La jueza que investiga el asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña necesita la ayuda de Facebook, propietaria de Whatsapp e Instagram, para avanzar en sus pesquisas. La instrucción del caso sostiene sus principales acusaciones sobre las imágenes que aquella noche grabó una cámara de tráfico de la Policía Local. Además de lo anterior, el caso se apoya en las declaraciones de los testigos que se encontraban en la zona durante la brutal paliza. Ahora, la magistrada del juzgado número 8 de A Coruña quiere dar un paso más: obtener pruebas incriminatorias en los mensajes que esa noche se pudieron haber cruzado los principales investigados desde sus cuentas de Whatsapp e Instagram. Al menos uno de los encarcelados ya ha declarado que esos mensajes existen.
La llave para acceder a esa información está a más de 8.800 kilómetros de distancia del lugar en el que Samuel perdió la vida a los 24 años la madrugada del 3 de julio. La localidad californiana de Menlo Park, sede de la compañía fundada por Mark Zuckerberg, es clave para el avance del caso. Las autoridades judiciales españolas han solicitado la colaboración de la justicia norteameriamericana. Para ello se ha tramitado una comisión rogatoria en la que piden a Facebook que abra los archivos de los principales investigados. En la actualidad un total de siete personas están privadas de libertad por su participación en el crimen; cinco se encuentran en prisión, al ser mayores de edad y otros dos están recluidos en centros de menores. Todavía no hay fecha de juicio.
Los primeros pasos dados por el juzgado número 8 de A Coruña, a través del juez de enlace, no han ofrecido resultados: la justicia de EE.UU. pide más información. El proceso, según explican a elDiario.es fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se impulsa a través de un fiscal norteamericano que, una vez reciba toda la información, debe decidir si inicia una causa en los tribunales de aquel país para pedirle a un juez que ordene a Facebook la entrega de la información. La primera comunicación con ese fiscal ha generado un mensaje de vuelta: España debe justificar mejor su reclamación a Facebook si quiere que el caso prospere.
El pasado 20 de septiembre el juzgado de A Coruña envió un segundo escrito con argumentos como el siguiente: “Todos los investigados son amigos del mismo grupo por lo que es necesario acceder al contenido de sus mensajes desde el 2 de julio de 2021”. Esta segunda comunicación enviada desde el juzgado español a la fiscalía norteamericana incide en la sospecha de que en esas cuentas hay información clave para la resolución del caso y, para acreditarlo, se incorpora parte de la declaración de uno de los investigados, K. A. De él se dice que “manifestó en declaración judicial que se estuvo comunicando durante varios días con el resto de agresores”.
La empresa tecnológica Facebook todavía no ha recibido ninguna petición formal de los tribunales estadounidenses. La compañía está a la espera de que un juez asuma la petición del tribunal español y tramite la reclamación de datos. En comunicación con esta redacción, un portavoz de Facebook recuerda los criterios con los que la empresa actúa en casos como este: “Únicamente revelamos datos de las cuentas de nuestros usuarios de acuerdo con nuestras condiciones del servicio y la legislación aplicable. Para exigir la revelación del contenido de una cuenta es posible que sea preciso presentar una solicitud de asistencia judicial mutua o un exhorto”.
Los datos que Facebook almacena sobre sus usuarios europeos se encuentran alojados en un servidor de Irlanda, sede europea de la compañía. Las transferencias que la empresa ha realizado en el pasado para enviar parte de esa información a EE.UU. están bajo vigilancia de las autoridades irlandesas, bajo amenaza de multas millonarias por la migración de los mismos. En esta crónica de septiembre de 2020, Àlex Llorca lo explica.
En cuanto al esclarecimiento del asesinato de Samuel, saber dónde están los datos no es tan importante como convencer a quién tiene la llave para desbloquearlos. Las leyes norteamericanas marcarán la decisión que adopte la compañía, al margen de lo que marque la legislación del lugar en el que se ha cometido el crimen.
Asesinato homófobo
En su escrito a la administración estadounidense de justicia el juez del caso da por hecho que en el asesinato de Samuel medió el móvil homófobo. Así lo hace constar en uno de los párrafos en los que relata los hechos para que EE.UU. decida si colabora o no. Ese texto, contenido en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, dice lo siguiente: “Debido al incidente ocurrido con el teléfono y, a su vez, en el convencimiento por parte de D. [M.] de que Samuel era homosexual le insulta y comienza a agredirle”.