Ninguna de las casi 30 preguntas que Partido Socialista y BNG formularon en pleno al presidente de la Diputación de Ourense sobre sus excesos al volante del coche oficial de la institución lo hicieron inmutarse. Ofreció sus respuestas a todo. La principal: José Manuel Baltar no piensa dimitir después de que la Guardia Civil le abriese una investigación por un presunto delito contra la seguridad vial tras cazarlo a 215 kilómetros por hora en dirección a Madrid. Y a juzgar por los titubeos y la prudencia con los que su superior orgánico, el presidente de la Xunta y del PP gallego Alfonso Rueda, se refiere al caso -“estamos hablando del inicio de unas actuaciones judiciales, nada más”, aseguró este viernes-, nadie en su partido se lo va a pedir.
Al día siguiente de la escueta carta en la que difundía sus disculpas por lo sucedido y lo atribuía a un despiste, Baltar se ciñó a esa explicación. No dio más información, y los denodados esfuerzos del portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, no surtieron efecto. El también presidente del PP ourensano abonó la multa de 600 euros “personalmente”, no viajaba acompañado, no pernoctó en Madrid en la noche del domingo al lunes, y en la mañana de este último día se reunió con directivos de la Fundación Democracia y Gobernanza Local y del Instituto para el Futuro del Turismo. Al portavoz del BNG, Bernardo Varela, menos vehemente que Villarino y que insistió en los mismo asuntos, otro tanto.
Pero desde que el pasado martes a la noche elDiario.es destapó los hechos, otros medios -Público y la Cadena SER- han ido publicando otras multas al parque móvil de la Diputación de Ourense. Que componen ocho vehículos y cuenta con un jefe y seis chóferes, según expuso en pleno el propio Baltar. La más estrepitosa, una correspondiente al 19 de septiembre de 2021: un vehículo oficial superaba los 150 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 en la carretera que une Monforte de Lemos y Pantón, en el sur de la provincia de Lugo. La oposición se interesó por lo sucedido aunque, de nuevo, con escaso éxito.
El presidente provincial ni siquiera reveló quien manejaba entonces el automóvil. El jefe de chóferes de la institución remitió un informe, dijo Baltar, en el que constataba la imposibilidad de determinar esa identidad. La Diputación pagó finalmente 1.500 euros de sanción por no conseguir identificarlo. Hubo, que hayan transcendido, ocho multas más, diez en total. Tres como consecuencia de la conducción de Baltar, seis de los conductores del ente provincial y una sin aclarar. “Las sanciones son abonadas por el infractor”, aseguró el presidente, que esquivó así el primer examen político -preguntas escritas para responder en pleno- derivado de su afición a la velocidad. En el que también se habló de un misterioso garaje en la calle Xoán XXIII de Ourense: lo sacó Villarino y Baltar afirmó que no poseía tal garaje. Todo quedó en una nebulosa.
Antes, el PP y la diputada Monserrat Lama, no adscrita elegida por Ciudadanos pero ahora integrada en la mayoría baltarista, rechazaron debatir sobre el asunto como moción de urgencia. Fue precisamente Lama, que el mes pasado explicaba a los medios que le gustaría seguir en política después de las elecciones municipales del 28 de mayo, a quien peor le pareció la idea. “Estamos en un proceso de diligencias y usted no es un juez”, le espetó al socialista Ignacio Gómez, autor de la propuesta, “parecen buitres buscando comida”.