La denuncia de un trabajador migrante amenazado con un arma y maniatado destapa una trama de explotación en Galicia

Ayad (nombre supuesto) acabó su primera jornada laboral en Galicia sobre las cinco de la tarde. Había estado recogiendo piedras en una finca en Tordoia, municipio rural cercano a Santiago de Compostela. Junto a otros tres trabajadores preparaba el terreno para cultivar hortalizas y legumbres. Al finalizar las labores, su patrón pasó a recogerlos. Se trataba de la misma persona que los había contratado a través de una página web de anuncios. La misma que les había cobrado por arreglar los papeles y darles el empleo. Pero aquel día de junio algo no iba definitivamente bien. Ayad acabaría atado y abandonado de madrugada en medio del monte, tras ser amenazado con una pistola por haber grabado las condiciones y los lugares del trabajo. La Guardia Civil investiga ahora los hechos, bajo los que se escondía una trama de explotación y estafa de migrantes en ayuntamientos del entorno de la capital gallega.

La causa abierta por el juzgado de Ordes (A Coruña) llevó, en un inicio, a la prisión provisional sin fianza del empresario. Un mes después, salió en libertad provisional. Su segundo no llegó a ingresar. Nueve trabajadores migrantes han presentado denuncia –a seis los representa el sindicato Central Unitaria de Traballadoras (CUT)– y los investigadores acusan al cabecilla de presuntos delitos de “detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores”. A su capataz oficioso le imputan “detención ilegal”. Que fue la que sufrió Ayad durante más de cinco horas de un día del pasado mes de junio, apenas concluido el confinamiento, por reclamar aquello que había acordado con el jefe.

La historia comenzó, según explican fuentes de la investigación, a finales del pasado junio con un aviso de busca de “trabajadores para el campo” en un popular portal de Internet. A él respondió Ayad, de nacionalidad marroquí y residente en el Levante peninsular desde hacía más de tres años. Con experiencia como peón agrícola pero en situación irregular, esta circunstancia fue lo primero que comentó a su empleador. Este se ofreció para solucionarlo. Le tramitaría un contrato con el que demostrar su arraigo social a cambio de 2.500 euros. El salario que recibiría serían mil euros, horas extra aparte, por limpieza de fincas, recolección de hortalizas y replantación. Firmaron un contrato privado, semejante al de los otros ocho denunciantes, en un bar en los alrededores de la estación de autobuses de Santiago de Compostela. Ayad pagó, por transferencia y en metálico. No volvió a saber de ninguna de las gestiones comprometidas. Ni del dinero, claro.

El empresario se encargaba de múltiples tareas. También hacía de chófer de sus empleados, a los que buscaba alojamiento en pensiones, hostales y pisos alquilados en pueblos de la zona, cuyas tarifas después descontaba de los prometidos sueldos. A Ayad, por ejemplo, lo condujo a un hospedaje en Negreira y más tarde a otro en Santa Comba, donde ya vivían otros trabajadores de la firma. Allí lo iría a recoger en su primer y último día de trabajo como peón agrícola en Tordoia. Tras pasar esa jornada limpiando de piedras una finca, relatan esas mismas fuentes, el empresario lo fue a buscar y lo llevó a una nave cercana. Eran alrededor de las cinco de la tarde. Ayad permaneció en el lugar durante tres horas, hasta que regresó su jefe. Y se desató la espiral de violencia y amenazas que acabaría con el empresario y su segundo detenidos y la denuncia de los jornaleros migrantes.

Porque esa tarde Ayad, ya receloso del funcionamiento del entremado, había tomado imágenes del lugar con su teléfono móvil. El empresario se dio cuenta y se enfureció. Le arrebató el dispositivo e intentó borrar los materiales que había ido recopilando el trabajador. También le sustrajo papeles que Ayad llevaba en una maleta e incluso algo de dinero. Justo en ese momento la situación se recrudece. El empresario, en todo momento acompañado de su segundo y de otra persona, sacó una pistola y apuntó a la cabeza del empleado. Después lo esposó y lo dejó en una silla hasta las doce de la noche. A esa hora se lo llevaron, sin esposas pero maniatado, en una furgoneta. Además del arma de fuego del jefe, otro de los presentes manejaba un hacha. Finalmente lo abandonaron, atado, en el monte. Consiguió soltarse y, mediante mensajería instantánea –su teléfono no tenía saldo para llamadas–, se comunicó con un amigo que llamó a los servicios de emergencia.

Cerrados por fuera en la nave

Lo sucedido con Ayad y la denuncia que este interpuso destapó un modo de operar que han refrendado como mínimo otras ocho personas, todas captadas a través del mismo portal web y con nacionalidades diversas: salvadoreñas, venezolanas, brasileñas, marroquís y uruguayas. Así lo desgranan fuentes conocedoras de las investigaciones. Empleador y aspirantes se veían en bares de carretera o extrarradio. En ellos, el empresario, cuyas fincas y naves se encuentran en los municipios de Tordoia y Santa Comba, ofrecía trabajo agrícola y, de entrada, cobraba a los aspirantes 420 euros por gestionar documentación relativa a los permisos de trabajo. Dos mil quinientos –como en el caso de Ayad– si el contratado necesitaba demostrar “arraigo social”. Nunca volvían a saber nada ni de ese dinero ni de los permisos de trabajo. Ni apenas de los sueldos acordados en privado. Pero la extorsión no acababa ahí.

El empresario les procuraba alojamiento, que pagaba los primeros días y luego comunicaba que se lo restaría de los salarios. Que ninguno de los denunciantes llegó a percibir, con excepción de un hombre venezolano que consiguió cobrar medio mes tras trabajar uno entero. De la paga también les retiraba el dinero que gastaba en gasolina al llevarlos y traerlos entre los cuartos que les gestionaba y los lugares de trabajo. Todo sucedió en los meses inmediatamente posteriores al estado de alarma. Uno de los trabajadores llegó a dejar su puesto porque no había ninguna medida de seguridad.

Tampoco la inspección de trabajo pasó por el lugar. De hecho, cada vez que una patrulla de la Guardia Civil, o cualquier vehículo que el empresario entendiese como sospechoso, pasaba por las cercanías de los terrenos, este o su segundo obligaba a los empleados a esconderse, bien dentro de las naves, bien al fondo de las fincas o monte arriba. Cuando ambos se ausentaban, cerraban con llave por fuera. No les gustaba que los trabajadores hablasen entre sí si ellos no estaban delante. Incluso les exigían que no comentasen asuntos del trabajo con sus amigos. Pero la denuncia de Ayad, a la que enseguida se sumaron sus compañeros, acabó por echar luz sobre esta sórdida historia. Tras las pesquisas de la Guardia Civil, está ahora en manos del juzgado de Ordes (A Coruña).