La Audiencia Nacional será la que se ocupe de la investigación judicial sobre el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo el pasado mes de febrero en aguas frente a Terranova. En el hundimiento del buque, de madrugada y en medio de un temporal murieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. De los supervivientes, el patrón, Juan Padín, fue llamado a declarar como investigado y los otros dos, Eduardo Rial -sobrino del patrón- y Samuel Koufie, comparecieron como testigos. El juez Ismael Moreno firma un auto en el que se pronuncia sobre qué juzgado es el competente en el caso y concluye que el Juzgado Central de Instrucción Número 2, el que inició las actuaciones procesuales, debe continuar adelante con ellas.
Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, expone que no hay una previsión legal clara que aborde las circunstancias que se han dado en este naufragio y permita llegar a determinar la competencia de forma clara. Las normas, añade, pueden dar luar a interpretaciones de distinto signo. Se apoya en el principio de ubicuidad, definido en un acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, para considerar que la competencia radicaría en el juez que primero haya iniciado las actuaciones procesales para evitar retrasos indebidos.
Para esquivar posibles cuestiones de competencia con diferentes juzgados de instrucción y las previsibles dilaciones “procede mantener la competencia de este Juzgado Central de Instrucción para seguir conociendo de la presente causa”, indica. Tras un informe de la Fiscalía, la Audiencia Nacional remitió en el mes de abril la investigación a un juzgado de Marín, en cuyo puerto tenía base el barco hundido. Pero este juzgado rechazó que la competencia fuese suya. Otro propuesta para que la inhibición fuese en favor de un tribunal de Vigo queda ahora también rechazada. A esta alternativa, solicitada por el Ministerio Fiscal, se habían sumado los representantes de la armadora, Pesqueras Nores, y la del patrón.
Mientras todavía estaba pendiente de aclarar en qué juzgado recaería la investigación, la Audiencia Nacional citó a declarar como investigado a Padín por su presunta responsabilidad en las 21 muertes. Tras comparecer, el juez Moreno le impuso la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días.
La portavoz de las familias, María José de Pazo, valoró que la Audiencia Nacional sea competente para instruir la causa y manifestó que los familiares están “contentos” por que la decisión esté ya tomada, tras casi siete meses tras el naufragio. Insiste en la petición de los parientes de los fallecidos -solo se recuperaron los cadáveres de nueve- de bajar con un robot y un radar al pecio, hundido a un kilómetro de profundidad y a unas 240 millas de la costa, para buscar pruebas para el juicio. La opción ha sido considerada inviable por el Gobierno central, que ha contratado la contrucción de una maqueta que permita simular lo ocurrido aquella noche con el palangrero gallego.