El resort de lujo de la isla de Valdecañas, en el pantano extremeño de Valdecañas - conocido como el 'Algarrobico extremeño - tiene los días contados. El Tribunal Supremo acaba de anunciar que estima un recurso de Ecologistas en Acción y que extiende la demolición de este complejo turístico al campo de golf, el hotel y las viviendas y no sólo a las obras en desarrollo, como habían establecido en un primer momento los jueces extremeños. La medida afecta a casi 200 villas, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf.
Este complejo fue construido en la isla de Valdecañas, en medio del pantano, y en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) con el visto bueno de la Junta de Extremadura con su Proyecto de Interés Regional de 2007. Una normativa que rápidamente fue declarada ilegal por los tribunales extremeños con órdenes de paralizar las obras, todo confirmado por el Tribunal Supremo en 2014. Más de una década después, el mismo Tribunal Supremo ha estudiado y estimado el último recurso de Ecologistas en Acción sobre qué consecuencias debe tener esta ilegalidad.
Los ecologistas recurrían la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que en 2020 autorizó la demolición parcial del complejo, exigió a la Junta de Extremadura un plan para proteger y vigilar el medioambiente en la zona y permitió que las casas, el hotel y el campo de golf ya construidos se mantuvieran en pie al entender que no afectaban negativamente al entorno natural de Valdecañas. Ahora el Supremo dice lo contrario.
La sala de lo contencioso-administrativo, según informa en un comunicado, ha estimado un recurso de Ecologistas en Acción y explica que anula las excepciones que el tribunal extremeño estableció para las demoliciones: “El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución, dice el Tribunal Supremo sobre una sentencia que se conocerá íntegramente en los próximos días.
Esta no es la única batalla legal que se ha desarrollado en torno a este complejo turístico de lujo ubicado en un enclave natural como es el pantano de Valdecañas. Hace unos meses el mismo TSJ de Extremadura decidió que la administración regional no estaba obligada a indemnizar con más de 5 millones de euros a la promotora de un hotel que no pudo construirse en el complejo turístico después de la anulación del Proyecto de Interés Regional en 2011.
El Tribunal Supremo dejó claro en 2014 que este PIR era ilegal por el enclave natural en que se habían levantado las casas, hoteles y el campo de golf. “Los terrenos donde se ha construido el complejo urbanístico están incluidos en la Red Natura 2000”, reprocharon entonces los jueces. La normativa europea sobre protección ambiental, añadieron, “deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”. La Junta de Extremadura, por tanto, nunca tuvo derecho a autorizar esas construcciones que ahora deben ser demolidas en su totalidad.