El informe del Consello de Contas que ha puesto cifra -un sobrecoste de 470 millones de euros- a la decisión de Alberto Núñez Feijóo de que el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se construyese dejando en manos de empresas privadas la financiación y dándoles a cambio un canon durante 20 años y la concesión de los servicios no clínicos, se detiene en otros aspectos que considera irregulares o en los que aprecia incumplimientos del deber de la administración autonómica. Arroja luz sobre más de 700.000 euros que se destinaron a hacer publicidad del proyecto, sobre gastos mal atribuidos, sobre un peso de la sanidad privada que no se consiguió rebajar y sobre un aparcamiento que no se construyó como estaba previsto. Este es el detalle del análisis hecho por el ente fiscalizador y publicado, en una práctica habitual, en una de las últimas jornadas de julio, en plena época de vacaciones.
Anuncios en prensa: Contas aborda el papel de la oficina técnica de seguimiento (OTS), que era la encargada de supervisar la ejecución de las obras y actuaciones. El informe expone que hay gastos mal atribuidos. Indica que se examinaron durante su análisis facturas adicionales por valor de 2,4 millones de euros que la concesionaria pagó con cargo a gastos de funcionamiento de esta oficina técnica. Por los conceptos, Contas concluye que 430.000 euros sí se corresponden con su funcionamiento, pero el resto “no guardan relación con las funciones de la OTS o no guardan relación directa con el objeto del contrato”.
En concreto, cita los 710.259 euros para publicidad sobre las obras, la elaboración de vídeos, la documentación técnica y gráfica divulgativa y actos de protocolo. Recalca que el dinero se destinó a anuncios en prensa escrita, cuñas en la radio, un vídeo de presentación del hospital y soportes publicitarios en la calle. El importe restante, añade, son gastos para inversión en “humanización del hospital (337.086 euros) y consultoría, traslados de mobiliario y redacción de proyectos técnicos del ámbito del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (917.396 euros).
Incumplimiento del deber de supervisión: Todas las facturas de esta oficina técnica de seguimiento, destaca, tienen la supervisión favorable de Galaria, la empresa pública que había quedado a cargo de constituirla pero que, en la práctica, permitió que la concesionaria eligiese quién la supervisaba. Esto, según Contas, “evidencia que esta entidad no solo incumplió el cometido de la encomienda de gestión, sino que tampoco realizó de forma diligente la supervisión de los gastos”.
La Xunta presentó alegaciones contra estas consideraciones, en las que sostenía que la selección del supervisor la hizo Galaria. Contas replica que un expediente administrativo del 20 de mayo de 2011 que Galaria remitió a la concesionaria evidencia que fue la unión de empresas privadas a la que se adjudicó la concesión la que se ocupó en realidad de esa selección y que la empresa pública se limitó a reservarse la facultad de supervisar el currículo y concertar una entrevista con el aspirante propuesto.
Compra de obras artísticas: Las alegaciones muestran también que la Xunta trató de justificar que los gastos de humanización y de traslado de mobiliario se cargasen a la oficina técnica de supervisión. Dijo que la OTS debía asesorar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a la concesionaria para tomar decisiones estratégicas en el nuevo hospital y en la planificación del traslado. Contas replica que estos gastos fueron en realidad para la compra de obras artísticas, esculturas, trabajos de musealización del área sanitaria, además de traslados de muebles, camas psiquiátricas desde el hospital Nicolás Peña y varios proyectos de reforma en el hospital Meixoeiro y el General. “Estos gastos, aunque fueron abonados por la concesionaria, no pueden considerarse como gastos de funcionamiento de la oficina técnica de seguimiento por cuanto no tienen relación con sus funciones”, concluye.
El aparcamiento que no se hizo: El informe destaca que el proyecto inicial preveía un aparcamiento para urgencias en un edificio independiente anexo, con un total de 14.800 metros cuadrados. Lo que terminó haciéndose, sin embargo, fue un párking “abierto en una zona exterior”. Contas indica que no se puede considerar una edificación. En lugar de eso, es una zona acondicionada al aire libre en la que se han instalado unas estructuras metálicas para proteger a los coches.
Objetivos no logrados y peso de Povisa: La memoria justificativa de la inversión fijaba como objetivo que se alcanzasen las 2.000 camas, incluyendo al resto de hospitales de Vigo, con la construcción del Álvaro Cunqueiro. Pero, destaca Contas, las memorias de la propia Área Sanitaria de Vigo muestran que las cifras reales oscilaron entre 1.241 y 1.321 entre 2015 y 2021. Los responsables sanitarios nombrados por la Xunta señalaban que había tanto en el Cunqueiro como en el Meixoeiro “un número relevante de habitaciones que son duplicables” y que el número total de camas tenía “elasticidad”. “Sin embargo, el análisis de los datos lleva a concluir que esta elasticidad no tiene lugar en la práctica”, recalca el informe, que concluye que “el impacto que se pretendía obtener” en cuanto al número de instalaciones “no fue alcanzado totalmente”.
Aborda también los pagos al hospital privado de Povisa, con el que la Xunta tiene un millonario concierto para derivarle pacientes del área de Vigo. Pese a la construcción del Álvaro Cunqueiro, “tampoco se logra la reducción del peso relativo” de Povisa que se había fijado como objetivo, dice Contas. Lo argumenta con la evolución de los pagos: en 2014 sumaron 84,8 millones de euros porque se contabilizan 7,6 millones derivados de una sentencia. En 2015, año en que entró en funcionamiento el Cunqueiro, eran 76,1. En el último ejercicio analizado, 2021, la cifra creció y llegó a 78,7 millones.