El PP gallego acaba de recuperar para su grupo municipal en A Illa de Arousa (Pontevedra) a Matías González Cañón, condenado en 2011 por violencia machista contra su expareja. A pocos días de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, elDiario.es publicó que a González Cañón, candidato de los populares en ese municipio, se le había impuesto una pena de 25 jornadas de trabajos comunitarios por agredir a la que había sido su novia. El PP aseguró entonces que le habían pedido que renunciase a liderar las listas, pero él se había negado. Y Alfonso Rueda asumió públicamente el 25 de mayo del año pasado un compromiso: “Celebradas las elecciones, y sea el resultado que sea, no integrará el grupo municipal”.
Ese compromiso no ha cumplido ni un año. Según adelantó el diario La Voz de Galicia, el PP de A Illa ha pedido incluir a González Cañón en su grupo, el partido a nivel provincial lo ha aceptado y la dirección autonómica asume tanto la decisión como la argumentación. Preguntado al respecto, un portavoz del PP gallego se ha limitado a explicar a esta redacción que se remiten a la nota de sus compañeros en el municipio pontevedrés. Ese comunicado de prensa expone que basaron su propuesta en que cumplió su condena a trabajos para la comunidad, una multa de 89 euros y nueve meses de prohibición de comunicarse con la víctima y en la “ejemplaridad y compromiso contra la violencia machista” de González Cañón. Dicen de él que es “una persona intachable, con un enorme caudal político, humano y social” que “cometió un error”.
Antes de las elecciones municipales, al conocerse el caso, el PP gallego dijo que no podía hacer nada ante la negativa del candidato a retirarse de la lista porque esta estaba ya proclamada. Rueda manifestó en una rueda de prensa que desconocía la condena hasta que la publicó este diario y que su partido había reaccionado con “celeridad” pidiéndole a su aspirante en A Illa que dejase el puesto. El partido decidió no actuar contra el resto de integrantes de la lista que, a diferencia de González Cañón, sí eran militantes del PP y que habían salido públicamente en su defensa. El argumento de Rueda para no actuar contra quienes sí tenían el carné del partido era que “la condena fue a una persona, no afecta al resto del grupo”.
En las elecciones municipales el PP de A Illa mejoró su resultado anterior y pasó de cuatro a cinco concejales. González Cañón no se integró en el grupo municipal de los populares y figuraba hasta ahora como edil no adscrito. En cualquier caso, los cinco concejales son insuficientes para gobernar en el municipio, tradicional feudo socialista y en donde en la actualidad hay un pacto entre PSOE y BNG, que suman seis ediles.
Ahora, los concejales del PP en A Illa sostienen que integrar a González Cañón en su grupo es la manera de “respetar la voluntad de las urnas” y que tomar esta decisión apenas un año después de que el partido se comprometiese a impedirlo es lo que pide “la mayoría social” y también “el sentido común”. El que encabezó la lista de los populares, que es vigilante de seguridad e hijo de Juan José González -durante años, líder local del PP-, fue condenado en 2011 por agredir a su expareja. En el juicio rápido, celebrado en marzo de aquel año, la Fiscalía pidió 10 meses de prisión. Los hechos ocurrieron a principios de febrero de 2011. El relato que el juez dio por probado es que la entonces pareja tuvo una discusión de madrugada en plena calle y él acabó golpeándola a ella en la cara. La mujer terminó aquella noche tendida en el suelo, con un diente parcialmente roto y con lesiones cervicales leves.
Cuando se publicó que González Cañón había sido condenado, el PP de A Illa publicó en su cuenta en Facebook un texto en el que culpabilizaba a la víctima, a la que se refería como una “chica problemática”. El propio González Cañón publicó un vídeo rodeado de sus compañeros del PP en el que acusaba a la víctima de utilizar la Justicia contra él.
Rueda afronta también estos días las críticas de la oposición por la reorganización del organigrama de la Xunta en materia de lucha contra el machismo. Ha cambiado las competencias de Igualdade de la consellería responsable de empleo a la de Política Social. Y ha suprimido lo que era una Secretaría Xeral. A cambio hay una dirección xeral de Promoción da Igualdade -para la que han nombrado a María Quintiana- y otra de Loita contra a Violencia de Xénero -el responsable es el juez Roberto Barba-. El BNG consideró la decisión un “retroceso sin precedentes” y el PSdeG opinó que quedan “diluidas” las políticas de igualdad. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha replicado que no interpreta que haya una “degradación” de estas políticas: “Desvincular la lucha contra la violencia de género de la promoción de la igualdad no es simplemente por los equipos directivos, sino que es una cuestión de centrarse en los problemas reales de esta sociedad. Creo que es una apuesta fuerte tener dos direcciones xerais”.