El Ayuntamiento de A Coruña ha arrancado el proceso para intentar anular los acuerdos que a finales de los años 50 y principios de los 60 terminaron con la Casa Cornide en manos de la familia Franco. Lo va a hacer dentro de su estrategia para procurar que el inmueble, ubicado en una plaza de la zona antigua de la ciudad, vuelva a ser una propiedad pública. Según publica el diario La Voz de Galicia, esta revisión de los acuerdos de aquella época es una recomendación de los expertos de la Universidade da Coruña que hicieron el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento antes de presentar una demanda ante los tribunales.
Los movimientos en A Coruña para intentar recuperar la Casa Cornide empezaron hace años y la decisión judicial de entregar el Pazo de Meirás, en Sada, al Estado dibujó la posibilidad como más cercana. Entretanto, el edificio coruñés ha sido declarado bien de interés cultural (BIC). Ahora, el Ayuntamiento ha dado los primeros pasos para tratar de anular la decisión de principios de los años 60 por la que el inmueble se sacó a subasta. En aquel momento formaba parte del patrimonio municipal, después de una permuta negociada por el exalcalde Alfonso Molina con la administración del Estado. Aunque el proceso lo arrancó Molina, lo culminó su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, que fue quien lo sacó a subasta en el verano de 1962. Pedro Barrié de la Maza, empresario, conde de Fenosa, que ya había participado en la comisión que entregó a los Franco el Pazo de Meirás, fue el comprador. Desembolsó 305.000 pesetas de entonces. Y tres días después se deshizo del palacete: se lo vendió a Carmen Polo, la esposa de Franco, por un precio muy inferior, solo 25.000 pesetas.
El Ayuntamiento de A Coruña va a revisar de oficio los acuerdos del pleno para ir adelante con este proceso y va a pedir también al Ministerio de Educación y al de Hacienda que hagan lo mismo con el acto administrativo de permuta de la Casa Cornide al gobierno municipal. Ese fue el proceso que inició, en 1958, Alfonso Molina y que quedó confirmado en marzo de 1962, solo unos meses antes de la puja pública.
De acuerdo con la información publicada, el procedimiento para revisar estos actos tiene que estar finalizado en un plazo de no más de seis meses. Dentro del proceso, el Ayuntamiento dará audiencia previa a los herederos del dictador, que siguen siendo los propietarios, para que presenten alegaciones. También es necesario un informe del Consello Consultivo de Galicia sobre la cuestión de nulidad de los acuerdos, según el diario.