'Patrullas ciudadanas' en Ourense: precariedad de los servicios sociales y oportunismo ultra

Todos los actores consultados para esta información por elDiario.es excepto uno coinciden en algo: el desmantelamiento y precarización de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense es el telón de fondo. Aumentan las personas sin hogar y no hay alternativas para las drogodependientes. El malestar vecinal en determinados barrios de la ciudad como A Ponte, Vinteún u O Pino existe. Educadores sociales o asociaciones de vecinos alertan de que grupúsculos de extrema derecha se están aprovechando de la situación y promoviendo las llamadas patrullas ciudadanas y el discurso del odio. El que parece no verlo es el propio ayuntamiento, que ha ignorado las preguntas de este periódico. Mientras, Subdelegación del Gobierno llama a la calma y asegura que “no se aprecia un aumento significativo” del número de delitos.

“Lo que más nos preocupa es la criminalización de personas vulnerables y sin hogar. Lo que está fallando son las administraciones, la local y la autonómica”, resume en conversación con este diario un educador que prefiere no revelar su identidad. Y en ausencia de políticas sociales dignas de tal nombre, añade, triunfa el discurso del miedo, la persecución de las víctimas y el oportunismo ultra. Menciona una asamblea vecinal “subida de tono” y la presencia de la derecha extremista –algunos de cuyos miembros procedían de Madrid– como punto de ignición y origen de las patrullas, pero insiste en el contexto. Y da alguna clave concreta, como la reforma del parque Canedo, en A Ponte, lugar de pernoctación de personas sin hogar ahora vallado por unas obras. “Esa gente que antes dormía ahí, ahora se mueve por las calles. La inseguridad no ha aumentado, pero se ven más”, considera.

El educador participó hace unos días en otra asamblea, esta convocada por el Espazo Veciñal Ourense (Evou), con el objetivo de “hacer frente a la exclusión social y al fascismo”. Pese al discurso que ocupa páginas en algunos medios de comunicación, dice, hay vecinos a los que tropezar con una de esas patrullas ciudadanas “no da seguridad, sino todo lo contrario”. Mari Montero, presidenta de la asociación de Santa Ana do Pino, está de acuerdo. “Ahora la policía tiene que vigilar a las personas que andan a la caza y captura de otras personas y triplicar efectivos”, lamenta, “además, estas patrullas anexionan gente que aprovecha el rebumbio para robar la forma de pensar y guiar a la gente hacia su política”. Montero también remite a un panorama más amplio y a lo que percibe como cierto eco de los años 80: “Parece que aumenta el consumo de estupefacientes, pero en realidad es lo que ya había, son las mismas personas”.

La líder vecinal sitúa el foco en la compra venta de drogas que, asegura, antes se concentraba en unos pocos lugares y ahora se ha extendido. También apunta a las instituciones. “Si hubiese asistentes sociales, si el concello trabajase por su población y las administraciones colaborasen, el problema se arreglaría. Porque estamos hablando de personas enfermas, las que consumen droga”, sostiene, antes de recordar que sus primeros escritos sobre la materia enviados a los poderes públicos datan de 2018. A preguntas de elDiario.es, el Gobierno local, que encabeza Gonzalo Pérez Jácome, de la derecha populista de Democracia Ourensana, no ha respondido. Sí lo ha hecho la Subdelegación del Gobierno, cuyo titular es Eladio Santos.

“Las patrullas ciudadanas pueden ser peligrosas, porque el trabajo de vigilar las calles y perseguir delitos es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, señala en una comunicación con este periódico, “auténticos profesionales que estudian, practican y trabajan mucho para hacer su labor con profesionalidad”. Pide calma y confianza a los vecinos y recuerda la última operación contra el tráfico de drogas, en el barrio de Covadonga, con 15 detenidos. Además, Santos ratifica que los índices delictivos apenas se han movido en el primer trimestre del año: “Subieron ligeramente los hurtos y robos en vehículos pero descendieron en domicilios y establecimientos. Nada significativo, Ourense es una ciudad segura”.

La oposición carga contra Jácome

La oposición a Jácome comparte parcialmente el diagnóstico. Los socialistas alertan contra las denominadas patrullas que “pretenden hacer justicia por su cuenta y suplantar” a la policía y de cómo funcionan “como soporte de peligrosos grupos de extrema derecha que incitan a la violencia y el odio”. Su portavoz municipal, Natalia González, asegura comprender la “preocupación e incomodidad” de la ciudadanía pero reclama prudencia y una estrategia municipal que “aborde el sinhogarismo y reactive programas y servicios de promoción de la salud y prevención de la adicción”. Mari Montero, de la asociación de vecinos de O Pino, lo explicaba con un ejemplo gráfico: “Los presupuestos de este año ni mencionan Proyecto Hombre”.

Luís Seara, edil y cabeza de lista del BNG en las últimas elecciones municipales, está preocupado por el arraigamiento de la retórica ultra, los discursos xenófobos y de odio que, considera, llegan del exterior. “¿Quién lo financia?”, se pregunta. Comprende, añade, a la gente que padece situaciones de inseguridad y se suma a lo que es casi un consenso general: el desmantelamiento de servicios y programas sociales municipales es la clave. “No se puede abordar desde la represión”, dice, y apunta además al Partido Popular, principal sostén de Jácome y Democracia Ourensana, por “hacer uso partidista” de lo que sucede. La portavoz local de los populares, Ana Méndez, se ha referido a que la solución pasa “por aumentar la presencia policial” y su partido se la exigirá al ministro del Interior, Fernando Grande–Marlaska, en el Congreso.

Pero ni siquiera el PP, aliado de Jácome y que suele agitar el alarmismo de la seguridad ciudadana en las localidades en las que ejerce de oposición a la izquierda, ignora la problemática de los servicios sociales en el ayuntamiento y su desmantelamiento. Incluso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado una “intervención sociosanitaria” debido a la presencia de personas en riesgo de exclusión social. “Somos demasiado individualistas y no nos damos cuenta de que este es un problema de toda la sociedad ourensana”, concluye Mari Montero.