El de gestor ha sido el traje político preferido de Alberto Núñez Feijóo. Tanto, que continúa siendo pieza fundamental de la imagen pública que ha ido construyendo a lo largo de los años. Su salto a la política nacional lo confirma: una de las letanías que más usan él y sus colaboradores cercanos es aquella que contrapone su gestión a la –dijo en alguna ocasión– “frivolidad adolescente” del Gobierno de Pedro Sánchez. Un repaso a sus mandatos como presidente de la Xunta y a los resultados de algunas de sus iniciativas más emblemáticas ponen esa indumentaria en entredicho.
Cuando Feijóo presume de gestión para confrontar con el PSOE, pocas veces concreta a qué se refiere. Más allá de cierta estabilidad macroeconómica –siempre en términos neoliberales– su balance es discutible: dejó 100.000 empleos menos de los que encontró cuando llegó al poder en 2009 y triplicó la deuda pública desde el 6,8% del PIB gallego (2009) hasta el 18,5% (2022). Además, el sistema bancario gallego desapareció bajo sus presidencias, las negociaciones para salvar el naval a través de la mexicana Pemex derivaron en fiasco y la sanidad pública vive un fuerte deterioro. Ninguna de estas realidades le ha impedido, no obstante, obtener cuatro mayorías absolutas consecutivas e igualar así la marca de Fraga Iribarne.
Dinero a Venezuela
Bajo su mando en la Xunta los ahorros de buena parte de los gallegos –un 45% de la cuota de mercado en la comunidad–, que guardaban dos cajas de ahorro, acabaron en los depósitos de un banco venezolano, Banesco. Su máximo directivo, Juan Carlos Escotet, compró una ganga a la que no tardó en sacar beneficio. La operación fue el último capítulo de un desastre al que contribuyó el empeño de Feijóo por forzar la fusión de Caixanova, con sede en Vigo, y Caixa Galicia, con sede en A Coruña.
Un auto de la Audiencia Nacional de octubre de 2020 explicaba que Caixanova nunca habría sido intervenida “si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”. Feijóo no tuvo recato en calificar de “gallega y solvente” la marca resultante de aquella unión, que recibió 9.000 millones de euros en ayudas del Estado. La bancarización de aquellas cajas acabó en una venta: al venezolano Juan Carlos Escotet le bastaron, en 2013, 1.000 millones de euros. Rebautizó el banco como Abanca. Al año siguiente, los nuevos propietarios ganaron 1.157 millones de euros, más de lo que invirtieron unos meses antes para la compra de aquel intento fallido de Feijóo.
8.000 millones de dinero público desaparecieron a cuenta de la operación. El Parlamento de Galicia trató de iluminar lo sucedido, pero el Partido Popular bloqueó la comisión de investigación creada en 2012. Anunció su reactivación en 2020, pero la ha vuelto a paralizar. Mientras, Abanca es la firma financiera de referencia para los Ejecutivos del PP en Galicia: la Xunta sufraga sus cajeros en zonas rurales o apoya la instalación de la primera universidad privada de la Comunidad bajo su patrocinio. Y Feijóo, en su nuevo papel como líder de la derecha estatal, se opone al impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca.
La fracasada aventura naval mexicana
El ahora presidente del PP asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez es “el más lento y con la peor política económica de Europa”. El índice de producción industrial, sin embargo, no refrenda su labor en Galicia y acumula meses de caída por encima de la media estatal. Empresas representativas han echado la persiana bajo su presidencia: Alcoa (1.100 trabajadores) o Siemens Gamesa (250 trabajadores). Aunque Feijóo se ha esforzado en descargar responsabilidades en el Gobierno central, la Xunta parece olvidarse de que el Estatuto de Autonomía le confiere competencias en materia industrial.
Fue sin embargo su aventura mexicana –las promesas frustradas de Pemex– la que ejemplifica una manera de hacer las cosas: máximo rendimiento mediático y exiguos resultados tangibles. Hace algo más de una década que el Telexornal de la televisión pública gallega (TVG) interrumpía su parrilla habitual para explicar a los espectadores que Núñez Feijóo había encontrado una vía para superar la crisis del naval, México. Eran los meses más duros de la anterior crisis y el presidente de la Xunta poco menos que había descubierto un maná.
Prometió entonces que la petrolera mexicana construiría 14 buques remolcadores en alianza con astilleros gallegos, siete en esta orilla del Atlántico y otros siete en su país. Feijóo se atrevió a cuantificar los empleos asociados que crearía la operación: 2.500. Meses más tarde, en septiembre de 2012, y a punto de comenzar la campaña electoral que lo conduciría a su segunda mayoría absoluta, subió la apuesta y añadió otros dos floteles. También habló de hipotéticos quimiqueros, atuneros o grandes buques de mercancías. La mayoría de esos barcos nunca llegó a construirse.
Un año después de los primeros anuncios, abril de 2013, el recién nombrado director de Pemex, Emilio Lozoya, confirmaba los acuerdos con la Xunta. Feijóo viajó a México y se hizo fotos con el empresario. Pemex acabaría construyendo tan solo dos floteles y adquiriendo la mayoría de acciones del astillero vigués Barreras, otra muestra más de la desintegración industrial de Galicia. Mientras tanto el socio mexicano de la Xunta, Lozoya, acabó detenido en Málaga en febrero de 2020, acusado de corrupción.
La detención del empresario mexicano trajo consigo un escándalo que la oposición en el Parlamento de Galicia no dejó pasar. Feijóo hizo mutis por el foro y evitó dar explicaciones con el argumento de que Galicia estaba en “precampaña electoral y en precampaña electoral todo vale”. Incluso prometer la construcción de barcos que, finalmente, nunca se construyeron.
Degradar la sanidad pública
Fue durante lo más crudo de la pandemia cuando Feijóo decidió lucir con más intensidad una muesca de su currículum que lo asociaba a la sanidad: la presidencia del Insalud entre 1996 y 2000, a la que llegó de la mano de su mentor político Romay Beccaría durante la primera legislatura de Aznar. En realidad, la institución atravesaba su última etapa: se disolvió en 2002, al culminarse los traspasos sanitarios a las autonomías. El caso es que su paso por el organismo le ha servido a menudo a Feijóo para otorgarse cierta auctoritas en la materia. Era abril de 2020 cuando llegó a declarar que “el sistema sanitario gallego está entre los mejores de Europa respecto a la pandemia”. Pero asociaciones médicas, de pacientes o sindicales discrepan: sus 13 años de gobierno han degradado la sanidad pública.
La Atención Primaria es una de las principales víctimas de sus políticas. Al borde del colapso desde hace meses, el Gobierno gallego insiste en imputar las responsabilidades, una vez más, al Ejecutivo central, al que acusa de no eliminar la tasa de reposición en la función pública –impuesta por Montoro– o de no ampliar las plazas MIR. Las competencias en la materia son exclusivas de la autonomías, sin embargo. Y los años Feijóo no han sido favorables. Mantuvo congelado el número de facultativos: en más de una década no añadió ninguno. Y durante la pandemia, redujo su número en los centros de salud, contra la opinión de los colegios oficiales.
Algunas de las manifestaciones más concurridas de los mandatos de Feijóo fueron en contra de su política sanitaria. Por las calles de Vigo desfilaron en varias ocasiones miles de personas. Fue en esa ciudad donde además dimitieron 22 jefes de servicio de los centros de salud en protesta por la gestión sanitaria de la Xunta. Y donde 140.000 de sus habitantes son derivados a un hospital privado que recibe 84 millones de euros más IVA públicos cada año. El concierto lo instauró en 1993 Manuel Fraga Iribarne. La apertura del Álvaro Cunqueiro, proyectado por el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) pero que Feijóo se suele atribuir por haberlo inaugurado él en 2015 tras cambiar su financiación pública inicial por un modelo de concesión, no ha modificado la situación.