La investigación judicial de la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera ha sumado en los últimos días un nuevo episodio insólito: la unidad encargada de la investigación de estos hechos, ocurridos en 2002, ha confirmado la aparición de un archivo “desconocido hasta la fecha” que contiene efectos y documentos relacionados con la investigación, y que ha sido localizado cuando se realizaban unas obras de reforma en el Complejo Policial de Canillas en Madrid. La familia de la joven y su equipo jurídico han confirmado el hallazgo, informa Europa Press, que añade que han trasladado su “incredulidad e indignación” por este nuevo episodio en una investigación plagada de obstáculos, torpezas y fallos.
Según han señalado las mismas fuentes, entre el material aparecido en dependencias policiales en Madrid, con motivo de unas obras en el área de la UDEV Central, hay un teléfono móvil sin tarjeta SIM, cintas de vídeo, fotografías y oficios policiales. “¿Cómo se puede haber ocultado un teléfono móvil durante todos estos años? ¿Sin tarjeta SIM?”, ha cuestionado la familia de Déborah, que ha recordado que este hallazgo se produce precisamente en el momento en que la titular del juzgado de instrucción 2 de Tui, que coordina la investigación, ha denegado la petición de indagar acerca de la cadena de custodia del disco duro del ordenador de la víctima. Este dispositivo fue manipulado tras ser recogido por la Policía, según los peritos de Lazarus Technology.
La familia critica también la “negativa reiterada” de la magistrada instructora a las peticiones de su equipo de abogados de que se incorporara a la causa el contenido de todos los legajos policiales de los que se tenía constancia hasta ahora.
La aparición de nuevo material relacionado con la investigación, que aún no ha sido analizado y del que se desconoce su alcance (el teléfono móvil de la propia Déborah permanece extraviado desde hace años), ha suscitado la “sorpresa” de la familia de la joven, que va a pedir “que se depuren responsabilidades” y no descarta la “presentación de reclamaciones judiciales”.
Déborah Fernández-Cervera, de 22 años de edad, desapareció tras salir de su casa el 30 de mayo de 2002 para hacer deporte. Su cadáver fue localizado diez días después en una cuneta de O Rosal, a 40 kilómetros de su domicilio, desnudo y rodeado de pistas falsas.
La investigación policial y judicial fue un cúmulo de “chapuzas”, según la familia, con decisiones como que se tardase años en investigar el teléfono de la chica o su ordenador, la demora de años en inspeccionar el coche de su exnovio o que no se indagase por qué en el listado de llamadas del teléfono de la chica aparecen casi una treintena de huecos en blanco que hacen imposible identificar esas llamadas.
A pesar de un contundente informe policial de 2010 (elaborado tras cambios en el equipo de investigación), que apuntaba al exnovio de Déborah, ese mismo año el juzgado archivó el procedimiento. La investigación fue reabierta a finales de 2019.
En marzo de 2022, por primera en casi 20 años, compareció en el juzgado de Tui la única persona formalmente investigada en relación con estos hechos, su exnovio, Pablo P. S-L., que defendió su inocencia. Actualmente, sigue siendo el único investigado, y el juzgado está pendiente del resultado de algunas diligencias, antes de decidir si archiva la causa o dicta auto de apertura de juicio oral.
Paralelamente, la familia está esperando que se resuelva un recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Pontevedra, cuya sala se reunió para deliberar el pasado jueves, contra la decisión de la jueza de Tui que rechazó seguir la tramitación de la causa por la ley del Tribunal de Jurado.