El caso inédito de los murales de Lugrís: el derecho de tanteo se cuela por primera vez en una subasta judicial

El tanteo es un derecho de adquisición preferente en la transmisión de bienes culturales, con el que la administración puede igualar la oferta más elevada y asegurar así la propiedad pública de una obra de arte. Sin embargo, este instrumento está pensado y acotado para el mercado libre, ya sea entre particulares o en subasta pública, pero no para una subasta judicial. Por eso, el caso de los murales que Urbano Lugrís pintó en las paredes de un edificio que hoy, camino de la ruina, está sumido en un concurso de acreedores, supone un caso inédito que está siendo seguido con el máximo interés por los expertos.

“Es la primera vez que, en medio de una subasta judicial, se mete un Bien de Interés Cultural (BIC). La Xunta tendrá que actuar con diligencia para conseguir que se aplique”. Javier García es catedrático emérito de Derecho Constitucional y fundador de la única revista que conjuga, desde su mismo nombre, Patrimonio Cultural y Derecho. El Gobierno gallego no se cierra a ninguna posibilidad, pero un portavoz señala que, hoy, ese escenario es un “futurible” que habrá que plantearse si se llega a él.

La de la administración autonómica es una de las cuatro ofertas presentadas ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña para adquirir los murales, ubicados en dos edificios contiguos de la calle Olmos, en A Coruña. Lugrís diseñó estas pinturas para el Restaurante Fornos, un popular local que forma parte de la identidad coruñesa y de su memoria social que ya existía en el siglo XIX. Allí, el investigador Anxo Rabuñal recuerda haber visto a niños “picando los murales con un bolígrafo”.

La Xunta ofreció 35.000 euros por las obras, mil menos que un particular cuyo nombre no ha trascendido. La puja más elevada, 40.100, llegó de Prolar Arte S.L., una empresa vinculada a la sala de exposiciones Montenegro de Vigo; días después la retiró al conocer la presencia del ejecutivo autonómico ya que su objetivo, según sus responsables, era el mismo: asegurar la conservación de los murales antes de cederlos a un museo. Por debajo, en 30.000 euros, se quedó la cifra de la empresa inmobiliaria interesada en comprar los dos inmuebles anexos.

De forma paralela, la magistrada ha dictado una providencia en la que solicita al administrador concursal que informe al juzgado sobre las circunstancias y aspectos legales de la venta de los murales, entre ellos la posibilidad de que se trasladen, algo que a García le parece “razonable” si se demuestra “el riesgo de la situación presente” y se aseguran “su estado y su accesibilidad”.

No es de la misma opinión el catedrático de Historia del Arte Juan Manuel Monterroso, al que el Concello de A Coruña encargó el informe que sustenta la declaración de los murales como BIC. En una entrevista en La Voz de Galicia, destacaba la importancia de conservarlos “in situ”. “Cualquier pintura mural tiene sentido dentro del espacio donde se piensa. Desarraigar estas obras puede permitir su conservación pero, a lo mejor, les resta parte del sentido”.

Es la tesis que también defiende Rabuñal. “Si la intención es llevárselos y que se haga cargo de la operación el Museo de Bellas Artes de Coruña” -una posibilidad aceptada por la Xunta y que se adapta a la demanda del ayuntamiento para que los frescos se mantengan en la ciudad- “estamos en el peor escenario posible”,

“Supondría la conversión definitiva de los murales en un fetiche”. Para él, esta “pieza de arte urbano” debe quedarse en su lugar y, si los propietarios no pueden garantizar su estado, “que vendan el edifico a la administración, como harían con un pazo protegido”. “Es como un Cristo o una virgen, que tienen sentido dentro de una iglesia”, zanjó.

El 5 de marzo, una semana después de conocer la diligencia de la jueza, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba la incoación para declarar BIC en la categoría de monumento, los doce murales de Lugrís. La Consellería de Cultura iniciaba así el procedimiento para otorgar “la máxima protección patrimonial” al conjunto tras recibir los informes municipales. Aunque dispone de 24 meses desde su publicación para finalizar el expediente, el inicio del proceso garantiza ya la protección inmediata del bien.

Sin embargo, desde el colectivo ciudadano In Nave Civitas, creado para defender la obra de Lugrís, se echa de menos una acción contundente. Una semana después de la publicación en el DOG, su portavoz, Rodrigo Ossorio, se lamentaba en pleno temporal: “Los frescos siguen abandonados y recibiendo toda la lluvia de este fin de semana pese a estar formalmente protegidos como BIC”.