El 25 de enero de 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy llevaba algo más de un mes en funciones tras las elecciones generales que habían dado lugar a una compleja aritmética para la conformación de mayorías. Tanto, que en junio del mismo año hubo que repetir las elecciones generales. Aquel día el Ministerio de Medio Ambiente confirmó que había concedido a la empresa ENCE, antigua compañía pública privatizada por el Gobierno de Aznar, la prórroga que había solicitado para permanecer en Pontevedra hasta 2073. O, lo que es lo mismo, vía libre para poder sumar un total de 116 años produciendo celulosa en un espacio de dominio público marítimo-terrestre a orrillas de la ría de Pontevedra.
La decisión del Gobierno de Rajoy llenó de satisfacción a la compañía, en cuyo consejo de administración ya se sentaban entonces destacados antiguos dirigentes del PP como Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente con Aznar, o Carlos del Álamo, antiguo conselleiro del ramo con Fraga. Y desencadenó la indignación en los movimientos cívicos y ecologistas que llevaban décadas clamando “ENCE, fóra da ría”. También en el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG desde 1999 y en ascenso pese a los reiterados intentos de los de Rajoy por volver al poder, que anunció su intención de utilizar todas las vías políticas y legales a su alcance para intentar frenar la prórroga.
La polémica prórroga tenía su origen en la Ley de Costas actualmente en vigor. La aprobada en 2013 por el PP, en tiempos de Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente, para sustituir a la anterior de 1988, una nueva ley criticada por su “ambigüedad” por el Consejo de Estado. Esa “ambigüedad” está comenzando a ser enmendada por el Gobierno de Pedro Sánchez y puede acabar condenando la factoría que Rajoy indultó en la que siempre ha considerado su ciudad, indulto que derivó en su declaración como “persona non grata” en el pleno municipal.
Entre otras cuestiones, la norma de 2013 buscaba de modo expreso ampliar la duración de las concesiones en el litoral, pero lo hizo sin dejar claro si el nuevo máximo concesional permitido, de hasta 75 años para las instalaciones con menor impacto ambiental, había que contabilizarlo sumando la concesión inicial más su prórroga o sólo era aplicable a las nuevas prórrogas. En el caso de ENCE esto supondría dirimir si podría quedarse en Pontevedra, como mucho, 15 años más desde 2018 -cuando finalizaba su concesión- o si, por el contrario, podría sumar, por ejemplo, los 60 adicionales que le fueron concedidos.
Un año después de aprobarse la ley, el Gobierno central aprobó en 2014 vía decreto el Reglamento General de Costas que la desarrolló. Al analizar esa nueva norma el Consejo de Estado, presidido entonces por el popular Romay Beccaría, emitió un dictamen muy crítico con la “ambigüedad” que el Gobierno de Rajoy arrojaba sobre los plazos concesionales e insinuaba la necesidad de cambiar la propia ley. “Lo lógico sería que la Ley permitiera la prórroga hasta ese máximo [75 años para los casos con menos impacto ambiental] pero dejando meridianamente claro si se cuentan dichos 75 años desde el comienzo mismo de la concesión (es decir, sumando las duraciones de ambas [concesión original y prórroga])”. El Consejo de Estado, ante esa “ambigüedad”, se preguntaba “si en realidad el plazo total podría llegar incluso a los 150 años”, al sumarse concesión original y prórroga.
Puerta de salida abierta y onda expansiva
En el caso de ENCE, frente a la interpretación favorable a los intereses de la empresa que venían manteniendo los populares, al llegar Pedro Sánchez al Gobierno, la Abogacía del Estado decidió realizar una interpretación más restrictiva. Desde su punto de vista, lo adecuado es limitar la suma de años totales de la concesión. Al tiempo, el Ejecutivo central está impulsando una reforma del Reglamento General de Costas para aclarar esa ambigüedad.
Esta nueva postura la plasmó el Gobierno central en el proceso judicial que en la Audiencia Nacional dirime los recursos contra la prórroga interpuestos por el Ayuntamiento pontevedrés, la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y Greenpeace. La Abogacía del Estado, que hasta el cambio de Gobierno en España había estado defendiendo la prórroga, decidió allanarse -retirarse- del proceso porque ve claro que la prórroga no fue “conforme a derecho” por varios motivos. Uno de ellos, que el “plazo máximo” que podría otorgarse a ENCE sería el que sumara un total de 75 años -hasta 2033-. Otro, que “no quedó justificado” que la celulosa “no pueda tener otro emplazamiento” que no sea sobre este área de dominio público marítimo-terrestre.
El giro estatal fue acogido con alegría en el Ayuntamiento de Pontevedra y en el movimiento ecologista. “Hay una puerta abierta a que podamos recuperar la ría”, resume el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. El asunto ha estado inevitablemente presente en la campaña de las elecciones generales y más aún en la de las municipales. Personal de la pastera se manifestó a las puertas de los principales mítines de Pedro Sánchez en Galicia en ambos procesos electorales y durante la campaña previa al 26M la propia compañía ha emitido críticos comunicados contra Lores y contra el candidato del PSdeG de Pontevedra, Tino Fernández. Entre sus consideraciones, negar que durante estos años haya ejercido la “compra de voluntades” para crear un clima de opinión más favorable a sus intereses en la ciudad, como acusa el alcalde.
Mientras, ENCE no es capaz de frenar el fuerte declive de sus acciones en la Bolsa. El desplome acumulado en lo que va de año en su valor ya se acerca al 30% en una caída que comenzó tras el anuncio de que el Estado dejaría de defenderla en la Audiencia Nacional. Poco antes, en febrero, la pastera había anunciado sus resultados de 2018 con unos beneficios de un 40% y augurios de “más éxitos” para 2019.
5.000 edificaciones en riesgo o apenas una treintena?
También el PP y el propio Alberto Núñez Feijóo en calidad de presidente de la Xunta han aprovechado el cambio de postura del Gobierno de España sobre ENCE en particular y la reforma del reglamento de costas en general como arma electoral. Su argumento es que la restricción del plazo de las concesiones afectaría en Galicia a cerca de 5.000 edificaciones de todo tipo, desde viviendas a industrias o depuradoras. Fuentes socialistas, esgrimiendo datos del Ministerio para la Transición Ecológica, reducen la cifra a una treintena.
Para los populares la modificación del Reglamento General de Costas está siendo tramitada por el Gobierno central “a toda prisa y por la puerta de atrás” con el único objetivo de “justificar su postura sobre [el cambio de opinión sobre] ENCE”. Para los socialistas, la modificación no es más que corregir la “ambigüedad” de la ley de costas criticada por el Consejo de Estado presidido por el popular Romay Beccaría tras años en los que el Gobierno de Rajoy optó por mirar para otro lado.