Lo que pretendía ser la semilla del deseado grupo lácteo gallego ha acabado en la ruina. De un proyecto ambicioso a la nada absoluta. Ese ha sido el resultado de Alimentos Lácteos, después de que la pasada semana el administrador concursal firmara la solicitud para liquidar una empresa que estaba en preconcurso desde el mes de enero. Y con unos 10 millones de euros de deudas a distintos acreedores, además de los préstamos por pagar. Un trágico final después de elevadas inyecciones de dinero público -unos 9 millones de euros- por parte de la Xunta, empecinada en apostar por un proyecto destinado al fracaso desde el mismo momento en el que se eligieron sus gestores.
“A lo mejor era la solución menos mala de entre todas las malas, pero es obvio que la Xunta encargó el proyecto por enchufismo a cooperativas amigas que tenían que asumir enormes procesos de industrialización y con una complejidad muy grande; era algo demasiado ambicioso y sin las garantías suficientes”, asegura Christian López, secretario comarcal de Fgamt-CIG y uno de los portavoces del comité de empresa.
Alimentos Lácteos pretendía darle aliento al sector lácteo gallego a través de una marca de valor añadido (Deleite) y pagando precios dignos a los ganaderos. Para lograrlo, se valdría de la plantilla de la antigua fábrica de Pascual en Lugo, 81 trabajadores que así evitarían el paro al que estaban destinados y que se mantienen en un ERE de suspensión desde el pasado mes de marzo. Ahora, y tras la propuesta de liquidación, esperan la propuesta de un ERE de extinción y confían en mantener la vinculación a las instalaciones con el objetivo de conservar en el futuro los puestos de trabajo en caso de que se recupere la actividad de la planta. En el peor de los casos, el comité ya advierte de que pelearán para que los operarios “tengan garantizadas las indemnizaciones que se tenían garantizadas ya en el ERE de Leche Pascual”.
Los trabajadores son sólo algunos de los perjudicados en una compañía que acumula deudas desde el primero de los tres años que ha durado la aventura. Los presumibles esfuerzos (y promesas) de la Xunta para conseguir un inversor que evitara el cierre se quedaron en nada y la Consejería de Medio Rural continúa en silencio. No sucedió lo mismo igual cuando el Gobierno gallego apostó claramente por dos pequeñas cooperativas amigas, La Arzuana y Gancobre, para llevar el timón del proyecto. Eugenio Montero, teniente de alcalde de Touro por el PP, sería el presidente; el secretario, Arcadio López, número dos en el gobierno municipal, también del PP, en A Pastoriza.
Samuel Juárez, entonces consejero de Medio Rural, decidió que esta era la mejor opción, a pesar de que Feiraco había conseguido reunir alrededor de su proyecto a la mayoría de cooperativas lácteas de Galicia para conformar un gran grupo gallego. Era el más serio y lo que el mundo del campo veía con expectativas de futuro. Pero pocas horas antes de firmarse el compromiso, el ex presidente del PP de A Coruña, Romay Beccaría, forzó un giro ante la sorpresa generalizada, tal y como denunció en numerosas ocasiones Uniones Agrarias. De un proyecto global a una apuesta reducida y vinculada a familias del Partido Popular.
“De hacerse bien las cosas, estaríamos hablando de la semilla del grupo lácteo gallego, pero se hizo todo con mucho enchufismo y amiguismo. Basta decir que el consejo de administración estaba cobrando unos salarios cuando esta empresa nunca tuvo beneficios y la percepción de esos salarios siempre estuvo ligada a la obtención de beneficios”, recuerda Christian López, que denuncia la escasa profesionalidad de los gestores, por lo menos de cara a una apuesta tan fuerte. “Fue un cúmulo de despropósitos, una gestión que se le encarga a gente que a lo mejor puso buena intención, pero que era demasiado para ellos, y más de la forma en la que se hizo. Las consecuencias son las que vemos ahora”, insiste.
El informe del administrador concursal del pasado mes de julio no obvia la irresponsabilidad de los gestores y habla de posibles delitos económicos o del hecho de que los responsables permitieran durante años que el patrimonio neto de la compañía fuese inferior a la mitad del capital social. La auditoría que había Encargado Pascual denunciaba, directamente, la gestión “no profesionalizada” de la empresa.
En su desastre, Alimentos Lácteos arrastró también a cientos de ganaderos, como los que acudieron a las ampliaciones de capital entregando miles de toneladas de leche a cambio. UUAA denuncia que se le deben cinco mensualidades a 800 explotaciones, unos 25 millones de euros, y recomienda acudir a la justicia ante un caso que ya califica como “las preferentes lácteas”, en referencia a las once cooperativas a las que se atrapó con “créditos participativos”.
Además, desde el comité de empresa advierten también de que exigirán las posibles responsabilidades que se deriven de un proceso que acabó en desastre. No se descarta que el juzgado abra un proceso para aclarar como se pudo llegar a esta situación. “Se va a intentar dar carpetazo a lo que fueron inversiones de muchos millones de euros por parte de la Xunta para sus amiguitos; esto arrastró a un montón de cooperativas implicadas que comprometieron mucho dinero. No es de recibo pero lo peor es que era lo que nos temíamos”, concluyen los representantes de los trabajadores. La crónica de una muerte anunciada.