El Colexio de Xornalistas se “opone frontalmente” a la ley con la que el PP intensificará su control sobre la CRTVG

La nueva ley que prepara la Xunta para los medios públicos gallegos va en dirección contraria a lo que recomiendan las organizaciones profesionales, el Reglamento Europeo sobre Medios de Comunicación e incluso el discurso público de Alberto Núñez Feijóo. El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha emitido este martes un comunicado en el que asegura “oponorse frontalmente” a una norma que significa “un retroceso muy preocupante” y “un menosprecio a la profesión” periodística. De salir adelante, el PP reducirá todavía más el control democrático sobre la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), abrirá su puerta a contenidos en castellano por primera vez en su historia y eliminará los óganos de participación de los trabajadores que incluía la ley vigente -aunque nunca se pusieron en marcha.

La organización gremial considera que la propuesta, aprobada el pasado lunes en la reunión semanal del Gobierno gallego pero adelantada el sábado por elDiario.es, “es un grave retroceso en la necesaria desgubernamentalización de los medios públicos”. Empleados, sindicatos y otras asociaciones llevan años criticando la deriva de la radio y la televisión gallegas y la parcialidad de sus enfoques favorable al Partido Popular. Hace más de seis que un grupo de sus profesionales protestan cada viernes contra la manipulación informativa. Y varias sentencias judiciales han sacudido la gestión de su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo. Una de ellas condenó a la compañía pública de vulnerar los derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión, de un trabajador. Ninguna de estas circunstancias ha parecido influir en los redactores del anteproyecto de ley.

“El texto presentado llega al punto de citar el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación como uno de sus motivos”, señala el Colexio de Xornalistas, “cuando esta normativa comunitaria, de obligado cumplimiento para todos los estados miembros, alerta explícitamente contra aquellos 'casos en los que las reformas legislativas en los Estados miembros aumentaron el control gubernamental de los medios de comunicación de servicio público”. El ente profesional denuncia además que los planes de Alfonso Rueda para intensificar el mando de su gabinete sobre los medios públicos implica una marcha atrás respecto de la normativa actual, implantada en 2011 por Alberto Núñez Feijóo, y que nunca se cumplió en sus puntos clave.

“La anomalía que suponía el incumplimiento de sus aspectos cruciales no puede resolverse en ningún caso eliminando aquellos mecanismos y herramientas que, por los menos sobre el papel, pretendían garantizar la independencia editorial de los medios públicos de Galicia”, dice. Pese a lo que consignaba esa ley, no hubo Consello de Redacción ni Estatuto Profesional. Y, de aprobarse la nueva ley que el BNG ha calificado de “enorme retroceso democrático”, tampoco los habrá. El Gobierno gallego ha anunciado públicamente sus intenciones tras su última reunión semanal de julio. El anteproyecto está ahora en exposición pública hasta el 22 de agosto: mnoss de un mes en el que redacciones y partidos políticos se encuentran a medio gas.