Cuando llegó el cierre del año 2022, en las oficinas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda todavía había 77 proyectos de parques eólicos sobre los que la Xunta de Galicia no se había pronunciado. En poco más de dos semanas, tenían que decidir si a ojos de sus técnicos, eran medioambientalmente viables. La fecha límite la marcó el Gobierno español: el 25 de enero. A partir de ese día, todos los parques que no tuviesen resuelta de forma favorable su declaración de impacto ambiental perderían los permisos de acceso y conexión que concede Red Eléctrica de España (REE). El famoso enganche. Después de aquel anuncio, al Gobierno gallego le entraron las prisas y decidió contratar hasta 120 personas más para reforzar las plantillas de Medio Ambiente. De algún modo tenían que justificar que, en poco más de dos meses, consiguiesen dar luz verde a tantos parques eólicos como en los seis años anteriores juntos.
Según la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, para cumplir unos plazos “impuestos” se valieron de funcionarios “experimentados” que trabajaron durante fines de semana, Navidad y hasta “las 12 de la noche de cualquier día”. Eso sí, garantizó públicamente que se hizo con “el máximo rigor” y “responsabilidad patrimonial”. Algo que tanto la oposición y la práctica totalidad de las asociaciones ecologistas con presencia en Galicia ponen en duda. “Vetan la tarifa eléctrica gallega para abaratar la factura de la luz, al mismo tiempo que dan barra libre al expolio eólico para que las grandes eléctricas se sigan forrando”, denunció la líder de la oposición, Ana Pontón, en el Parlamento gallego. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, definió la política eólica de la Xunta como “ejemplo paradigmático de su déficit de gestión” e indicó que es “pintoresco y preocupante” que se “fuerce el límite de plazos” para sacar adelante estas declaraciones de impacto ambiental.
Esos plazos fueron tan ajustados que en tan solo 23 días dieron luz verde a 26 parques eólicos. De los 140 presentados desde el anuncio del Gobierno del Estado consiguieron resolver 120, con un total de 77 que, salvo orden judicial, en seis meses tendrán el permiso de construcción. A todos estos proyectos hay que sumar los siete aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de dar viabilidad a aquellos parques con potencias superiores a los 50MW y que fueron declarados excepcionales por la Administración autonómica. Cinco vinculados a la fábrica de aluminio de Alcoa y dos de Showa Denko, en el marco del contrato de compraventa de energía que tiene firmada con Greenalia, cuya dirección ostenta Beatriz Mato, una de las conselleiras de Medio Ambiente durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.
Entre los proyectos aprobados por la Xunta y los del Ministerio para la Transición Ecológica, a los montes gallegos le habrán crecido 570 nuevos aerogeneradores en apenas dos años. Nada menos que 84 nuevos parques eólicos que vienen a sumarse a los 98 que ya operan a día de hoy. En Galicia, en total, hay actualmente instalados alrededor de 4.000 aerogeneradores que suman 3.879 MW. Si todos estos proyectos siguen adelante, a esa potencia habrá que sumarle 2.912 MW más.
Las asociaciones ecologistas preparan acciones legales
La documentación que estos días ha hecho pública la Administración gallega es extensa y organizaciones de la sociedad civil como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) están tratando de desgranarla. Se trata de 77 informes con justificaciones técnicas que acreditan la viabilidad medioambiental de cada parque de forma supuestamente pormenorizada. Esto es: demuestran, en teoría, que no atentan contra el patrimonio cultural y natural, ni causan ningún tipo de perjuicio a las poblaciones cercanas. “No podemos entrar a litigar con todos, pero estamos revisando toda la documentación para ir contra los que tengan un impacto más significativo. Ya sea por su repercusión al medioambiente, al patrimonio o por su afectación a las comunidades rurales”, sostiene Belén Rodríguez, secretaria técnica de Adega.
“Nosotros no nos cansaremos de repetir que no estamos en contra del desarrollo de la energía eólica, faltaría más, pero sí de esta forma en la que se ha hecho. Totalmente desordenada, caótica y sin planificación previa”, destaca Rodríguez. “Es intolerable que pongan por encima los intereses de las promotoras eólicas antes que la defensa patrimonial y los intereses de los vecinos”, recalca. Desde la organización en nombre de la que habla, ya han conseguido paralizar cautelarmente en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hasta tres parques eólicos en los últimos tiempos. Las principales estrategias han sido indagar en las especies vulnerables, los espacios protegidos y, curiosamente, los acortamientos de plazos unilaterales de exposición pública. “Es un expolio absoluto sin ningún sentido. Las declaraciones de impacto ambiental no tienen coherencia. Donde se tira un parque abajo por una causa, es tolerable en otra”, denuncia. “Resulta obsceno que la Xunta se alinee con los intereses particulares de determinadas empresas en lugar de defender los bienes públicos, y tengamos que ser las entidades ecologistas y sociales las que en la práctica asumamos esa función”, rematan desde Adega.