podría limitar aquel que concede automáticamente al dueño de cada parcela u uso de 7.000 metros cúbicos/año, añade el comisario Timoteo Perea.
Agricultores en guardia
María Teresa Macías, secretaria regional de agricultura en el PSOE, ha declarado que las empresas agrarias son las primeras interesadas en que el acuífero sea sostenible “y por eso ya están siendo responsables”, pero rechaza que las medidas a tomar las tengan que pagar de su bolsillo los agricultores.
“Por supuesto estamos por la calidad y la sostenibilidad de esa masa de agua, y por eso habrá que determinar primero de dónde proceden esos nitratos, que no tienen por qué venir de la agricultura, y que pueden proceder incluso de otras comunidades autónomas”.
Una vez hecha la declaración de riesgo, habrá planes anuales de explotación, y esa declaración podría anularse si mejoran los datos; los objetivos de calidad y cantidad deberán conseguirse como máximo en el año 2027