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La “pasividad” de las administraciones ante los ataques amenaza patrimonio cultural de “valor inacalculable” en Galicia

Un dolmen arrasado en Baleira (Lugo).

Álex Vázquez

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Diez petroglifos amanecieron dañados esta semana en Baiona (Pontevedra). Los grabados en piedra, de más de 4.000 años de antiguedad, sufrieron el ataque de algún desaprehensivo armado con un canto afilado. No se trata de un hecho aislado. El patrimonio natural y cultural es fundamental para Galicia. Su conservación y protección, sin embargo, no está a la altura de las circunstancias. Así lo denuncian desde varias asociaciones y colectivos de la comunidad, que continúan detectando, incluso después de una pandemia mundial que ha paralizado gran parte de la actividad económica, agresiones a bienes con un valor histórico “incalculable”. El alto número de yacimientos y “la falta de concienciación entre la sociedad” complican las tareas de preservación, de las cuales se encargan los ayuntamientos y la Xunta de Galicia. Su “pasividad” ante los ataques, critican diversas asociaciones, pone “un precio muy barato” a cualquier agresión.

“Parece que cuando descubres algo patrimonialmente importante, como una mámoa o un petroglifo, solo supone un problema para poder trabajar en ese espacio”, explica el historiador y miembro del colectivo Patrimonio dos Ancares Xabier Moure. Llevan varios años implicados en la detección y conservación del entorno histórico y cultural de la provincia de Lugo y del resto de la comunidad. Lamentablemente, indica, gran parte de sus actuaciones consisten en la denuncia de ataques a yacimientos, muchas veces catalogados y reconocibles, que acaban por quedar destruidos. “Y ni siquiera sabemos si los autores salen impunes o no”, asegura. El “entramado burocrático” que se inicia después de informar sobre las agresiones a Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, órgano encargado de la investigación y protección de estos bienes, complica todavía más las tareas de preservación.

Uno de los últimos ataques registrados fue el mencionado en el yacimiento de Outeiro dos Lameiros, en Baiona (Pontevedra). Al menos 10 petroglifos, figuras talladas en piedra y en este caso con más de 4.000 años de antigüedad, aparecieron rayadas y deformadas. Desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal) aseguran que no solo se trata de “gamberrismo”, como parece en este caso, sino que existen actuaciones “premeditadas” y que suponen un problema mucho mayor para el conjunto cultural. “Se hacen plantaciones o desbroces en zonas en las que se sabe perfectamente que existen elementos patrimoniales”, afirma Carlos Henrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal.

El problema, inciden desde ambos colectivos, no es que no se vigilen los yacimientos, sino que “salga tan barato atacarlos”. “No podemos poner una cámara o una persona que vele por cada elemento del patrimonio”, dice Fernández Coto, pero en muchos casos estos están catalogados “y a nadie parece importarle”. Desde que finalizó el confinamiento, hace poco más de dos meses, Patrimonio dos Ancares ha detectado doce agresiones graves a mámoas solo en la provincia de Lugo. Estos túmulos funerarios de piedras o tierra, con varios milenios de antigüedad, son muy habituales en Galicia y se siguen descubriendo casi a diario por la comunidad. El ritmo de destrozos no difiere demasiado.

“Cuando detectamos daños en cualquier yacimiento lo ponemos en conocimiento de las autoridades responsables, en este caso la Dirección Xeral de Patrimonio”, explica Xabier Moure. Una vez recibida la notificación, los técnicos de la Xunta se desplazan hasta el lugar y valoran si llevar a cabo un expediente sancionador. “A partir de ahí ya no sabemos nada más”, añade, puesto que “desde Patrimonio se amparan en la Ley de Protección de Datos y no sabemos si se aplican o a quién se le aplican las sanciones correspondientes”.

Un patrimonio único

Hubo un caso entre los ataques al patrimonio gallego de los últimos años que cobró especial relevancia. Este agosto se cumplen dos años de la pintada en una de las fachadas de la Catedral de Santiago de Compostela, que crispó a gran parte de la ciudadanía y puso a rodar instantáneamente los mecanismos sancionadores de la Xunta. Para Patrimonio dos Ancares, “una agresión grave de estas características tuvo la suerte de poder ser subsanada”. Sin embargo, lamentan que la Administración no actúe con la misma “eficacia y celeridad” en los cientos de ataques que se registran anualmente en toda Galicia.

“Tenemos un patrimonio único que nos diferencia de otros territorios y nuestro deber es protegerlo”, afirma el presidente de Apatrigal, Fernández Coto. Según Xabier Moure, es muy difícil concretar el número de elementos y yacimientos rupestres en la comunidad. “Hay cerca de 4.000 castros, más de 15.000 mámoas y los petroglifos se cuentan también por miles”, estima, “aunque todavía siguen apareciendo”. Eso, apunta Fernández Coto, sin contar “los cruceiros, las iglesias y las fuentes que hay en cada aldea de Galicia”.

Ante toda esa diversidad, los colectivos de defensa del patrimonio buscan divulgar la importancia histórica y cultural entre toda la población. Entienden que es el primer paso para revertir una situación que amenaza “la identidad de un pueblo” y que se ha constatado que “no entiende de pandemias”. Eso sí, consideran que la colaboración de las instituciones es esencial. En palabras de Xabier Moure, “hay mucha diferencia entre no proteger algo por no poder y no hacerlo por no querer”.

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