El Supremo mantiene la demolición del complejo de Valdecañas a la espera del Constitucional

La Junta de Extremadura no ha conseguido frenar el posible derribo del complejo de Valdecañas. El Tribunal Supremo, según ha difundido Ecologistas en Acción, ha decidido inadmitir un recurso de la administración regional contra la tramitación de la ejecución de las sentencias que declararon su ilegalidad, es decir, contra su demolición. Un proceso que, en cualquier caso, no está cerrado en los tribunales: el Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente dictar sentencia sobre si el complejo puede o no seguir en pie después de admitir a trámite varios recursos, entre ellos el de la propia Junta.

Fue en febrero de 2022 cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia de muerte de este complejo levantado en la isla de Valdecañas, en medio del pantano y en una Zona de Especial Protección de Aves tras el visto bueno de la Junta de Extremadura en 2007. Después de años de litigios, la sala de lo contencioso del Supremo extendió las consecuencias de la ilegalidad a todo el complejo: “Deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”. La medida afectaba a casi 200 villas, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf.

La Junta de Extremadura siguió pleiteando para evitar el derribo efectivo de las casas y, tras llevar el caso al Tribunal Constitucional, ha cosechado un fracaso en el Tribunal Supremo. Los jueces han inadmitido el recurso que presentaron contra varios autos de los tribunales extremeños del año pasado que avanzaban en dirección a la demolición. Una inadmisión que confirma un auto previo del mes de marzo de 2022 en el que el Tribunal Superior de Extremadura ponía plazos a la Junta para explicar qué organismo se encargaría de coordinarse con los tribunales para meter las máquinas en Valdecañas y derribar el complejo.

Ese auto, ahora confirmado, daba también un plazo de ocho meses al ejecutivo extremeño para presentar el plan de demolición. Un derribo que se encontró con un nuevo obstáculo el pasado mes de noviembre, a punto de cumplirse una década de la primera sentencia que estableció la ilegalidad del complejo: el Constitucional admitió a trámite, entre otros, el recurso de la Junta de Extremadura. Por el momento la Fiscalía del Constitucional ha apoyado seguir adelante con la demolición.

En un comunicado, Ecologistas en Acción celebra la decisión del Supremo. “Ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal”, anuncia la organización, algo que solicitarán en los tribunales, aunque reconocen que todavía hay un recurso de amparo pendiente de resolución en el Constitucional.