El balonmano gallego se jugará a puerta cerrada un mes tras la agresión en un partido al abuelo de un árbitro

La Federación Galega de Balonmán, junto con los clubs y el colectivo arbitral, ha decidido que todos los encuentros oficiales que se celebren hasta el 18 de enero de 2025 se disputen sin presencia de público, después de que este fin de semana el padre de una jugadora de categoría cadete femenina agrediera al abuelo de un árbitro en un partido que se disputaba en Sanxenxo (Pontevedra).

Según ha informado la Federación —y recoge Europa Press—, varios clubs gallegos de categoría nacional ya mostraron su intención de apoyar esta iniciativa, que busca sensibilizar a toda la masa social de “la responsabilidad conjunta” y de la “importancia de actuar en bloque contra una lacra que ha aumentado de manera preocupante en los últimos años”.

Además, la decisión de jugar a puerta cerrada también trata de “provocar una reacción en las instituciones competentes para que se cree un reglamento contundente” que ampare a todos los estamentos del balonmano ante situaciones “tan preocupantes y peligrosas” como la que se vivió el domingo en Sanxenxo.

“No queremos que la seguridad en nuestro deporte sea un problema; no queremos que se normalicen los insultos; las protestas o las agresiones; no queremos que nadie tenga que exponer su integridad física para evitar sucesos tan preocupantes como el ocurrido; no queremos tener que educar a personas adultas; no queremos tener que exigir sentido común y respeto. Tan solo buscamos la formación y disfrute de nuestros federados y federadas, y de todas esa gente que acude a los pabellones consciente de que somos el ejemplo a seguir para nuestra juventud”, afirma la Federación en un comunicado.

Asimismo, el balonmano gallego pide el apoyo del balonmano nacional, de todas las instituciones y aficionados para que este suceso “no quede en el olvido” y suponga “el cambio tan necesario que todos” desean para este deporte.

Este lunes, la Comisión Galega de Control da Violencia acordó abrir un expediente sancionador contra al agresor por “infracción muy grave”. En concreto, la apertura de este expediente podrá llegar a suponer al presunto agresor una multa de entre 60.001 y 650.000 euros y la realización de trabajos sociales en el ámbito deportivo. Además, como medida cautelar tendrá prohibida la entrada a cualquier recinto deportivo.