En los últimos nueve días el asesinato de Asunta Basterra, de doce años, ha dominado las portadas de la prensa y de los informativos de la televisión, y también ha ocupado muchas horas en otro tipo de programas. La cobertura ofrecida por muchos de ellos ha sido criticada desde un inicio por una parte importante de los lectores, bien por el peso de especulaciones y bulos, rumores y datos sin contrastar, bien por el tratamiento gráfico escogido, tanto para la menor fallecida como para sus padres, en prisión desde el viernes, o también por la gran cantidad de conjeturas y juicios paralelos desarrollados tanto por periodistas, opinadores y supuestos expertos. El Colegio de Periodistas de Galicia, a través de su decano, Xosé Manuel Pereiro, acaba de proponer la aprobación de una ley que “ponga fin a abusos como los que se están cometiendo en el caso de la niña asesinada en Santiago”.
Pereiro denuncia, en un reportaje publicado por infoLibre la “impotencia” de las organizaciones profesionales a la hora de poner freno a esta situación y recuerda la necesidad de aprobar una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC), propuesta hace ya años por los colegios profesionales y los sindicatos que forman parte del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP). En esta norma se reclaman mecanismos capaces de defender a los ciudadanos de las prácticas periodísticas contrarias a la ética y deontología profesional. La LOGDIC, de la que existe hasta un borrador articulado, propone entre otras cosas la creación de un Consejo Corregulador de Periodismo que se ocupe de hacer cumplir, a periodistas y medios, el código deontológico de la profesión, aprobado por la Federación Internacional de Periodistas. La propuesta de las organizaciones profesionales es que este consejo sea independiente del Gobierno y esté integrado por representantes de los periodistas, de las empresas de comunicación, del Poder Judicial, de la universidad y de las asociaciones de consumidores.
Desde el Colegio se recuerda que “las empresas de comunicación siempre se han opuesto a este escenario” y que “como mucho defienden la autorregulación, un modelo que les asegura seguir siendo juez y parte, porque deja bajo su control decidir qué contenidos cumplen los mínimos éticos exigibles al derecho a la información y cuáles no”. También destacan que “la necesidad de organismos independientes es una recomendación oficial del Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Pluralismo y Libertad de los Medios” y que en el Reino Unido conservadores, laboristas y liberales se pusieron de acuerdo el pasado mes de marzo para crear una autoridad independiente con capacidad para sancionar a los medios de comunicación que falten a la ética. Sin embargo, añaden, ni el anterior gobierno socialista ni la actual mayoría absoluta popular permitieron la apobación de un organismo independiente del poder político semejante.
En Catalunya y Andalucía funcionan desde hace años consejos de regulación del audiovisual que, dado que radios y televisiones dependen de una licencia concedida por el Estado y deben respetar unas determinadas condiciones por las que recibieron su licencia de emisión, se encarga de velar por el cumplimiento de unas mínimas reglas éticas y deontológicas. De hecho, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) anunció el pasado viernes que va a analizar el comportamiento de los medios de comunicación catalanes en el caso de la niña asesinada en Santiago. Xosé Manuel Pereiro concluye que “hay que establecer reglas claras para los periodistas y los ciudadanos”.
Incumplimientos de la deontología profesional
El Código Deontológico del Periodismo Gallego, aprobado por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia en 2008, recoge una docena de mandatos o recomendaciones muy escuetas, y que mutatis mutandis coinciden con disposiciones semejantes aprobadas por otras organizaciones profesionales en todo el mundo. El primer criterio afirma que “el primer deber del/la periodista es la búsqueda de la verdad y su esencia es la disciplina de la verificación” y llama a evitar “la difusión de suposiciones y rumores”. También recomienda “difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en cualquier caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base de sobra, que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas”. Igualmente se pide “observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relativas la causas o procedimientos penales en curso”.
El Colegio también aprobó otros documentos y recomendaciones específicas referidas, por ejemplo, a la cobertura de la información judicial, que también se deberían observar en el caso de Asunta. La Guía para el tratamiento de los procesos judiciales fue aprobada el pasado año por el Consejo Audiovisual de Andalucía a través de un protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Colegio de Periodistas de la comunidad. Este texto señala algunos de los problemas generados por ciertas coberturas de procesos judiciales, que incurren en la “vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la celebración de juicios paralelos o la violación del derecho al honor y la intimidad de los menores”.
El texto también señala que “toda información relativa a asuntos judiciales debe estar contrastada y presidida, siempre, por el principio de presunción de inocencia que ampara a la persona imputada y acusada, garantizándole ser tratada como inocente hasta que en él se dicte una sentencia de condena” y que “los medios de comunicación deben rectificar inmediatamente cualquier información errónea”. Otra de las recomendaciones de esta guía señala que “los medios de comunicación no deben incentivar juicios paralelos usurpando la función de los tribunales”, pues “la justicia no emana de los medios de comunicación”.
En el caso de Asunta entran en juego, además, otros factores, al tratarse la víctima de una menor de edad. El Colegio de Periodistas aprobó en 2007 otras recomendaciones relativas a la cobertura de informaciones que tengan a niños y adolescentes como protagonistas. Ese año un menor le dio a otro una fuerte paliza en el muelle de la parroquia de Escarabote (Boiro). La paliza fue grabada en vídeo con un móvil y fue difundida por medios de comunicación de toda España. Como consecuencia, el Colegio elaboró un decálogo de actuación para este tipo de informaciones con menores. En esta declaración se defiende la “protección del menor, preservación de su imagen y derecho a la intimidad, a la dignidad y al anonimato de todas las personas implicadas” y también se llama a “evitar el sensacionalismo, la intromisión en los sentimientos y las especulaciones sobre estos”.
En este texto se subraya que “los medios de comunicación habían debido huir del sensacionalismo predominante, sobre todo en los titulares, que en muchas ocasiones no es más del que una exageración de la realidad, que añade más emotividad y empatía que información relevante”. Y se destaca que los medios gallegos “caen con demasiada frecuencia en la descripción de datos excesiva y detallada que no representa más que la parte escabrosa e impactante de la noticia”. También se critica que en algunas ocasiones se busca “orientar las declaraciones y afirmaciones de los testigos a cara descubierta a conseguir la información que dé más juego y fomente el sensacionalismo y el amarillismo”.
El Colegio también recomienda “no alargar las informaciones de modo inncesario”, siguiendo esquemas propios de los reality shows o de los programas del corazón. El texto explica que “cuando la información que ha generado la noticia deja de ser importante o interesante porque caduca, los datos poco relevantes y que no añaden ningún tipo de valor se convierten en el eje de la noticia, para lo cual es necesario, en la mayoría de las ocasiones, exagerar o calificar estos aspectos para darles una apariencia externa atractiva que llame la atención de la audiencia”. De igual manera se pide “no implicar a terceros”, pues los medios “suelen utilizar las voces no autorizadas de vecinos y conocidos para darle una mayor carga de veracidad a las información y a las testigos”.
Reacciones y reflexiones sobre el papel de los periodistas
Las críticas a la cobertura del caso realizada por la mayor parte de los medios llegaron en los últimos días por vías diversas, internas y externas a la profesión. Este lunes los medios se hacían eco del anuncio realizado a través de las redes sociales por Carme Hermida, profesora en la Facultad de Periodismo de la USC y concejal en Teo, donde apareció el cadáver, de no seguir impartiendo clases en ese centro, “después de ver estos días la información que hacen -o los obligan a hacer- los periodistas salidos de esta facultad”. Añadía que “personal y profesionalmente no tengo fuerzas para invertirlas en la formación de personas que sabes seguro que se van a convertir en seres morbosos, manipuladores, mentirosos, despreciativos, pagados de sí mismos e irreflexivos”.
El viernes pasado Luis Villamor publicaba en El Diario una reflexión titulada Noticias y cuentos sobre la muerte de una niña. En el texto, el periodista señala que en este caso “todas las alarmas sobre periodismo serio saltaron por los aires”, con “datos escasos” y “especulación volcánica”. Añade que “a la noticia de la aparición del cadáver de Asunta le siguieron una serie de titulares tan atractivos como contradictorios, sin que medie, de un día para otro, explicación ninguna al público y mucho menos fe de errores”. Y concluye que “no es lícito suscribir que la realidad no te estropee una buena crónica”.