A finales de julio el personal de las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés veían aliviado el conflicto por el que se movilizaban desde el otoño de 2018: el fondo de inversión Parter Capital ratificaba las condiciones para comprar las fábricas de aluminio que la multinacional estadounidense amenazaba con cerrar. Entre las garantías, el mantenimiento del empleo durante dos años, pero con un escenario general condicionado a una bajada de los precios de la energía eléctrica. Es decir, a la aprobación por parte del Gobierno de España del prometido estatuto de las industrias electrointensivas.
Siempre desde la reivindicación de la inmediata aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, el personal de la fábrica de A Coruña, renombrada como Aluiberia, recibió con satisfacción el cierre de la operación que lo salvó del ERE. Mientras, en la Xunta reinó la frialdad. El conselleiro de Industria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, Francisco Conde, advirtió de que la ausencia de esa normativa eléctrica convierte cualquier solución para la fábrica coruñesa en provisional y mantiene la incertidumbre sobre la factoría que Alcoa mantiene en San Cibrao (Lugo). Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez replicó reprochando que el Gobierno gallego apenas se había implicado en la resolución del conflicto.
Este fue el primer capítulo de lo que este agosto ha derivado ya en conflicto político abierto entre ambos gobiernos con un doble aroma preelectoral: el de las seguras elecciones gallegas, que se celebrarán a más tardar en otoño de 2020, y el de las eventuales elecciones generales que se celebrarían el 10 de noviembre de este 2019 en caso de que la investidura de Pedro Sánchez no fructifique. La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, visitó Galicia el pasado lunes con la resolución del balance de la resolución del conflicto de Alcoa encabezando una agenda que no incluyó encuentro alguno con la Xunta, lo que en el gabinete de Feijóo leen como una “falta de respeto impropia de un gobierno responsable”.
Formalmente, el viaje de la ministra consistió en sendas visitas institucionales a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago -ambos gobernados por el PSdeG- y en un acto de partido con el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. En el caso coruñés la visita incluyó también una reunión con representantes del personal de Aluiberia. Allí Maroto dejó críticas al Gobierno de Feijóo: “hay que estar a la altura” y ser “agradecidos”, dijo la socialista tras asegurar que no había recibido ni una “llamada” de felicitación del conselleiro Conde tras la confirmación de la venta.
En el acto compartido con Caballero la ministra en funciones agregó además además lo que el PPdeG ha interpetado como una presión del Gobierno de España en clave partidaria. Es una “gran contradicción”, afirmó, que el PP “bloquee la formación de gobierno” por parte de Pedro Sánchez, porque “si se bloquea la formación de gobierno, se está bloqueando el Estatuto del Consumidor Electrointensivo” que los populares podrían acelerar absteniéndose en la investidura.
La respuesta de Feijóo llegaba este martes, en el marco de los encuentros que mantuvo con representantes de Parter Capital, a los que ofreció “un plan de formación” para la plantilla de Aluiberia en A Coruña y ayudas para financiar inversiones. Se reunió además con representantes del personal, que pide el fin de las “felicitaciones”, ya que ahora es tiempo de “trabajar” para garantizar que el horizonte de la factoría no es de solo dos años.
La solución de la fábrica de aluminios siempre será “provisional” mientras no haya estatuto electrointensivo, reiteró el presidente de la Xunta. Desde su punto de vista, la visita de Maroto y sus declaraciones han sido una “falta de respeto”. Mientras, para el líder del PSdeG, Caballero, ha quedado claro que lo único aportado por la Xunta y el PP a este conflicto han sido“palos en las ruedas”: “primero diciendo que no había inversores” y después “dando por definitivo el cierre de las plantas” tanto en A Coruña como en Avilés.
Mientras se producía este cruce de declaraciones, que el BNG interpretaba este martes a través de su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, como un ejercicio de “partidismo cutre” de populares y socialistas, la incertidumbre continúa en la fábrica gallega que sigue siendo de Alcoa, la de San Cibrao, en la comarca de A Mariña, en la costa lucense. Así, el comité de empresa de esta fábrica ratificaba este mismo martes que la empresa rebaja la producción de aluminio un 6,25% adicional al 5% que ya estaba aplicando. “La situación es muy preocupante y se puede agravar de no aprobarse en breve el estatuto para la industria electrointensiva”, advierte el personal, que ya valora nuevas “medidas reivindicativas”.