Dozón bien podría ser paradigma de la situación de muchos ayuntamientos del interior de Galicia. En menos de dos décadas ha perdido prácticamente la mitad de su población hasta quedarse en 1.241 habitantes, según los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística. En el último año del que existen registros, 2012, en Dozón nacieron 5 personas y murieron 19 y la renta bruta por habitante no llega a los 10.000 euros anuales. En las últimas elecciones municipales el PP recibió allí 699 votos, el 73,12% del total, que le valieron para tener 7 ediles frente a 2 del BNG, que obtuvo algo menos del 20% de los votos. En este contexto el alcalde, Adolfo Campos, acaba de tomar una decisión tan legal como llamativa: subirse el sueldo un 30%.
En el pleno de este lunes la corporación municipal de Dozón abordará la propuesta del regidor para modificar los presupuestos de este 2014 y así incrementar su remuneración desde 2.500 hasta 3.273 euros mensuales en doce pagas y con una jornada idéntica a la actual, 25 horas semanales. Durante los últimos días el propio Campos ha admitido que esta operación “puede escandalizar”, pero la justifica con el argumento de que no hace nada que no esté contemplado en la reforma local del Gobierno central, que les permite cobrar hasta 40.000 euros anuales a los alcaldes y alcaldesas de municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes. Si el ayuntamiento no pasa de 1.000 personas, el límite está en 30.000.
El asunto lleva ya unos días siendo objeto de comentarios en Dozón y este sábado uno de los principales defensores públicos de la limitación de sueldos en la administración local, el presidente de la Xunta, fue preguntado al respecto antes de un mitin en Ribeira. El también jefe de filas de los conservadores gallegos, según informa La Voz de Galicia, aseguró a preguntas de la prensa no tener “ni idea” de que “el alcalde de Dozón se va a subir el sueldo”. En todo caso si esa subida “cumple la ley, pues ya está; nada que decir”. “Llevábamos mucho tiempo esperando por una ley que fijara los sueldos y ahora ya la tenemos; hay que cumplirla y nada más”, resolvió.
“Un abuso y una burla”
Una visión bien distinta del asunto es la que tiene la oposición municipal. Para el portavoz municipal del BNG, Benxamín García, resulta “injustificable, un abuso e incluso una burla” que Campos “use su mayoría para subirse a sí mismo el salario proponiendo una modificación del presupuesto con esta única finalidad mientras recorta servicios básicos para el municipio”. Además, destaca, el incremento se hace, “para mayor escándalo, con efectos retroactivos”, toda vez que el plan es que el cambio se aplique con fecha del 1 de febrero de este año.
Esos 10.000 euros anuales que el alcalde prevé cobrar adicionalmente de ahora en adelante “serían un buen salario para muchas personas trabajando 38 horas a la semana, y no 25”, dice García, quien destaca que el consistorio “no invierte un euro en servicios públicos” y que el plan de ajuste “aprobado en su día por el alcalde supuso la supresión de varios puestos de trabajo y la solicitud de créditos bancarios que aún está pagando el vecindario”. Al margen de que sea legal, dice el edil del Bloque, esta decisión es “un abuso intolerable”. “Cabe preguntarse con qué legitimidad política y moral pretende cobrar un salario que triplica la media gallega en un ayuntamiento que apenas supera el millar de habitantes, cuando mucho de su vecindario pasa dificultades y el PP predica austeridad e impone recortes”.
“No es la única arbitrariedad”
El alza del salario del alcalde no es, según el BNG de Dozón, “la única arbitrariedad del alcalde del PP”. “Todas las obras del ayuntamiento son adjudicadas a la empresa Copel, relacionada con el regidor”, asegura Benxamín García, recordando que durante años esta firma ha recibido en exclusiva los encargos municipales y que a ella le corresponde más de la mitad de la deuda comercial del Ayuntamiento recogida en el referido plan de ajuste. A esta querencia por una empresa concreta, asegura, “se suman otros negocios familiares que llevan cuantiosas subvenciones a través de la Xunta y del Igape”.
“Para completar la hoja de servicios de Adolfo Campos”, el Bloque recuerda “las sentencias judiciales que lo han imputado en distintos casos a lo largo de los últimos tiempos y que han supuesto un desembolso económico de gastos para las arcas públicas del Ayuntamiento para afrontar las costas y los abogados”. Entre estas imputaciones figuró una por acoso laboral a una trabajadora municipal afiliada a la CIG.