El accidente ferroviario de Angrois, con 79 muertos y 143 heridos, es el mayor desafío al que se han tenido que enfrentar en los últimos años los servicios de emergencia de Galicia. Aquel 24 de julio de 2013, el despliegue policial en Santiago por la celebración del Día Nacional de Galicia, la coincidencia del cambio de turno en el hospital compostelano a la hora del siniestro -lo que permitió, de facto, duplicar los efectivos disponibles- y el heroísmo de los vecinos, lanzándose a las vías a rescatar a las víctimas sin pensar en las consecuencias, minimizaron las consecuencias del suceso. Porque la coordinación de los servicios de emergencias fue inexistente durante las dos horas siguientes a la catástrofe, tal y como pusieron de manifiesto los partes internos de la fecha. Ahora, mientras el presidente de la Xunta saca pecho por la colaboración de las emergencias gallegas en Valencia tras la DANA, los profesionales que vivieron la tragedia del Alvia no tienen dudas: hoy se cometerían los mismos errores. En esta última década, dicen, no se ha aprendido nada.
“¿Quieres hablar sobre lo que pone en el papel, que está muy bien, o de la realidad?”. Xabier Villar fue portavoz de la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia y conoce bien la diferencia entre la teoría y la práctica. La explica con un ejemplo recurrente. Al frente de una dotación del parque municipal de Santiago acudió a un incendio urbano en el ayuntamiento vecino de Ames, donde ya estaban interviniendo los efectivos del parque comarcal. Recuerda que, en aquel momento, “no pude llevar a cabo la operación que quería porque estaban los otros compañeros dentro y no sabía si podía meterlos en un problema”. No había forma de comunicarse, ya que “cada uno tenemos nuestro sistema de radio con nuestras frecuencias”. En casos como este, “tres bomberos de un lado y ocho del otro no suman once”.
“Yo, si quiero hablar con los de Santiago, no tengo forma de hacerlo a menos que, en medio de una emergencia, nos pongamos a intercambiar emisoras como quien cambia cromos en el patio del colegio”. José Luis Pareja representa a la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y trabaja en el parque comarcal de Ordes, a 20 kilómetros de la capital gallega y donde cualquier emergencia que active un plan superior lo puede obligar a colaborar codo con codo con los equipos compostelanos. “Podemos aprender de lo que nos pasó y saber cómo habría que resolverlo o hacer lo que la Xunta lleva haciendo veinte años: nada”.
Estas situaciones, si se puede elegir, es mejor que se den siempre en horario de mañana. “En las emergencias de Galicia, después de las tres de la tarde no hay responsables; tampoco en fin de semana ni festivos”. Lo dice Honorino Raña, actual miembro de la Mesa Intersindical y sargento en Ordes. Él es uno de los diez sargentos de los parques comarcales coruñeses. Todos, según cuenta, tienen asignado un turno de ocho a tres de lunes a viernes. “Prefieren tener un sargento de mañana en labores administrativas en lugar de hacer turnos y tener uno las 24 horas del día siete días a la semana”.
Tres no es un binomio
El desolador panorama que dibujan los profesionales solo deja un avance positivo en la última década: el paso a la gestión pública directa, compartida entre Xunta y diputaciones, de unos parques comarcales que, en su origen, fueron privados. Hoy, los 24 puestos -10 en la provincia de A Coruña, 6 en Lugo y 4 en las de Ourense y Pontevedra- suman un total de 436 bomberos, con una media de 18 en cada uno, una dotación que los profesionales consideran claramente insuficiente. “Con unos 650 empezaríamos a tener un buen servicio”, dice Raña.
Sin embargo, el vacío legal no establece un mínimo de efectivos para actuar. Los profesionales se guían por el criterio de la normativa americana basada en los binomios “dos dentro, dos fuera” (two in, two out). El mayor riesgo para un bombero es quedarse solo, aislado, en un incendio donde no ve más allá del brazo -o de la pantalla del casco- y es muy fácil desorientarse. Por eso, una fórmula básica es la de los dos binomios: el que entra a extinguir y el que se mantiene en el exterior, para acudir a rescatar heridos o a realizar alguna labor de apoyo, como el control de las escaleras. Un equipo muy básico lo completarían el conductor y el jefe de equipo, que en ocasiones pueden ser la misma persona. Sin embargo, Villar cita estudios que indican que, para “asegurar un 100% de efectividad” en un incendio en una vivienda, hace falta un dispositivo de 14 personas.
En los parques comarcales, sin embargo, la dotación básica es de solo tres bomberos por turno. “Claro, donde no había nada, poner tres está bien”, ironiza Villar. Pero, además, ese número ínfimo solo se alcanza, con el cuadro de personal actual, si los profesionales multiplican las horas extras. Cuando no se alcanza esa cifra, toca echar el cierre, porque con menos de tres efectivos, el parque no abre. Y raro es el día en el que los 24 parques gallegos funcionan a pleno rendimiento.
“Dejamos de contar los cierres de parques al llegar a los 900”, rememora Raña, que habla de una media de “tres o cuatro” parques cerrados en cada jornada. La situación llegó a tal punto de tensión que el colectivo se mantuvo durante siete meses en huelga, con acampada incluida en la Praza do Obradoiro y espectaculares performances en las que no faltaron el fuego y los trajes ignífugos por toda Galicia. Levantaron el paro tras un acuerdo para negociar cuando pasasen las elecciones autonómicas de febrero. Desde entonces, la situación no ha avanzado. Las demandas del colectivo siguen siendo aumentar la plantilla en más de 200 efectivos.
“Como no hay normativa, pueden decir que con un único bombero ya tienen servicio”, añade Villar. Y están convencidos de que no la hay, precisamente, para no pillarse los dedos. Pareja recuerda que él mismo encontró en la web del Conbé (la Asociación de Consorcios de Bomberos de España) un procedimiento de uso del vehículo autoescalera “donde se decía que hacían falta cinco efectivos exclusivamente para atenderlo”. Poco después de que lo “sacase a relucir”, el procedimiento “desapareció”.
“Madrid es un modelo que nuestro PP podía mirar de reojo, pero no interesa porque, ¿cómo vamos a hacer que servicio mínimo sean 11 efectivos?”, se pregunta antes de responderse a sí mismos. “Es un despropósito. Pero cuando arda Sogama y vayamos tres bomberos, ¿qué? ¿Seremos suficientes?”. Sogama, la Sociedade Galega de Medio Ambiente, es la encargada del tratamiento de residuos para la gran mayoría de los ayuntamientos gallegos. Su sede está en Cerceda, área de influencia del parque de Ordes, que Raña resume así: “50.000 habitantes, 7 núcleos de población y 5 polígonos industriales”.
El 112: telemarketing sin técnicos de emergencias
La “falta de voluntad” que achacan a los gobernantes -especialmente a la Xunta, pero sin olvidar a las diputaciones- es, sobre todo, económica, ya que muchos de sus problemas de medios -“humanos, que para contar en las noticias que se compran camiones nuevos, siempre hay dinero”- se solucionarían con una inyección presupuestaria. Sin embargo, existen otras cuestiones organizativas que, para ellos, muestran la falta de compromiso del ejecutivo autonómico.
“En 2007, la Xunta -gobernada entonces por PSOE y BNG- se dio un año para homogeneizar los servicios de emergencias y dos para dotar a Galicia de un estatuto de bomberos”, recuerda Villar. Casi dos décadas después, el sector sigue siendo algo parecido al ejército de Pancho Villa. “Prefieren crear chiringuitos, atomizar... dividir un colectivo que debe trabajar de forma coordinada o buscar diferencias y ahondar en ellas para que no se produzca una unión que sería un problema para los dirigentes”, resume Pareja.
Sin contar a quienes luchan contra los incendios forestales, en Galicia conviven los bomberos de los parques municipales, los comarcales, los GES (Grupos de Emergencia Supramunicipales, herederos de los antiguos GRUMIR, que lo mismo se encargan de una emergencia que de un desbroce o el pintado de una vía) y los voluntarios de Protección Civil. Todos, “coordinados” desde el 112, un servicio externalizado a la empresa Konecta, la misma que saltó a la actualidad cuando quiso descontar las jornadas a los trabajadores afectados por la DANA de Málaga que no pudieron acudir a su trabajo.
La razón de las comillas en “coordinados” es sencilla: quien atiende las llamadas de alerta son telefonistas “sometidos al convenio de telemarketing”, según señala Pareja. En la central del 112 no hay técnicos de emergencias que puedan realizar una labor similar a la del triaje en las urgencias de los hospitales. Los telefonistas se limitan a recibir el aviso y lo comunican al parque más próximo. La decisión de salir a actuar, decidir el número de medios que utilizará o quedarse en las instalaciones será del jefe del operativo. La responsabilidad de lo que suceda, también.
Eso da lugar a protocolos “absurdos”, como el que obliga a avisar a los bomberos de un cono tirado en una carretera “que puede tener su propio contrato de mantenimiento” pero que, sin embargo, no advierte de un vehículo volcado sobre la vía “si no hay heridos”. “En toda nuestra comarca no hay policía local por la noche y Guardia Civil, una sí y una no. Así que somos los únicos que podemos ir a señalizar el accidente, pero no se nos informa”. ¿Ha habido bomberos en la elaboración de esos protocolos? “Como puedes imaginar, no”.
La Xunta: todo bajo control... de ayuntamientos y diputaciones
La visión de la Xunta es muy diferente. La Consellería de Presidencia, de la que dependen la Dirección Xeral de Emerxencias, asegura que las jerarquías están claras según los planes de protección civil correspondientes a cada caso: “un plan especial en riesgos como inundaciones o incendios forestales, o el PLATERGA -Plan Territorial de Emerxencias de Galicia- en el resto de los casos”. En esos documentos se recoge “que los bomberos se integran en el Grupo de Intervención y también a quién corresponde la jefatura de ese grupo”. Lo que cuentan los profesionales es que, cuando se dan esas situaciones, se decide “en base a la improvisación”.
Sobre las comunicaciones, Presidencia destaca la existencia de una red pública digital “propia y específica para emergencias y seguridad” que “garantiza” una interconexión “segura y fiable, incluso en situaciones extremas o de saturación”. Los bomberos de los parques locales -los de las grandes ciudades gallegas como Vigo, A Coruña o Santiago- no utilizan esta red, que nació en 2015 para “posibilitar la interconexión segura entre todos los efectivos de emergencias” y “mejorar su coordinación”.
El gobierno gallego recuerda que las competencias en estos ámbitos son de los ayuntamientos -cuando superan los 20.000 habitantes- y de las diputaciones -cuando no llegan a esa cifra-, pero que, aun así, “aporta más del 50% de los costes de funcionamento” de los consorcios, y complementa la red de parques con los GES y los voluntarios de Protección Civil. “En los últimos años, se aportaron casi 30 millones de euros en material destinado a estos medios”.
Este argumento es, precisamente, una de las críticas recurrentes de los bomberos. “Hay una apuesta autonómica por dotar de material a mansalva a los voluntarios”. “Esa publicidad genera una falsa sensación de seguridad. Claro, al personal solo lo contratas una vez, pero cada vez que adquieres un vehículo, tienes espacio en las noticias”. Lo resumen con una imagen muy gráfica: “es como comprar quince camiones para un parque pero tener solo un bombero. Un engañabobos para toda la sociedad”, concluye.