La auditoría de KPMG no avalaba la solución para las cajas gallegas defendida por la Xunta
24 de noviembre de 2009. Alberto Núñez Feijóo lleva apenas siete meses en la Presidencia de la Xunta y convoca en el área de Gobierno del Parlamento al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y al presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. “Acabamos de poner los datos encima de la mesa como consecuencia del estudio concienzudo que hemos venido haciendo. Y hemos hecho una invitación formal a las cajas, que queremos hacer pública, para que se estudie con rigor, con responsabilidad y, sobre todo, con objetividad”. “Vuelve a tocar evolucionar. Las cajas están llamadas a adaptarse a los nuevos tiempos. Al igual que cinco o seis cajas gallegas dieron lugar a dos, ahora, una vez mas, la situación económica y financiera vuelve a llamar a la toma de decisiones”, apelaba el presidente. Era una de las primeras escenificaciones del apoyo de la Xunta a la fusión de las cajas.
Pocos meses después, en enero, la entonces consejera de Hacienda y actual secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, convocaba a la prensa para, sin el presidente, presentar los resultados de la “auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG” sobre la posible unión. El estudio “independiente” avalaba “la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, porque “la unión de Caixa Galicia y Caixanova es solvente”, “garantiza la galleguidad” y “está avalada técnicamente”. Las “proyecciones de la auditoria”, indicaba la Xunta, “indican que la entidad fusionada dispondría en el año 2015 de una rentabilidad y eficiencia altas”. El 11 de mayo Feijóo aparecía en Monte Pío flanqueado por los máximos dirigentes de las dos cajas para certificar que la fusión echaba a andar.
Los documentos en los que el Gobierno gallego apoyaba en aquellos días su apuesta por la fusión están ahora cerrados en la Sala del Estatuto, en el Parlamento de Galicia, trasladados hasta allí para ser abordados en el marco de la comisión de investigación sobre las malogradas cajas. Entre ellos figura la referida auditoría de KPMG, incluida entre los papeles que la comisión declaró secretos con los votos en solitario del PP. Esta declaración de reserva no impidió, no obstante, que el documento saliera a la luz este miércoles a través de una información de Faro de Vigo. El trabajo periodístico revela, entre otros aspectos, que la auditoría no era tal, que no avalaba la fusión “paritaria” celebrada por la Xunta y que la empresa auditora proponía que Caixanova absorbiese Caixa Galicia, que era más grande pero que también acumulaba un lastre mucho mayor por su exposición al ladrillo. La operación de unión implicaba, además, emitir más de 300 millones en preferentes.
AGE no se considera “obligada” al secreto
Tras la declaración de reserva de la documentación el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, y la viceportavoz del mismo grupo, Yolanda Díaz, instaban al PP a “reconsiderar la decisión de considerar secreta la información remitida por parte de la Xunta”. En caso contrario, dice Beiras, Alternativa no será “cómplice de este fraude”, comenzando por no “considerarse obligados a respetar el secreto y, por lo tanto, a mantener el silencio sobre todo lo que el grupo parlamentario descubra a través de la información remitida al Parlamento”. “No estamos dispuestos a que nos conviertan en siervos”, afirma, y por eso AGE anuncia que “pasará a tener estatus de observador en la comisión” en caso de que la reserva se mantenga en los términos vigentes.
“Mientras no se pueda acceder a toda la información” AGE reclama además que se paralice la comisión, comparecencias incluidas, ya que los grupos tienen apenas “dos días y medio” para consultar 30.000 folios antes del inicio de los trabajos, que implica, precisamente, la comparecencia “de los directivos que se beneficiaron de las abusivas indemnizaciones”. Aún a riesgo de ser “calumniados por parte de algunos que dirán” que AGE sólo busca “montar barullo”, Beiras señala que su decisión es “seguir trabajando”, buscando “las claves de lo sucedido” en los documentos y revelándolo a la ciudadanía. Pero “no vamos a bailar al son que marquen las oligarquías” y por eso, añade Yolanda Díaz, incluso valoran la posibilidad de recurrir a la Justicia, ya que la Constitución garantiza “que los cargos públicos puedan desarrollar su trabajo en unas mínimas condiciones”.
También el BNG reiteraba este miércoles, a través de su diputada Carme Adán, su oposición, “desde el principio, al carácter reservado de la documentación”. “Ahora que ya llevamos analizada gran parte no entendemos que sea reservada”, a no ser por que el PP “claramente intenta obstaculizar esa investigación”, tanto con la declaración de reserva como con las “comparecencias de los máximos responsables de la fusión” concentradas en el mismo día“. En este contexto ”seguimos demandando claridad“ y por eso el Bloque ”trabajará al máximo para que la población conozca la realidad de lo que ocurrió en las cajas, por qué se emitieron preferentes y por qué hubo indemnizaciones millonarias“, dice.
El PP admite que no se aclarará la concesión de indemnizaciones
Mientras comienzan a aparecer vías de agua en el secreto de la comisión el propio PP empieza a admitir que su apuesta por la claridad está ya devaluándose. Al término de la Junta de Portavoces del pasado martes el portavoz conservador en la Cámara, Pedro Puy, evidenciaba ante la prensa que, “desgraciadamente, no estamos en el Congreso de los Estados Unidos” y, por lo tanto, algunas de las materias más sensibles de la investigación, como la adjudicación de indemnizaciones millonarias a los antiguos directivos, no llegarán a esclarecerse.
Puy asegura que siempre fue “escéptico” al respeto, porque lo de las indemnizaciones no es “un problema sólo de confidencialidad de datos”, sino que tiene “una connotación adicional” al estar “siendo objeto de una investigación judicial”. Así las cosas, este será “uno de los puntos en los que la comisión tenga menos capacidad de saber que fue lo que ocurrió”, con independencia de que él, de nuevo personalme