Para adoptar a un perro, para los cuidados de personas dependientes, para que los jóvenes hagan deportes federados o para impulsar el turismo en un contexto de récords de visitantes que se superan cada año. Para todas estas áreas la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una política de descuentos sufragados con fondos públicos. La idea de los bonos para fomentar el consumo o ayudar a afrontar gastos es habitual en las administraciones –el Gobierno central concede, por ejemplo, un bono cultural a los jóvenes– pero en el caso gallego las áreas temáticas que abarcan se han expandido en los últimos meses.
Los partidos de la oposición hacen críticas a esta forma de gestión o a su aplicación. La diputada portavoz del área de comercio del BNG, Carmela González, señala que no están en contra de los bonos “en sí”, pero depende del uso que se les dé. Las objeciones son sobre todo a los fondos destinados a los del comercio –“son muy escasos, se agotan en pocos días”– y a que no se incluyan otros programas como el plan para renovar electrodomésticos. González expone que los bonos están centrados en las operaciones en los pequeños negocios, pero no así las campañas para los aparatos electrónicos del hogar, que benefician a grandes superficies, al igual que el bono deporte, dice. También le recrimina a la Xunta el “uso electoralista” que les ha dado a estas herramientas, con los anuncios en precampaña y campaña.
Para el PSdeG estas políticas de bonificación son “populismo fiscal” e incluyen “trampas”, como en el caso de fondos para apoyar a los cuidadores de personas dependientes que existían con el gobierno bipartito de PSOE y BNG y el PP retiró. También considera que se dirigen “a colectivos socioeconómicos determinados” y que no son los más necesitados. Al mismo tiempo, compara, al Xunta ha retirado la tarjeta básica –dirigida a personas vulnerables–. “Las prioridades del Gobierno gallego deberían ser otras”, dice el partido.
La política de bonos es contenido habitual de las comparecencias ante la prensa que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hace cada semana después de la reunión de su gabinete. En la del lunes 3 de junio presentó el más reciente, el “bono Remuda”, es decir, unas ayudas directas para quienes quieran dar el relevo a propietarios de negocios “viables” que no tienen a quién legárselos llegada su jubilación o si, por ejemplo por una incapacidad, no pueden continuar al frente. En especial, dijo Rueda, en municipios del rural de menos de 5.000 habitantes en los que estos comercios pueden ser los únicos que quedan en su localidad.
Algunos de estos descuentos se derivan del plan de recuperación tras la pandemia, como en el caso de los dirigidos a las compras en comercios minoristas o al fomento del turismo. Con la situación normalizada, el Gobierno gallego está dando muestras de querer incorporarlos a su estrategia básica y sigue reeditándolos. Además, al calor de la campaña para las elecciones autonómicas del pasado febrero, ha añadido otros para mascotas, deporte y cuidado de dependientes.
Hace unos días se anunció la renovación de los descuentos para estimular el turismo. Los récords de visitantes (más de siete millones en 2023, la cifra más alta registrada) no han hecho a Rueda matizar su idea de que Galicia está lejos de su techo más que para señalar que el deseo es que los visitantes lleguen todo el año. Así justificó mantener este bono, reciclándolo para lo que considera una mayor sostenibilidad de la actividad con descuentos para viajeros alojados en hoteles una vez terminada la temporada de más afluencia, en verano. Los bonos, de hecho, se pueden utilizar desde mediados de septiembre hasta finales de año. El objetivo de la medida, que permite descargarse hasta dos bonos de 150 euros por persona –la Xunta paga el 40% del importe y le destina un millón de euros– “no es ya revitalizar el mercado, sino favorecer la desestacionalización”. La idea, añadió el presidente gallego, “funciona” porque el año pasado el número de viajeros subió en 10 de los 12 meses.
No son los únicos descuentos para turistas sufragados con fondos públicos: a finales del año pasado el Gobierno gallego decidió extender el programa Xacobeo Xove, hasta entonces dirigido a jóvenes gallegos, a los peregrinos menores de 30 años procedentes de cualquier punto de España para que hiciesen el Camino de Santiago. La Xunta aporta dinero para que se rebajen en 200 euros los paquetes turísticos que ofrecen varias agencias de viajes. La justificación, una vez más, es desestacionalizar el turismo.
Material deportivo, pero no libros de texto
Entre los heredados del plan de recuperación tras la pandemia están también los bonos Activa Comercio. En su quinta edición, abierta en abril, se agotaron en un récord de apenas cinco días. Y, entre los de nueva creación, hay aportaciones –150 euros por perro, 125 por gato– para quienes adopten a un animal de un refugio. La intención es cubrir gastos de desparasitación, vacunación, esterilización e identificación.
Se otorgaron también descuentos sufragados por la Xunta para la compra de material o el pago de servicios para menores de entre seis y 16 años practiquen algún deporte federado. El bono permite rebajar las facturas en hasta 120 euros. En cada compra se aplica un descuento del 80% en función de la cuantía y la cantidad se retira del bono hasta que este se agote. Rueda defendió que esta medida –y el resto de los bonos– se aplique sin tener en consideración la renta de quien la recibe y que, al mismo tiempo, su Gobierno siga rechazando recuperar la gratuidad general de los libros de texto. “Son ayudas diferentes. Es opinable, pero hay ayudas que considero que se pueden repartir sin tener en cuenta criterios de renta, otras que sí [han de tener en cuenta esos criterios] y otras que no deberían ni ser repartidas”, dijo después de anunciar estos bonos.
Un bono universal que no lo era tanto
En el debate del estado de la Autonomía, ya con ambiente preelectoral, Rueda hizo un anuncio de lo que llamó también bonos: una ayuda extra de 1.200 euros al año para quienes ya estuviesen ingresando una aportación pública para vivir en una residencia y una aportación anual de 5.000 euros para “todas” las personas con dependencia que reciben cuidados en el hogar. Pero había matices en esta última: incluía únicamente como beneficiarios a quienes ya tenían aprobado un apoyo económico para atención en el domicilio en su programa individual de atención (PIA) y, para el caso de las situaciones de dependencia de grado 2 y 3, requería que cuidador y persona dependiente viviesen en el mismo domicilio. Ese aspecto excluía a quienes, por ejemplo, reciben atención de un vecino, uno de los casos que el propio Rueda había citado expresamente.
Sobre la cuantía, el presidente aseguró que este bono de cuidado en el hogar sería una aportación de 5.000 euros al año. En realidad lo que se hizo fue garantizar que los alcanzará si no los alcanzaba. La orden que se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) exponía que, de no llegarse a 416,66 euros mensuales, la ayuda que ya se recibía se incrementaría en la cuantía necesaria para que sí lo hiciese. Esos 416,66 euros multiplicados por 12 meses son los que arrojan el total de 5.000 euros.
El PSdeG carga contra el carácter electoralista que ve en varias de estas medidas, anunciadas en campaña y considera “sorprendente” que haya ámbitos en los que los bonos son universales pese a la postura del PP contraria a la universalidad, por ejemplo, en la gratuidad de los libros de texto. Considera que es “incongruente” que el partido “defienda la progresividad en los derechos y la universalidad en las bonificaciones en ocio”. Los descuentos, agrega, benefician a sectores socioeconómicos que “no siempre son los que más lo necesitan”, de modo que hay “una marca obvia de clase”.