No ha existido una investigación técnica independiente sobre lo sucedido en el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas al desacarrilar el tren Alvia en las cercanías de Santiago el 24 de julio de 2013. Así lo expresó la Audiencia Provincial de A Coruña cuando, en mayo de 2016, rectificó al juez instructor y ordenó reabrir la investigación sobre el siniestro, en el mismo sentido lo ratificó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) en julio del mismo año y en un tono idéntico lo acaba de reiterar la propia Audiencia coruñesa. Las pesquisas oficiales sobre el accidente, realizadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento no fueron independientes.
La Audiencia coruñesa acaba de notificar un auto que, datado en el pasado 31 de marzo, resuelve varios recursos interpuestos en la instrucción por, entre otras, la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación de personas afectadas por el accidente APAFAS y el abogado del maquinista del tren. Según consta en el auto a cuyo contenido ha cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, los recursos se referían a aspectos como la petición de relevo de varios peritos de la investigación -con mención explícita a un peritaje plagiado, aspecto sobre el que la Audiencia no se pronuncia- y su relevo por técnicos de la ERA y también, en el caso de la plataforma de víctimas, a la retirada de la investigación de la CIAF, precisamente por no ser independiente.
La sección sexta de la Audiencia ha decidido rechazar estos recursos -no ve “irregularidades” en el proceder de los peritos y considera adecuado su labor, dice entre otros argumentos-, también el relativo al informe de la CIAF, que situó al maquinista cómo único culpable, pero en su argumentación incide en la falta de independencia. Así, este nuevo auto hace suyo el criterio expresado en la reapertura de la investigación, cuando la Audiencia consideró que “ciertamente, dado el origen” de los “componentes” de la CIAF, con dependencia directa de Fomento y de las entidades del Ministerio, este informe “no puede ser considerado como una evaluación de agentes independientes no concernidos por el suceso objeto del proceso penal”, esto es, por el propio accidente, “que es precisamente lo que determina la necesidad de pericias judiciales”.
En este contexto, la Audiencia considera que el hecho de que después la Agencia Ferroviaria Europea haya concordado en que el informe de la CIAF “no es válido como investigación independiente” no lo “invalida” como “elemento de interés para la investigación penal”. Este documento, indica, tendrá que ser considerado cómo “uno más de los muchos existentes” en la investigación, y “como todos”, tendrá que ser “evaluado teniendo en cuenta, entre otros factores”, esa falta de independencia. “Pero no por esto tiene que ser eliminado del proceso”, concluye la sala.
La constatada falta de independencia de la CIAF en el momento de realizar esta investigación es uno de los motivos centrales que lleva a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 a exigir una nueva investigación técnica, además de una política, con personal independiente. No obstante, el Ministerio de Fomento ha venido insistiendo en que no puede pedir una nueva investigación a la CIAF porque ahora sí es independiente -su composición cambió para evitar una sanción de la UE-. El horizonte se nubla todavía más porque, como adelantó Praza.gal, en el seno de la CIAF se considera que no existe “nada que justifique reabrir el caso”, a pesar de la abundancia de nuevas informaciones al respecto. Además, desde finales del pasado marzo preside la CIAF el ingeniero y profesor Fernando Montes que consideró en su momento “adecuada” la seguridad de Angrois.
Este nuevo avance en el largo proceso judicial sobre el accidente de Angrois llega en un momento procesal en el que gran parte de los focos están sobre el antiguo jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, investigado por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, quien el pasado día 4 se negó a declarar a la espera de que se resuelvan los recursos sobre su imputación. Mientras, la argumentación oficial del Gobierno de España y de sus empresas públicas sigue siendo erosionada por constataciones judiciales y técnicas de que el riesgo de la línea no fue evaluado como correspondía.