El BNG se desmarca de la Ley de Memoria por no derogar la amnistía a policías y autoridades del franquismo

La Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno central puede convertirse, según el BNG, en “una oportunidad perdida para hacer justicia con las víctimas del franquismo”. Los nacionalistas gallegos se desmarcan así de una norma que este lunes ha comenzado su trámite en comisión y para la que fuerzas soberanistas como EH Bildu, PNV y PDeCat ya han anunciado su apoyo. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, admite que el texto recoge avances pero critica que no derogue la amnistía a policías y autoridades del franquismo, no incluya la restitución de propiedades expoliadas ni declare “lugar de la memoria” el Pazo de Meirás.

Son en concreto los puntos e) y f) de la Ley de Amnistía de 1977 aquellos cuya vigencia supone, a decir de Rego, “mantener la impunidad del franquismo”. Su enunciado indultó los “delitos y faltas” de autoridades, funcionarios y agentes del orden público “contra el ejercicio de los derechos de las personas” o en la “investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley”. Es decir, “todos los actos de intencionalidad política”. El BNG considera que la interpretación de esa norma al amparo del derecho internacional y el carácter imprescriptible y no amnistiable de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o torturas -lo que argumentan PSOE y Unidas Podemos- no funciona. “Esto ya está recogido en la Constitución española y no ha dado lugar ni a un solo caso de investigación de los crímenes del franquismo en los últimos 44 años”, señala Rego, “PSOE y Podemos no están dispuestos a dar el paso. Esperemos que la presión política y social de las asociaciones memorialísticas permita que cambien de postura”.

Sobre el Pazo de Meirás, restituido al Estado hace ahora año y medio, el diputado gallego lamenta que la nueva ley no lo declare lugar de la memoria. Esta figura otorga funciones conmemorativas y didácticas a inmuebles con significado en la represión franquista, como el Fuerte de San Cristóbal, cerca de Iruña (Navarra), o el Palacio de la Cumbre, en Donostia (Euskadi). “Resulta incomprensible la insensibilidad de los partidos de gobierno con la lucha del pueblo gallego por recuperar Meirás”, dice.

La formación nacionalista gallega reconoce, no obstante, elementos positivos en la nueva Ley de Memoria Democrática. Que se declare ilegal el franquismo, los consejos de guerra, los tribunales y los juicios, además de la nulidad de sus sentencias, es uno de ellos. También la definición de víctima de la dictadura, la creación de un censo, la elaboración de un mapa de fosas y que el Estado se haga responsable de la búsqueda de desaparecidos y su exhumación, la constitución de un banci de ADN o el estudio de la memoria histórica en la enseñanza. El BNG celebra, por último, que la norma recoja noticia de la persecución de las lenguas y culturas del Estado “por propuesta conjunta con otras fuerzas soberanistas”.