La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha reclamado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre el vaciado de los embalses por parte de Iberdrola y Naturgy. “Podríamos estar ante un supuesto caso de prevaricación porque se está trabajando para beneficiar a las eléctricas en contra de la ley y del medio ambiente”, ha afirmado.
La líder del principal grupo de la oposición ha considerado que es necesario que los responsables de la Xunta den explicaciones en la Cámara sobre por qué no actuaron pese a conocer previamente que se iban a producir esos vaciados, como demuestran los correos electrónicos remitidos por Iberdrola publicados por este diario. Ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de “ir de ganchete con el lobby eléctico” y de “trabajar contra los intereses de Galicia”
Pontón ha pedido también aclarar por qué se permitieron los desembalses “dañando el medio natural” y por qué la ley de pesca continental aprobada este año en el Parlamento redujo las sanciones por este tipo de práticas en un 90%. Las multas propuestas por la Consellería de Medio Ambiente son de 25.000 euros por presa, lo que supondría una cuantía total de 100.000 euros para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y de 50.000 euros para cada una de las empresas que las explotan.
En una visita este miércoles el embalse de O Vao, en el Ayuntamiento de Viana do Bolo (Ourense), Pontón ha criticado los vaciados. El Gobierno central y la Xunta han abierto expedientes -informativos en el primer caso y sancionadores en el segundo-, pero únicamente sobre la bajada del nivel en As Portas, Cenza, Salas y Belesar. La portavoz nacional del BNG ha denunciado que el descenso del agua responde “única y exclusivamente a que las eléctricas ganen más y más” en una “estafa diaria” que dura “meses”.
Pontón ha cargado contra la “hipocresía” de la Xunta de Galicia por llevar dos meses “de brazos cruzados” y por utilizar lo ocurrido para “su confrontación estéril contra el Gobierno del Estado”. También ha acusado a ambos gobiernos de permitir un “atentado ecológico y contra lo que debería ser el funcionamiento normal del sistema eléctrico”.