Los sueldos de los 47.000 empleados de la Junta de Extremadura subirán un 2,25 % el año que viene, en el que también se va a desbloquear la carrera profesional, mientras que se pretende acabar con la penalización por baja médica lo antes posible.
Así se ha acordado este viernes en la Mesa General de Negociación de la Administración autonómica, que ha presidido la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
La forma de eliminar cuanto antes la penalización por incapacidad temporal podría ser la aprobación de un decreto-ley, según la consejera.
Blanco-Morales ha explicado que Extremadura podrá aplicar el incremento salarial del 2,25%, máximo previsto en el acuerdo Gobierno central-sindicatos una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2019 o la norma que decida el Gobierno de Sánchez.
Francisco Jiménez, de CCOO, ha recordado según recoge Efe que si la aritmética parlamentaria en Madrid no permite la aprobación de las cuentas, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a aprobar un decreto que dé vía libre a la subida.
Habría además un 0,25 % de complemento adicional en función del cumplimiento del objetivo de déficit, con el que no cumplen ni Extremadura ni la Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta Blanco-Morales ha recordado que Extremadura ha defendido que no haya “funcionarios de primera y de segunda”, y que “no se vean condicionados por normas que son coyunturales, como la de estabilidad presupuestaria”.
Al margen de cuándo esté la normal nacional que lo habilite, la subida salarial tendrá efectos desde el 1 de enero, asegura ella
El representante de CCOO espera que no ocurra lo que en 2018, que los trabajadores de educación tardaron dos meses más en cobrarla.
Benito Román, de CSIF, ha apuntado que el incremento salarial supondrá unos 35 euros brutos al mes y 420 brutos anuales.
José Ignacio Luis Cansado (UGT) ha recordado que la subida del 1,5 % en este 2018 también fue la máxima permitida.
Sueldo completo durante la enfermedad
Por otro lado, la regulación de la incapacidad temporal permitirá cobrar íntegramente el suelo en caso de enfermedad y se ampliará a los supuestos de maternidad, paternidad y embarazo con riesgo.
La norma que sacará la Junta contemplará la retroactividad desde el pasado 20 de junio, fecha del acuerdo que alcanzaron ambas partes sobre las reivindicaciones desarrolladas en la mesa de hoy, según ha avanzado la consejera.
Así lo ha puesto sobre la mesa CSIF, según Román, que ha recordado que del cuarto día a los 20 se quita, aproximadamente, un 25 % del suelo.
Del primero al tercero, una vez agotados los cuatro de carencia que se daban, un 50 %, ha detallado Román, que ha subrayado que algunos trabajadores han perdido 400 euros o 500 euros “por ponerse enfermos; no hay derecho”.
Según UGT, con esa penalización se les trataba como “absentistas profesionales”.
Por otro lado, el desbloqueo de la carrera profesional se estudiará en mesas técnicas y sectoriales -Administración General, Sanidad y Educación-, en febrero del próximo año.
UGT y CCOO han criticado el retraso en desarrollar el acuerdo de junio, mientras que para CSIF ha sido un claro incumplimiento, lo que llevó a este sindicato a echarse a la calle.
Tras los resultados obtenidos en la mesa, Román habla ahora de acuerdo “histórico”.
Todas las partes se ha mostrado satisfechas por la recuperación de derechos para los empleados públicos.