La multinacional Alcoa prevé continuar con los malos resultados en 2024 y está sembrando el cierre de este año de dudas sobre el plan comprometido para la reactivación de su planta de aluminio primario en San Cibrao (Cervo, Lugo), la única de España en la que se fabricaba, hasta hace dos años, este material. La semana pasada comunicó a los trabajadores que la principal inversión prometida, un horno de cocción de ánodos que supone un desembolso de más de 100 millones de euros, queda en suspenso. El Ministerio de Industria ha convocado una mesa de seguimiento para analizar la situación el viernes. La empresa difundió, tras ese anuncio y después de una reunión con la Xunta, un comunicado en el que desliza que prevé problemas para llevar adelante la hoja de ruta y avisa de que necesita ayudas del Gobierno gallego y del estatal.
La compañía con sede en la ciudad estadounidense de Pittsburgh asegura que, cuando se firmaron los acuerdos de viabilidad, la corporación “tenía fondos suficientes para cumplir con todos sus compromisos”. “Sin embargo, basándose en las condiciones económicas actuales y previsibles, se necesitan soluciones a largo plazo para hacer frente a las condiciones comerciales insostenibles en las operaciones en San Cibrao”, añade. Lo que piden es que Xunta y Gobierno central “identifiquen todas las formas posibles de ayuda”.
Tras anunciar que el aplazamiento “temporal” de la aprobación del horno, tanto la plantilla como la Xunta le reclamaron a Alcoa que concretase plazos, algo que la multinacional no ha hecho. No considera que nada de esto suponga un incumplimiento de los compromisos adquiridos y que implican que en apenas unas semanas, con el comienzo de 2024, debe ir retomando paulatinamente la actividad. El presidente y consejero delegado de Alcoa, William Oplinger, asegura que trabajan para “cumplir con todos los compromisos contenidos en el acuerdo de viabilidad, incluida la realización de inversiones de capital, pero la situación actual sigue siendo muy difícil”.
Las reuniones de esta semana con la Xunta y el Gobierno son, de hecho, según Alcoa, para “informarles sobre las pérdidas financieras del complejo industrial” de Lugo, en el que están la fábrica que está parada, que es la de aluminio primario, y una refinería de alúmina, que ha continuado trabajando, aunque desde el tercer trimestre de 2022 funciona al 50% para “mitigar pérdidas”, de acuerdo con la empresa. Oplinger declara que continuarán con las conversaciones mientras buscan “una solución a largo plazo”.
Como problemas, la multinacional sigue apuntado a coste de la energía y la caída de los precios del aluminio y añade retrasos en los permisos para construir los parques eólicos vinculados a los acuerdos de compra de energía (PPA) que ha firmado. Y señala que en 2023 ha invertido 65 millones de dólares -unos 60 millones de euros-.
Las dificultades en la planta de aluminio primario en la comarca de la Mariña de Lugo se remontan a hace varios años. En mayo de 2020, en plenas restricciones por la pandemia, Alcoa anunció su intención de despedir a más de medio centenar de trabajadores de San Cibrao. Señalaba que las pérdidas eran recurrentes. El ERE presentado acabó anulado por la Justicia y la empresa negoció un acuerdo que la plantilla terminó aceptando: parar la producción de aluminio primario durante dos años a cambio del compromiso de no despedir a nadie al menos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cambios en el acuerdo
Sin embargo, no van a ser esos los términos que se apliquen. En febrero la plantilla dio su apoyo con el 73,4% de los votos a un nuevo calendario que retrasa la reactivación de la planta. Inicialmente las cubas de electrolisis tendrían que estar a pleno rendimiento a mediados de 2024, pero con las nuevas condiciones ese hito se retrasa a octubre de 2025. También se estiró el plazo en el que la empresa se compromete a no hacer despidos, que pasó del 31 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026. La plantilla se comprometió a mantener la paz social hasta entonces. Eso sí, el acuerdo no hace mención explícita a que la garantía se vaya a aplicar también a los trabajadores de la alúmina. A estos cambios ahora se suman el aplazamiento sin fecha del horno y la petición de ayuda.
El ministerio de Industria ha convocado para el viernes, 15 de diciembre, a representantes de Alcoa, sindicatos y Xunta a un encuentro en Madrid, que va a estar presidido por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. Este lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía gallega, María Jesús Lorenzana, se reunieron con representantes de la dirección de la empresa en Santiago de Compostela. Al término del encuentro, Lorenzana se ha mostrado comprensiva con el último anuncio de la compañía. “Esa paralización temporal se puede llegar a entender teniendo en cuenta esa casuística que explican”, señaló, aunque pide plazos concretos para el horno.
La conselleira, según informa Europa Press, traslada que Alcoa no tiene tomada “ninguna decisión respecto a la planta” y que sus quejas se centran en los costes de la energía y unas pérdidas que consideran inasumibles.