Quedar bien sin gastar nada. El popular proverbio bien podría ser aplicado a los límites salariales que el Gobierno central les acaba de fijar a los ayuntamientos. Al menos, esto es lo que ocurre en el caso de las grandes ciudades gallegas, donde los topes estipulados por el gabinete de Mariano Rajoy podrían llevar a concluir que los gobiernos urbanos tienen un concepto de austeridad sensiblemente más estricto que el del Ejecutivo estatal. No en vano, ninguno de los siete alcaldes llega a los topes fijados, que les dejan un margen de maniobra de entre 10.000 y 30.000 euros anuales, según los casos.
A través de un real decreto-ley publicado en el BOE del pasado sábado con contenidos que van desde la seguridad ferroviaria hasta los automóviles pasando por los aeropuertos –una especie de versión reducida de las criticadas leyes de acompañamiento a los presupuestos– el Gobierno de España fija nueve trechos salariales para, en función de la población, establecer el “límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales”. Para las ciudades gallegas hace falta atender a los tramos fijados para poblaciones de entre 75.000 y 150.000 habitantes y para las que acogen a entre 150.001 y 300.000 personas.
En el caso de las mayores urbes del país, Vigo y A Coruña, el límite salarial para sus regidores está en 80.000 euros anuales y ni Abel Caballero (PSdeG) ni Carlos Negreira (PP) lo alcanzan. Concretamente, el vigués percibe 60.561,44 euros al año y el coruñés, 65.220 euros, a pesar de administrar menos población que su homólogo. Las retribuciones anuales de Caballero y de Negreira son, a su vez, inferiores a las del alcalde de la tercera ciudad del país, el ourensano Agustín Fernández, que tiene asignados 67.822,58 euros anuales, con un margen de más de 7.000 euros hasta llegar a los 75.000 que el Gobierno central le acaba de fijar como máximo.
Por debajo de esos 75.000 euros están también los restantes alcaldes urbanos gallegos. Es el caso del compostelano Ángel Currás, con un salario de 65.988 euros al año –cifra obtenida de informaciones periodísticas, toda vez que esta redacción no fue capaz de encontrarla en la web municipal– o del pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, con 63.831,32 euros. Lo mismo acontece en Lugo, donde el Ayuntamiento informa de que Xosé López Orozco cobra 4.222,80 euros al mes, cantidad que semeja ser neta, ya que multiplicada por 14 implicaría un salario de 59.119 euros anuales, pero otras fuentes indican que su remuneración es de 64.260 euros brutos anuales, también por debajo, en todo caso, del límite que impone Rajoy. Más lejos aun del tope está el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el regidor urbano que menos cobra, con 44.234 euros al año.
Así las cosas, los límites del Gobierno central no implicarán que en las ciudades gallegas haya que rebajar ningún salario y tampoco permitirán establecer una jerarquía retributiva entre administraciones. Así, por ejemplo, si los gobiernos urbanos de Galicia decidieran aprovechar al máximo la nueva tabla salarial todos los alcaldes podrían percibir un salario mayor al del presidente de la Xunta, que actualmente cobra 72.002,82 al año, incluyendo sus trienios como funcionario.