En la Casa Cornide, en una recogida plaza de la ciudad vieja de A Coruña, no se observa ajetreo. El edificio, un palacete de aires barrocos levantado en el siglo XVIII, pertenece a los descendientes del dictador Francisco Franco y continúa cerrado a cal y canto pese a que hace más de un año que fue declarado bien de interés cultural (BIC), una figura que obliga a abrirlo al público un mínimo de cuatro días al mes. La situación, que repite los esquemas de la que se dio con el Pazo de Meirás, ha llevado a un intercambio de comunicaciones entre la administración autonómica gallega -la responsable de hacer cumplir la ley que obliga a permitir visitas al inmueble- y la familia Franco.
La estrategia seguida por los herederos del dictador ha sido la de intentar hacer creer a la Xunta que la casa está habitada. Ese es uno de los supuestos que podrían evitarles abrirla. El Gobierno gallego no da por bueno el argumento. Se remite a lo visto por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en una visita hecha el 7 de marzo de 2023: “Se encuentra prácticamente vacía de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. Esta redacción ha accedido a la carta completa con la que el Gobierno gallego contesta al intento de los Franco de quedar exentos de la obligación de abrir el inmueble. Se puede consultar íntegra al final de esta información.
En ese documento, firmado el 25 de abril por la directora xeral de Patrimonio Cultural, Carmen Martínez Insua, la Xunta responde a la petición de los herederos del dictador. En ese momento se había cumplido ya un año desde que el Gobierno gallego aprobó la declaración como BIC del inmueble. En esos 12 meses, los titulares del edificio no habían cumplido su obligación de abrirlo cuatro días al mes, al menos cuatro horas, y en jornadas conocidas con antelación. Esta exigencia sigue sin satisfacerse en la actualidad: la Casa Cornide continúa cerrada.
La Xunta se ha limitado en este tiempo a anunciar que tomará medidas y a informar de que les ha reclamado a los herederos de Franco que remitan un calendario de los momentos en los que permitirán visitas del público. La petición se la hacen, de hecho, en esta misma carta. Les dan un mes para que respondan. Transcurrido ese tiempo, esta redacción se puso en contacto con la Consellería de Cultura para preguntar si han recibido la propuesta de calendario. La contestación del departamento que dirige José López Campos es que los propietarios han presentado alegaciones, que “están siendo evaluadas por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio, que trabajan ya en una propuesta de resolución”.
La misiva de la Xunta, obtenida al amparo de la Ley de Transparencia, explica que el documento enviado por los Franco tiene fecha del 29 de enero, aunque el registro en la Xunta consta del 8 de marzo, a nombre de Jaime Felipe Martínez-Bordiú, en representación de todos los propietarios. Citan el artículo 48 de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia para pedir estar exentos de la apertura de la Casa Cornide. Esa disposición dice que, si hay una causa justificada, no hay que cumplir la obligación de abrir el inmueble y que el deber de permitir el acceso no se aplica, en cualquier caso, a “los espacios que constituyan domicilio particular o en los que pueda resultar afectado el derecho a la intimidad personal y familiar”.
Pero, en este caso, la Xunta concluye, por la ausencia de muebles, que la casa no está habitada, aunque sí les indica a los Franco que, si pasase a estarlo, tanto por alguno de los propietarios como por un arrendatario, sí se les podría dispensar de la obligación de permitir visitas, al menos en parte del edificio.
Intentos de venta
Sobre la Casa Cornide hay otro proceso en marcha. En este caso, parte del Ayuntamiento de A Coruña para tratar de recuperar el inmueble para la propiedad pública. La vía elegida es la de revisar los acuerdos que derivaron, a principios de los 60, en que el palacete terminase en manos de Carmen Polo. Por el momento, no hay un recurso ante la Justicia equivalente al que hizo en 2020 que el Pazo de Meirás pasase a manos del Estado.
La idea es tratar de anular la decisión municipal por la que el inmueble se sacó a subasta hace seis décadas. En aquel momento formaba parte del patrimonio municipal, después de una permuta negociada por el exalcalde Alfonso Molina con la administración del Estado. Aunque el proceso lo arrancó Molina, lo culminó su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, que fue quien lo sacó a subasta en el verano de 1962. Pedro Barrié de la Maza, empresario y conde de Fenosa, que ya había participado en la comisión que entregó a los Franco el Pazo de Meirás, fue el comprador. Desembolsó 305.000 pesetas de entonces. Y tres días después se deshizo del palacete: se lo vendió a Carmen Polo, la esposa de Franco, a precio de ganga, solo 25.000 pesetas.
Dentro de ese proceso abierto por el Ayuntamiento de A Coruña, los Franco han presentado alegaciones. Aseguran que son dueños “de buena fe” del palacete y que las medidas de la corporación local responden al “oportunismo político”.
El paralelismo con Meirás
Tras la histórica sentencia que puso Meirás en manos del Estado, el proceso para recuperar la Casa Cornide se perfiló como alcanzable. Los Franco pusieron entonces a la venta el palacete coruñés. Y dos años después, mientras las administraciones cruzaban acusaciones por la lentitud de sus respectivas iniciativas, redoblaron los esfuerzos con más anuncios en páginas de venta de inmuebles.
Ahora, con la protección que le da al edificio la declaración BIC y los procesos de revisión de los acuerdos de los 60 en marcha, la reacción de la familia Franco recuerda a la que tuvo cuando se declaró BIC el Pazo de Meirás en 2008. Entonces los descendientes del dictador litigaron contra la obligación de abrir al público el inmueble y no fue hasta 2011 que se hicieron las primeras visitas, de las que pasó a encargarse la Fundación Francisco Franco con la intención de hacer loas a “la grandeza” del dictador. No fue el fin de las dificultades para el acceso de la ciudadanía: en las épocas estivales en las que se desplazaban a la propiedad esta volvía a quedar cerrada al público. Las insistentes denuncias por la situación derivaron en 2017 en una multa de 4.500 euros que impuso el Gobierno gallego, pero que no se llegó a cobrar porque la titular del inmueble, a nombre de quien estaba la sanción, era Carmen Franco Polo, que falleció antes de que se hiciese firme.