Una exresponsable de gestión de la empresa Ambulancias do Atlántico, que presta el servicio de transporte sanitario en el área de Vigo, ha sido condenada a un año y tres meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber difundido cartas de la Inspección de Trabajo que iban dirigidas a los representantes de los trabajadores.
El sindicato CIG explica que a finales de 2020 los tres delegados de prevención de la empresa, que son de diferentes sindicatos, presentaron varias denuncias ante la Inspección de Trabajo. El 16 de abril del año siguiente le pidieron a la autoridad laboral información sobre el estado de los procesos y 15 días después recibieron un correo con la respuesta: la “sorpresa” era que quien se lo remitía era la entonces responsable de gestión de Ambulancias do Atlántico, que adjuntaba la carta de la Inspección escaneada y enviaba la comunicación no solo a los representantes de los trabajadores, sino a otros responsables del grupo empresarial, al departamento jurídico de la compañía y a una abogada externa.
El 19 de mayo de ese mismo año, uno de los delegados que había presentado denuncia recibió de la empresa la comunicación de la Inspección, pero sin sobre.
El proceso se repitió con la respuesta a otra denuncia presentada por el delegado de la CIG el 4 de marzo de 2021 ante la Inspección de Trabajo. Recibió un correo de la misma responsable con la carta escaneada y también se le había remitido a otras personas. Cuando se le entregó físicamente la respuesta de la autoridad laboral unos días después, la carta estaba en un sobre abierto.
Los delegados de la CIG denunciaron lo ocurrido por la vía penal y el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra le impone la condena a esta responsable por revelación de secretos en la modalidad de difusión a terceras personas. La empresa ha sido considerada responsable de los mismos delitos. La sentencia, que se puede recurrir, fija una multa de 15 meses con una cuota diaria de seis euros para la exjefa de gestión y de nueve meses con una cuota diaria de 100 euros para cada uno de los dos delitos atribuidos a la empresa.
La compañía, asegura la CIG, ya había incurrido en comportamientos similares antes, al igual que la extrabajadora condenada. Un representante asegura que ya se había encontrado una carta abierta en 2019, pero no denunció porque lo atribuyó a un error. La empresa fue condenada en 2022 por vulnerar la intimidad de una trabajadora a la que, estando de baja, le abrieron la taquilla para cedérsela a otra persona. En diciembre de 2023, agrega el sindicato, la Justicia anuló el despido de un trabajador al que la empresa le había puesto un detective durante una incapacidad temporal.