El edificio de A Patiña, en la localidad coruñesa de Cambre, fue construido por la inmobiliaria Fadesa en 1997 y un acuerdo con la Xunta garantizó que las casas, de protección oficial, serían alquiladas por un período de veinte años por un precio reducido. Durante la crisis económica Fadesa le vendió el edificio al Banco Santander, que respetó hasta el 2017 el carácter social de los inmuebles. Sin embargo, ya desde el año 2016 los 50 vecinos y vecinas del edificio empezaron a denunciar que Altamira, inmobiliaria del Santander, había comenzado a desatender el mantenimiento del edificio y había decidido no renovar los contratos de alquiler que se iban terminando. Concluía el período en el que las viviendas debían seguir siendo de carácter social y crecían los rumores sobre una venta de la urbanización a un fondo buitre.
El pasado año la movilización de los vecinos y vecinas, que contó con un importante apoyo en toda la localidad, consiguió que el Gobierno gallego se comprometiera a mediar en la situación, especialmente grave para algunas personas con escasos recursos o en paro. El delegado provincial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, y el director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, informaron de que la inmobiliaria estaba en su derecho de vender las viviendas, pero que había garantizado que los contratos se prorrogarían durante tres años más.
Además, la empresa prometió que no se llevaría a cabo ningún lanzamiento de inquilinos que se encontraran en situación de vulnerabilidad, aunque hubiera impagos del alquiler. Asimismo, en el marco de la campaña electoral de las elecciones municipales, todos los partidos a nivel local expresaron su apoyo y el Ayuntamiento se comprometió a contar con 112 nuevas viviendas de protección oficial.
Sin embargo, en marzo de este año llegó la noticia de que el edificio había sido vendido a una sociedad de capital riesgo (una de las conocidas como fondo buitre), Haya Real Estate S.A.U. Ya en los meses anteriores se habían repetido los incumplimientos de la empresa propietaria en materia de mantenimiento. Los vecinos y vecinas denunciaban que había electrodomésticos como neveras o calderas que llevaban meses sin funcionar y escaleras de zonas comunes que carecían de iluminación desde hacía tiempo. Además, subrayaban que no se había cumplido la promesa de renovar los contratos durante tres años, y que sólo había sido renovado el de una de las familias.
El temor provocado por la venta a Haya Real Estate, una comercializadora especializada en la venta de inmuebles propiedad de bancos, se certificó en las últimas semanas, cuando un gran número de vecinos y vecinas empezaron a recibir notificaciones en las que se les informaba de que el precio de sus alquileres iba a ser incrementado. En algunos casos la subida es del 50%, pasando los pisos de una sola habitación de 200 a 300 euros de forma inmediata.
Para muchas de estas familias la subida es inasumible, ya que por lo general se trata de personas con recursos económicos limitados. Explican, por ejemplo, que una mujer que cobra una pensión de 600 euros y que ya gasta todos los meses casi 200 en facturas de luz, agua, gas y teléfono, tendrá que pagar ahora 300 euros sólo en el alquiler, por lo que únicamente le quedarán 100 euros para su sustento mensual.
La agrupación local de Esquerda Unida denuncia “estas prácticas propias de los fondos buitre” y critica la “dejación de responsabilidades” de las distintas administraciones. “No es necesario expulsar a nadie de su casa, con obligarle a asumir un alquiler desproporcionado para renovar el contrato ya se está obligando a salir de la vivienda a través de medidas desalmadas”, señala la formación.